Categoría: Políticas de la Tierra

Los cambios en el territorio son procesos acumulativos (y por lo tanto históricos) que devienen como consecuencia de la actuación de la sociedad (a corto y medio plazo) y de la naturaleza (a largo y muy largo plazo, salvo procesos puntuales catastróficos que pueden implicar grandes transformaciones del territorio y del paisaje). En los últimos días han acontecido sucesos significativos –y nada esperanzadores- en factores que necesariamente tienen graves consecuencias territoriales y sociales. Vayamos de lo más puntual a lo más global.

La incidencia del problema del paro en España y los graves problemas de las administraciones territoriales para cubrir sus gastos corrientes sin los ingresos que la burbuja inmobiliaria les había venido proporcionando a lo largo del período 1997-2007 están llevando, de una forma creciente, a que muchos ayuntamientos y algunos partidos políticos (fundamentalmente el partido popular) estén considerando la idea de promover nuevamente la liberalización del suelo, con una nueva ley urbanística que haga todo el suelo no protegido urbanizable, y promoviendo la construcción, como ya hizo en 1996, puede ser una de las vías de salida a la actual crisis.

El 16 de septiembre se celebró el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, instituido en 1995 por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre este problema a la opinión pública. Y con motivo del Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono creo que es preciso fijar la mirada ante el mayor reto por la supervivencia al que nos enfrentamos, el cambio climático. Ya sea finales de año en la Cumbre del Clima de Durban o el próximo en la Cumbre Río + 20, a celebrar en Río de Janeiro. Sea en una ciudad o en otra, es preciso alcanzar un acuerdo legalmente vinculante, bajo el mandato de Naciones Unidas, que sustituya al Protocolo de Kioto y que evite que las emisiones de gases de efecto invernadero, en ningún caso superen los 2ºC, y tanto mejor cuanto más lejos esté ese incremento de este umbral. En estos dos próximos años nos la jugamos. Sería deseable que la comunidad internacional alcance un acuerdo firme sob re cambio climático con urgencia. Un acuerdo igual de eficaz que el acordado en Montreal hace ya 24 años. Sólo con un Tratado inspirado en los principios que permitieron la adopción de un Tratado sobre la Capa de Ozono se podrá solucionar la amenaza del cambio climático. Siendo estos principios la ambición en los objetivos, la urgencia y eficacia en su logro, y la financiación adecuada para ejecutarlos por parte de los países mas pobres.

España sigue sufriendo las consecuencias de una crisis global financiero-especulativa en la que el endeudamiento de su sector privado no financiero (cerca del 140% del PIB de deuda) y de las familias y del sector financiero españoles (más del 80% del PIB de deuda cada uno) tiene una importancia mucho más significativa relativamente que la del Estado (menos del 70% del PIB de deuda). Estos niveles de endeudamiento están muy directamente relacionados con una construcción desproporcionada y con una burbuja inmobiliaria apoyada desde las administraciones públicas, fundamentalmente entre 1996 y 2003, que ha colaborado a la maltrecha dinámica económica de este país que según The Economist (World debt guide. July-2011) tiene una situación que, aunque más de cuatro veces por debajo de Irlanda, Portugal y Grecia, y cerca de Italia, presenta una tasa de crecimiento esperado de su PIB menos pago de la deuda estimado en el -3,2%. Crecimiento negativo que habla de la importancia de políticas que ayuden a incrementar el crecimiento y a reducir el nivel de endeudamiento y el coste de la deuda.

Estamos en el Año Internacional de los Bosques y por tanto es un buen momento para reclamar un gran pacto social y sobre todo político para poder afrontar con garantías de éxito el gran reto de acabar con la lacra de los incendios forestales en España. La persistencia de los incendios forestales en España hay que buscarla en causas estructurales más que coyunturales, aunque las causas de éstos seguirán inmutables. Un 95% de los incendios en España son originados, en su inmensa mayoría, por la acción intencionada o negligente del ser humano. En un contexto de cambio climático que acentuará la intensidad y poder devastador de los incendios forestales. Lo cierto es que sólo el 0,2% de los miles de incendios que se producen anualmente en España quema la mitad de la superficie forestal. En lo que va de año, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se han producido 7.369 incendios, de los cuales 4.828 eran conatos (incendios que afectan a menos de una hectárea).

