Después de un largo ciclo histórico plagado de conflictos, desencuentros y guerras civiles, la sociedad española encontró durante el período de la Transición Democrática un nuevo horizonte –y una metodología constructiva− para abordar muchos de los problemas inveterados de España. Frente a la lógica de unos modelos constitucionales pristinos y mutuamente excluyentes −lógicamente de corta duración−, las fuerzas políticas mayoritarias asumieron un enfoque que no era mutuamente excluyente, sino que se basaba en la voluntad de diálogo y en la exploración de la capacidad de entendimiento.

En aquellos momentos, que distaban mucho de ser fáciles y en los que existían notables incertidumbres y conflictos, se apostó por un enfoque sencillo y elemental, que implicaba partir del diálogo sin exclusiones e intentar avanzar en la búsqueda de posibles puntos de coincidencia, o de acercamiento de posiciones.

Como no podía ser de otra manera, entonces se produjeron debates muy intensos y prolongados y, al final, todos tuvieron (tuvimos) que preguntarnos en qué estábamos dispuestos a ceder y qué ganábamos todos si todos cedíamos algo y llegábamos a un resultado final funcional y satisfactorio.

Por esta vía se llegó a la Constitución de 1978. Prácticamente la primera Constitución de consenso en la historia de España. Una Constitución que, sin duda, presentaba carencias y limitaciones para unos y para otros, pero que tenía la gran virtud de ser una Constitución de todos, que ha dado lugar a uno de los ciclos más positivos y productivos de la historia de España, permitiendo gobiernos de todo tipo (centristas, derechistas, socialistas, de coalición…), y a la realización de políticas de signo diferente. La virtud en aquella apuesta no estuvo solo en el resultado, sino en el método. Es decir, estar dispuestos a sentarse a dialogar, aportando cada cual su punto de vista, y buscando la posibilidad de llegar a soluciones comunes.

¿Por qué en estos momentos no se sigue una metodología similar? Esa es la gran cuestión que debemos preguntarnos todos, y trasladar a la opinión pública, antes de meternos de lleno por la senda de los desencuentros y las confrontaciones. Senda que puede tener unos costes personales, materiales, económicos y políticos mucho mayores de lo que ahora algunos son capaces de anticipar.

Frente a esa posibilidad de alto riesgo, precisamente, tiene que reaccionar la opinión pública, reclamando la vuelta a los criterios civilizados y dialogantes propios de la democracia y de la madurez política.

La manera en la que se está planteando el conflicto en Cataluña puede acabar siendo estudiada en los libros de texto como paradigma de un proceso político que podía haber sido canalizado de manera racional, y que, al final, se deslizó por la pendiente de la irracionalidad y de las confrontaciones improductivas. Y eso es lo que debemos intentar evitar.

No podemos renunciar a llevar a cabo ese esfuerzo de racionalidad política, por mucho que algunos analistas consideren que la propuesta de Pedro Sánchez y del PSOE a favor de la vía del diálogo y del acuerdo llega demasiado tarde, se encuentra taponada y resulte en estos momentos poco realista. ¿Quién nos iba a decir a algunos que acabaríamos leyendo en periódicos, que en algún momento fueron referencia de sensatez y de progresismo democrático, análisis en los que se sostiene que la vía que se siguió en la Transición Democrática es en estos momentos una vía cegada y poco realista? ¿Hasta qué punto puede llegar la inquina de parte a la hora de desvirtuar y deslegitimar los análisis sensatos y la capacidad de formulación de propuestas orientadas a evitar tensiones y conflictos mayores? ¿Tiene algún sentido decir que ya es “demasiado tarde”? Nunca es tarde para evitar conflictos que pueden ser muy destructivos.

Desde luego, nadie capaz de efectuar análisis objetivos puede sostener en estos momentos que el conflicto y el desencuentro absoluto es un destino inevitable. Es cierto que hay diversos actores políticos que llevan trabajando desde hace tiempo en esta perspectiva y con esta intención. No se sabe muy bien esperando qué al final del conflicto. Pero evidentemente intentando llevar a bastantes ciudadanos, hasta ahora sensatos y razonables, hacia abismos políticos en los que todos acabaremos perdiendo mucho.

