El encuentro celebrado el 17 de febrero entre el Presidente Sánchez y Pablo Casado ha sido un acto decepcionante. Según la prensa, la Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, “acusó a Casado de tomar como rehenes a las instituciones porque el líder del PP exigió a Sánchez que, si quiere el acuerdo, antes debe anular la mesa con la Generalitat que tiene prevista para tratar la crisis catalana, deshacer el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o renunciar a cualquier subida de impuestos o cambios en la reforma laboral” (Carlos E. Cué, El País, 18 de febrero de 2020).

Dejando aparte la coincidencia de Pablo Casado y del Presidente Torra en impedir que se celebre la mesa de negociación, esta actitud de Casado y de su partido es muy relevadora de lo que hoy por hoy pretende la derecha española. En lugar de asumir que perdió las elecciones, el Partido Popular quiere seguir gobernando por Gobierno interpuesto. El Gobierno del Presidente Sánchez ha diseñado una estrategia para debilitar la crisis secesionista catalana, tiene un modelo fiscal y un modelo laboral que responden al programa electoral del P.S.O.E. y al acuerdo de coalición con Unidas – Podemos. Es un programa legítimo que podrá dar o no resultados pero que en todo caso expresa una visión política y una voluntad de mejorar la situación de España. Pero para Casado ese programa no vale y sólo el suyo (antitético) es digno de aplicarse. ¿Sabe Casado que perdió las elecciones? ¿Sabe Casado que el Congreso de los Diputados otorgó la investidura a Pedro Sánchez? Hay indicios de que no lo sabe, que vive en un mundo de fantasía que le hace creer que está gobernando…

Que Pablo Casado crea que puede obligar al Presidente Sánchez a ejecutar el programa popular de gobierno, y no el de la coalición P.S.O.R. y Unidas – Podemos, no sería muy grave. Es una pena que el Gobierno y el principal partido de la oposición no se pueden entender y llegar a acuerdos políticos que seguramente beneficiarían al ciudadano pero si no se puede alcanzar ese consenso, qué lo vamos a hacer. Lo preocupante de esa actitud de Casado es que ha bloqueado la renovación de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y, además, que en lugar de hacer oposición parlamentaria, sigue haciendo oposición judicial.

La congelación de la renovación de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional es desleal y además un fraude constitucional. El Consejo General del Poder Judicial, con mayoría conservadora y presidido por un antiguo Director General del Gobierno de Aznar, ha de ser renovado. El Defensor del Pueblo también. Está a punto de vencer el mandato de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional y hace tiempo debería haber sido elegido el Consejo de Administración de RTVE. Por eso tenía razón la Portavoz del Gobierno al decir que el Partido Popular ha tomado las instituciones como rehenes para obligar al Gobierno a ejecutar el programa electoral popular, no el de la izquierda progresista. Por eso hace unas pocas semanas proponía intentar reunir mayoría absoluta en el Congreso para derogar la prorrogatio de que disfrutan estos órganos (salvo en el Defensor del Pueblo pero da lo mismo porque la disfruta esa prorrogatio el Adjunto Primero) para que, al menos, esos órganos constitucionales se paralicen y el ciudadano sepa a quien se debe la parálisis. A alguno le puede parecer poco institucional el propugnar que se paralicen estos órganos constitucionales pero es muy poco respetuoso con la Constitución que en estos órganos las actuales mayorías parlamentarias no pueden elegir a sus representantes en la proporción actual, salida de las elecciones (véase Javier García Fernández: “El Partido Popular obstaculiza la renovación de los órganos constitucionales”, Sistema Digital, 22 de enero de 2020).

Esto nos lleva a otra reflexión que ahora no podemos tocar más que de pasada, a saber, que la filosofía subyacente a la elección de órganos constitucionales o de relevancia constitucional debe cambiar por completo. Ya no vale la idea de las mayorías absolutas para elegir estos órganos porque la idea de las mayorías absolutas comporta una idea previa de consenso y de negociación que el Partido Popular ha dinamitado. Hay que buscar nuevas fórmulas de elección que permitan a los Grupos Parlamentarios proponer vocales de los órganos en proporción a su fuerza parlamentaria. Si no, estaremos siempre atascados, a la merced del partido más osado, al que no le importa utilizar las instituciones para imponer sus programas.

La segunda consecuencia de la fórmula de oposición-extorsiòn que practica Casado es que necesita acudir a la oposición judicial y no parlamentaria. Lo analizamos hace muy pocas semanas (“La oposición se hace en el Parlamento, no en los Tribunales”, Sistema Digital, 6 de febrero de 2020) pero debemos recordarlo ahora porque el 18 de febrero de 2020 el Partido Popular presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Madrid por si la entrevista del Ministro Ábalos con la Vicepresidente venezolana y la propia estancia de la Vicepresidente an Barajas (pero no en el Espacio Schengen) fuera constitutiva de delito. Y ¡milagro! el Juez de Guardia ha creído ver indicios de delito y ha ordenado a AENA que no destruya las cintas de video que se conservan sobre este hecho.

¿Por qué el Partido Popular ha presentado la denuncia el 18 de febrero y no el 17 o el 19? ¿Acaso el Juez de Guardia del 18 de febrero es más sensible a ciertos argumentos conservadores? ¿Tiene algo que ver que quien diseña  la estrategia judicial del Partido Popular es el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Magistrado muy alineado con ese partido? En todo caso, esos sospechosos indicios de un delito por acudir a Barajas (¿de qué delito estamos hablando?) no tienen que ser mantenidos por el Juez de Instrucción que se haga cargo de la denuncia.

Pero volviendo a la esta forma de oposición judicial, el Partido Popular muestra así sus pocas ideas políticas y su deseo de enturbiar la vida de las instituciones y de implicar al Poder Judicial en la acción política contra el Gobierno legítimo. Casado no llegará muy lejos pero conseguirá hacer tóxico el mundo de la política.