Resulta insólito que en la víspera del inicio de la sesión de investidura del Presidente del Gobierno, la Junta Electoral Central (JEC en lo sucesivo), a petición del Partido Popular y de Ciudadanos, haya inhabilitado al Presidente de la Generalidad, Quim Torra, tras su condena por desobediencia. El condenado estaba todavía en el trámite de recurrir al Tribunal Supremo. Sin perjuicio de que sea posible que este último Tribunal acuerde la suspensión del Presidente, el hecho de que la JEC penetre en un campo lleno de complejidades obliga a pensar que estamos ante una operación PROGRAMADA PARA INTENTAR IMPEDIR LA ELECCIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Más claro no lo puedo decir.

Un breve apunte jurídico para entender la magnitud de lo que ha ocurrido con la inhabilitación de Quim Torra. El artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG en lo sucesivo) establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. El problema es que en el caso de Torra es dudoso que se pueda aplicar este artículo porque la desobediencia en que incurrió (y por la que recibió la condena merecidamente) no responde a la filosofía del artículo 6.2.b) de la LOREG. Y si lo fuera, tampoco parece que dos partidos puedan instar a la JEC a que ejecute una condena penal, que es algo que corresponde al Ministerio Fiscal. En todo caso, no cabe duda de que la JEC, a instancia del Partido Popular y de Ciudadanos, irrumpió en medio del debate de investidura, ¿es casual tanta urgencia?

El propósito de inhabilitar al presidente Torra a las veinticuatro horas del comienzo del debate de investidura no es otro que intentar impedir la elección de Pedro Sánchez. ¿Cómo? Creando un estado de alta tensión en Cataluña para que Junts-per-Catalunya, el partido que apoya a Torra, presione a Esquerra para que este partido no se abstenga en la votación sino que vote en contra. Si se inhabilita a Torra por la vía ultra-rápida, Cataluña puede volver a arder como ardió tras la Sentencia del Tribunal Supremo por sedición. Y si Cataluña arde y si el Parlamento catalán se rebela contra esta inhabilitación, Esquerra -pensaron algunos- podría replantearse el acuerdo firmado con el P.S.O.E. De forma que si la investidura de Pedro Sánchez vuelve a fracasar tendríamos elecciones a finales de abril.

¿Puede resultar fantasiosa o paranoica esta interpretación? Algo debía estar preparándose pues si no, ¿por qué precisamente el mismo día de la inhabilitación un Catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona, próximo a Ciudadanos, André Betancor, publica en El Mundo un artículo (“No son diputados”) que proporciona los argumentos jurídicos de la resolución de la JEC?

Lo lógico y esperable, sin embargo, es que Esquerra aplique el principio pacta sunt servanda, entendiendo que la resolución de la JEC persigue el objetivo de dificultar un gobierno democrático, con el posible efecto de crear más crispación en Cataluña. Pero si algunos se ven arrastrados por la nueva ola levantada por la derecha a través de la JEC y, tanto si las derechas logran que la investidura fracase, como si no lo logran, a la vista de lo sucedido, todos podemos sacar algunas lecciones: principalmente que en las diversas derechas hay un comité estratégico que está dispuesto a romper todo viso de convivencia democrática con tal de que Pedro Sánchez no gobierne. Pero ese comité estratégico ha de saber también que están rompiendo las reglas del juego, las reglas del consenso.