Es difícil entender por qué determinadas fuerzas políticas han prescindido en sus estrategias y análisis políticos de la evaluación de los graves costes del “no diálogo”. Es decir, si no apostamos –y logramos− algo tan sencillo y elemental entre personas civilizadas como reunirnos para plantear ordenada y convincentemente las propuestas que cada cual tiene para intentar dar respuesta a un problema que es real, y que responde a la sensibilidades y a las demandas de muchas personas, es evidente que el camino nos llevará al abismo. Un abismo en el que veremos destrozos, tensiones, incertidumbres y costes humanos y sociales de todo tipo.

Por la vía de la confrontación, Cataluña, y por ende toda España, entrará en una espiral de dificultades económicas y sociales cuyo coste tardará muchos años en poder ser superado. Ello sin contar con los posibles costes y sufrimientos personales que puedan derivarse de situaciones de enfrentamiento público descontroladas, así como muchos otros elementos de destrucción y negatividad que suelen surgir al hilo de conflictos que se plantean en base a comportamientos emocionales y extremos, en la calle y no en las instituciones y los despachos.

Ejemplos de estas situaciones los hemos tenido no tan lejos en la historia de España, y en las experiencias recientes de otros países y territorios que se han deslizado por la vía de las confrontaciones traumáticas.

Cuando la propia sociedad catalana está dividida prácticamente en dos grandes bloques de opinión –y de representación− y cuando las propias circunstancias internacionales y europeas permiten entender que determinadas soluciones de fuerza ni tienen encaje ni van a ser aceptadas por las instituciones políticas establecidas, la espiral de desencuentros y confrontaciones se sabe cómo puede desencadenarse, pero no se sabe hasta qué punto puede llegar.

La duda que tenemos algunos es si los adalides y protagonistas de estos desencuentros han hecho un mínimo análisis sobre la viabilidad práctica de propuestas planteadas al margen de la legalidad y de la capacidad de generar consenso en torno a ellas. No sabemos si se han hecho cálculos realistas sobre los costes que puede tener el enconamiento de posturas y los consiguientes riesgos de confrontación abierta. No sabemos si se han previsto los efectos económicos que todo esto puede tener en múltiples planos, así como los costes sociales y humanos. No sabemos qué respuesta piensan dar a la falta de encaje en los ámbitos políticos trasnacionales, con el más que evidente riesgo de aislamiento durante un período largo de tiempo. Y, desde luego, no se sabe si han evaluado la capacidad de fuerza que serán capaces de desplegar, y aplicar en la práctica, los contrarios a sus planteamientos.

Aunque no quisiera exagerar, ni recurrir a ejemplos que presentan muchas diferencias con lo que ahora sucede, habría que recordar el trauma horrible que supuso la Guerra Civil española, el sufrimiento que causó en las familias, los cientos de miles de muertos y las carencias económicas y sociales que padecieron tantas personas, generalmente los sectores más humildes y débiles de la sociedad. Y desde un punto de vista económico, habría que recordar que los indicadores económicos a los que había llegado España en 1936 no se volvieron a recuperar hasta el año 1959.

Aunque ahora las circunstancias son distintas a las de entonces y hay que esperar que la confrontación no conduzca a disparates similares, lo que nadie mínimamente sensato puede descartar es que la espiral de tensiones acabe conduciendo a escenarios indeseables, que toda persona racional debiera ser capaz de analizar y prever con suficiente antelación.

Por eso, es importante que todos seamos conscientes de los escenarios posibles que se presentan por delante, y que antes de que sea demasiado tarde nos comprometamos abierta y activamente por una vía de diálogo y de entendimiento, de respeto a la legalidad establecida, de actuación conforme a las normas y criterios democráticos –evitando escándalos parlamentarios como los que estamos viendo− y a las exigencias que impone nuestra pertenencia a la Unión Europea, en momentos económicos y sociales delicados y en coyunturas internacionales no exentas de amenazas inquietantes.

¿Cómo conseguir, pues, que la opinión mayoritaria de los españoles y de los catalanes sensatos pueda pesar más en el curso de los acontecimientos actuales que los impulsos irreflexivos e irracionales de algunos adalides de la confrontación? Esa es la gran cuestión que tenemos que suscitar y resolver en estos momentos. Y los analistas y los medios de comunicación, que tuvieron capacidad para ganarse el respeto y la fidelidad de amplios sectores de la opinión pública en su momento, harían bien en pensar en términos de interés general y abandonar las inquinas personales y los compromisos con causas faccionales de pequeña escala, que en estos momentos no vienen a cuento, ni tiene justificación alguna. ¿Tan difícil es? ¿Por qué no volvemos a apostar por el espíritu de la Transición Democrática?