El 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. Como en muchas otras efemérides su elección es absolutamente discrecional; en este caso, se corresponde con el hecho de que, en 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) eligiera este día para que se reflexione sobre la problemática demográfica en el planeta, atendiendo a que hacia 1987 se habían superado los cinco mil millones de habitantes en el mismo. Hoy, 24 años después, se estima que la población ronda los siete mil millones y que tres de los procesos presentes desde hace mucho tiempo en los países de la OCDE: la fuerte caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y su urbanización, empiezan a ser también características de los países en desarrollo y, por consiguiente, del total de la población. Adicionalmente, no se ha avanzado lo suficiente en resolver los problemas tradicionales de mortalidad infantil, hambrunas, desigualdades de renta y de género, conflictos bélicos, etc. Y surge, cada vez con mayor incidencia el problema ambiental de superación de los límites del planeta. Problema cuyo planteamiento en absoluto es nuevo, porque la relación entre población y crisis ha sido uno de los aspectos recurrentes a lo largo de la historia.

En 1960, el señor que denominaremos señor “A” compró una casa en dominio público marítimo terrestre (DPMT) basándose en que la ocupación de ese dominio público se había autorizado a los propietarios anteriores a través del pago de una tasa. Esta situación se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1992 en que se le comunica al señor “A” que se le puede exigir derribar la casa a su costa y que los terrenos reviertan a la propiedad pública sin ningún tipo de compensación, atendiendo a lo establecido en la legislación vigente en ese momento (legislación de costas) que señalaba que el DPMT no podía ser apropiado para fines privados ya que era inalienable, imprescriptible y no sujeto a limitaciones. No obstante, se le comunica que pueden seguir utilizando su casa durante su vida pero no puede hacer otras obras que las de mantenimiento, y se le prohíbe venderla o transferirla a terceros.

Como las buenas noticias suelen interesar a muy pocos es interesante destacar esta: La energía solar bate por segundo mes consecutivo su récord de cobertura. Este dato aparecía en un artículo de la revista Energías renovables, el pasado 30 de mayo y la fuente principal del árticulo era Red Eléctrica Española (REE). Sí, las energías solar fotovoltaica y termosolar habían superado todos los registros obtenidos hasta el momento en España. Cubrió en mayo el 4,5% de la demanda nacional. El anterior récord se había producido el mes anterior, en abril, con el 4,2 % y en junio de 2010, con un 4%. Lo cierto es que cuando una energía renovable cuenta con el apoyo clave en su etapa de arranque, responde creciendo con rapidez, aportando energía limpia, empleo, reducción de costes y de emisiones de gases de efecto invernadero.

La biodiversidad es vital para el futuro del Planeta. Las funciones y servicios que proveen los ecosistemas son fundamentales para el sostenimiento de la vida en la Tierra, así como para enfrentar con ciertas posibilidades de éxito los retos que previsiblemente vendrán, como el cambio climático, la seguridad alimentaria. Por eso, es fundamental establecer los mecanismos y reforzar los procesos que conduzcan hacia un uso de la biodiversidad basado en el respeto, la armonía y la conservación de la naturaleza.

En las dos últimas semanas han acontecido cambios significativos –y nada esperanzadores- en factores que necesariamente tienen consecuencias territoriales. El primero de ellos se refiere a la aprobación de la revisión de la Agenda Territorial Europea (ATE2020), bajo la presidencia húngara de la UE, el pasado 19 de mayo. El segundo grupo se refiere a los asociados a la modificaciones esperables en las políticas territoriales de la mayoría de Comunidades Autónomas y municipios, ante los resultados de las elecciones del 22 de mayo en España. El último, al incremento de las emisiones globales de CO2 en 2010, que muestra la práctica imposibilidad de que el cambio climático se reduzca por debajo del incremento de los 2ºC para finales de siglo y el riesgo de que llegue a superar los 4ºC con consecuencias absolutamente impredecibles.