Una de las consecuencias más nefastas que ha conseguido con su propaganda el pensamiento neoliberal es hacer creer durante décadas a amplias capas de la ciudadanía que no es posible cambiar las cosas. Esta idea, venía además acompañada con un modelo de democracia donde había que alejar al ciudadano de las decisiones y dejar que los teóricos expertos fueran los que decidieran que era necesario y posible hacer.

El incremento de las desigualdades y la concentración de la riqueza y el poder en cada vez menos personas ha dado lugar a una reivindicación de mayor participación por parte de una ciudadanía, que quiere aumentar la libertad, la igualdad y la justicia en sus vidas. El esfuerzo por cambiar este modelo de sociedad desigualitaria, promovido desde la década de los ochenta del siglo pasado, es y será titánico, pero se puede conseguir.

Un ejemplo lo tenemos en España con las acciones que el gobierno está llevando a cabo. Cuando, el día 18 de febrero de 2020, se puso el sol en España, todos los ciudadanos se fueron a dormir viviendo en un país más justo que el día anterior. Ese día, se había dado un nuevo paso contra la discriminación y a favor de la igualdad. El Consejo de Ministro aprobó derogar, mediante un Real decreto ley, el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía despedir a las empresas a trabajadores que tuvieran bajas médicas justificadas.

Que importante es participar, ser ciudadanos activos y no dejarse llevar por corrientes interesadas de opinión que pretenden extender la imagen de que todos los políticos y las políticas son iguales, y que no se cambia nada participando porque todos al final son iguales. Un gobierno del PP, con la excusa de la crisis, recortó derechos fundamentales en la vida de las personas para afianzar aún más un modelo de sociedad desigualitario, donde unos pocos ganaban y la mayoría perdía.

Un gobierno del PP trajo más injustica a la sociedad al castigar con el posible despido a la persona enferma que no va a trabajar con justificante médico. Una vuelta de tuerca más de miedo, en un momento de crisis donde muchas personas perdían su empleo. Una vuelta de tuerca más de desprotección de la salud de las personas. Una vuelta de tuerca más contra la integridad física y el derecho al trabajo de las personas, por mucho que el Tribunal Constitucional dijera que no era inconstitucional en una sentencia con ocho votos a favor y cuatro en contra, con votos particulares.

Les dio igual el sufrimiento. Les dio igual que el juez que planteó la cuestión de inconstitucionalidad entendiera que esa regulación del despido era «susceptible de condicionar el comportamiento de los trabajadores en perjuicio de sus derechos; pues ante el temor de perder su empleo, el trabajador puede sentirse compelido a acudir a trabajar pese a encontrarse enfermo, asumiendo así un sacrificio en absoluto exigible, que incluso podría complicar la evolución de su enfermedad».

Les dio igual los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Donde señalaban que afirmar que las ausencias de una trabajadora concreta por un total de 7,84 por ciento en doce meses, “esa circunstancia pone en riesgo la productividad de la empresa, y por tanto el art. 38 CE, me parece una clara desproporción, por no calificarlo de otro modo, como lo es también desatender que se trata de ausencias justificadas”. O cuando rubricaron que “si hay justificación de las ausencias y está en peligro el estado de salud, el despido por esa causa segrega, disuade al trabajador del derecho al cuidado de su salud y queda fundado sólo en la existencia misma de la enfermedad. Y no puede haber causa justa en semejante escenario, contrario a la protección de la salud bajo amenaza de no mantenimiento del puesto derecho trabajo. Hay, por tanto, inconstitucionalidad por omisión, por lesión del art. 35.1 CE al carecer la medida de justa causa (y también por la posible vulneración de otros derechos fundamentales, como viene de apuntarse).”

Les dio igual las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.

Les dio igual. Pero los ciudadanos decidieron pasar a la acción y que hubiera un presidente del gobierno socialista. Un gobierno que se comprometió y ahora, elimina la infamia de poder despedir a un trabajador por bajas médicas justificadas.

Hoy España es un poco más justa. Hoy en España, están más garantizados los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres.

Hoy en España ya es pasado el artículo 52. d). Un artículo que decía que el contrato podrá extinguirse “d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.”

Hoy España es un poco más justa. Y lo será aun más paso a paso.