La acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos, es lo que se entiende por Seguridad Nacional en nuestro ordenamiento.

Esta Seguridad Nacional, es además considerada un objetivo compartido por las diferentes Administraciones, estatal, autonómica y local, los órganos constitucionales, en especial las Cortes Generales, el sector privado y la sociedad civil. ¿Por qué compartido y coordinado? Porque de esa manera la prevención y la respuesta que se dé para garantizar la Seguridad Nacional se verá reforzada y resultará más eficiente.

Dicho esto, la ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre de 2015, es un instrumento adecuado ante el desafío secesionista, porque la democracia, cuando es atacada tiene la obligación de defenderse. Ya sea ante un atentado terrorista, o ante un autogolpe de Estado perpetrado por el Gobierno de una comunidad autónoma y parte de los representantes elegidos por los ciudadanos en su Parlamento.

¿Será utilizada por el Estado para que se respete la legalidad? No lo sé, pero la clara definición de quien dirige la política de Seguridad Nacional, la rapidez con que se puede declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, la obligatoria cooperación del resto de administraciones, y la inmediata información al Congreso de lo que se haga, son bazas a su favor.

Pero vayamos por partes para saber de qué se está hablando. En primer lugar, al Presidente del Gobierno, como afirma el artículo 15, le corresponde: a) Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional. b) Proponer la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones. c) Declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. d) Ejercer las demás competencias que en el marco del Sistema de Seguridad Nacional le atribuya esta ley, y las demás normas legales y reglamentarias que sean de aplicación.

En segundo lugar, en la ley, se creó una situación inferior a la declaración del estado de alarma o excepción. Es la situación de interés para la Seguridad Nacional, definida en el artículo 23.2: “La Situación de Interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles.”

Pero especifica más, porque la Situación de Interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

En tercer lugar, el artículo 24 estipula que la Situación de Interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos: a) La definición de la crisis. b) El ámbito geográfico del territorio afectado. c) La duración y, en su caso, posible prórroga. d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan. e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso.

En cuarto lugar, la ley de Seguridad Nacional establece la obligación de las autoridades competentes de aportar medios humanos y materiales, de establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información, especialmente en relación con los sistemas de vigilancia y alerta ante posibles riesgos y amenazas. Además, de asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y la garantía del suministro de recursos energéticos, agua y alimentación, medicamentos y productos sanitarios, o cualesquiera otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico.

En quinto lugar, se preservan las garantías constitucionales, al ser obligatoria la información inmediata al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Y en sexto lugar, el Presidente del Gobierno podrá nombrar una autoridad, que dirija y coordine las actuaciones que procedan. En ese caso, el Consejo de Seguridad Nacional asesorará sobre el nombramiento de dicha autoridad.

En definitiva, corresponde al gobierno decidir, aunque sería conveniente que esa decisión contara con el mayor consenso político y social para, desde la unidad, poder actuar con determinación. Siendo también, conscientes, que la defensa de nuestra democracia, corresponde a todos los ciudadanos y a todos sus presentantes institucionales.

Por este motivo, cuando los ciudadanos la realizan en un ambiente hostil, la razón cobra más importancia. De ahí, que frente a la utilización mezquina de la manifestación de repulsa al atentado de Barcelona, realizada por los secesionistas y las instituciones que gobiernan, hay que poner en valor el comportamiento cívico y la valentía de Santos Santamaría, padre de un mosso d’esquadra asesinado por ETA en 2001, cuando en su cuenta de Facebook escribió:

“MANIFESTACION EN BARCELONA

Soy español, soy catalán soy barcelonés y soy víctima del terrorismo. Perdí a un hijo, Mosso d’Esquadra, en un cobarde atentado.

He asistido a muchas manifestaciones en contra del terrorismo durante más de 17 años. La última en mi ciudad. Nunca me he sentido tan despreciado, dolido y avergonzado como esta vez en la que unos conciudadanos míos exhibieron su más rastrera versión ante el mundo al convertir un acto de solidaridad ciudadana en contra del terrorismo en una payasada orquestada de motivación política. Puedo asegurar que estos días he hablado con muchas víctimas de este atentado (34 nacionalidades) por mi condición dentro de la ACVOT. El sentimiento es unánime. Estupor y vergüenza. No entienden nada.

Nunca hubiera creído que el «seny» de mis conciudadanos permitiera mezclar el tocino con la velocidad….o el culo con las témporas. Se han retratado bien ante la opinión mundial..!! Un pena.

Nos enfrentamos a momentos determinantes para la historia y la convivencia en España, y tenemos que transitarlos salvaguardando las convicciones democráticas y la templanza, para actuar con resolución en el mantenimiento del ordenamiento constitucional. Sin el cual, no hay democracia, pero sí totalitarismo y fanatismo institucional e ideológico.

Pero, además, hay que dejar la puerta siempre abierta para el diálogo y el acuerdo, aunque parezca imposible, por el empecinamiento y la falta de cordura a la que han llegado los máximos dirigentes del gobierno de la Generalitat, que no han dudado ni un minuto en hacer una “limpieza institucional e ideológica” contra los que eran sospechosos de no ser puros de sangre, pensamiento y acción dentro de su gobierno.

Llegados a este punto, es evidente que habrá tensión, provocaciones, y hasta planificación, por parte del ala más radical de los secesionistas, de episodios violentos y disturbios. Ante estos posibles escenarios, unidad de acción de todos los demócratas frente a esta amenaza, en este caso interna.

Eso significa, apoyar al Gobierno y su Presidente por parte de toda la sociedad española. Sí, apoyar al Presidente del Gobierno y al Gobierno que está ahora, aunque haya sido reprobado una y otra vez por sus políticas y su relación con la corrupción. Pero también, que el Gobierno y su Presidente actúen con transparencia y diálogo abierto en la toma de decisiones.

Unas decisiones que tienen que ser las más eficaces, eficientes y efectivas posible a la hora de mantener nuestro Estado de derecho, y manifestar que no van a hacer ningún referéndum ilegal, y no se va a producir ninguna independencia territorial.

¿Cómo hacerlo? Con todos los instrumentos legales que permite el Estado de Derecho, de forma proporcional a la amenaza, y con el fin de restablecer la legalidad y la convivencia cuanto antes. Y en ese camino, la Ley de Seguridad Nacional es un instrumento importante.