Con la aprobación por parte del Parlamento catalán de las Leyes del Referéndum de Autodeterminación y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (sobre esta última Ley, Javier García Fernández: “La Ley de Transitoriedad Jurídicas y Fundacional de la República”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2017) se ha consumado la ruptura política (que no jurídica, que no sociológica) de los independentistas catalanes y el Estado español.

En primer lugar, ¿por qué digo que es una ruptura política y no jurídica ni sociológica? Porque la ruptura jurídica sólo se daría si la independencia fuera efectiva, es decir, si Cataluña se convirtiera en un Estado independiente y creara un orden jurídico propio, aunque sólo fuera de facto sin o con muy pocos reconocimientos internacionales. Mientras eso no ocurra (esperemos que no ocurra) el Derecho español tiene validez en Cataluña. Y decimos que la operación independentista de los días 6 y 7 de septiembre no comporta una ruptura sociológica, porque hay una parte de la población catalana que ha roto con España como consecuencia de casi cuarenta años de presión ideológica en los medios de comunicación (véanse los reportajes de Manuel Juliá que están saliendo en El Mundo bajo el título “Bajo el volcán separatista” desde el 3 de septiembre).

En cambio, la ruptura política se descompone en cuatro elementos, a saber, una actuación que ya no tiene marcha atrás, una operación que se ha impuesto coactivamente a la oposición no separatista, un avance de lo que sería el primer entramado jurídico de la República catalana y, en conexión con lo anterior, la puesta en marcha del instrumento que va a permitir alcanzar la independencia, el referéndum de autodeterminación. Veamos hoy el primer elemento para examinar los restantes la próxima semana.

La actuación que ya no tiene marcha atrás es la aprobación de las dos Leyes. Éstas importan no sólo por su contenido jurídico sino por lo que supone de inicio del golpe de Estado contra la legalidad democrática del Estado español. Hace pocos días describí la operación secesionista como un autogolpe de Estado (Javier García Fernández: “El autogolpe independentista”, El País, 31 de agosto de 2017) y si aceptamos esta idea como hipótesis de trabajo podríamos decir que la aprobación de las dos Leyes es el equivalente a la toma violenta por parte de la Legión del edificio de la Comisión de Límites de Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936: ahí empezó el golpe de Estado que sólo podía triunfar o ser sofocado. Las sesiones plenarias del Parlamento de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre tienen el mismo significado, han puesto a rodar los carros de combate y esto sólo se arregla con el triunfo o la derrota.

Si han logrado este primer éxito hemos de pensar en las causas del mismo. A mi juicio, cinco razones básicas del este primer round son:

  • El afloramiento del sentimiento catalanista exacerbado en una parte muy extensa (pero no mayoritaria) de la población, como fruto, como decía más arriba, del trabajo soterrado de los centros de enseñanza, de la asociaciones independentistas financiadas con fondos públicos y de los medios de comunicación financiados por el Gobierno catalán;
  • El oportunismo de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya y de su dirigente Mas, que por temor a perder otra vez el Gobierno dio un giro inesperado a su partido y lo puso a la cabeza del independentismo;
  • La doble pasividad del Presidente Rajoy y del Partido Popular que, por una parte, no dio respuesta política al independentismo pero tampoco impidió la celebración de los primeros actos de rebeldía como el pseudo-referéndum del 9 de noviembre de 2014;
  • La confusión en que durante mucho tiempo ha vivido el PSC, confusión que se inició durante los Gobiernos de Maragall y de Montilla y que ha perdurado hasta unos pocos meses en que el Primer Secretario Iceta está orientando al partido hacia posiciones alejadas del secesionismo; y
  • La reciente aparición de partidos populistas (Catalunya en Comú y Podemos), carentes de principios democráticos y ética ciudadana que se alinean con los independentistas pero por oportunismo electoral lo ocultan. En este punto hay que destacar el discurso ambiguo de la Alcaldesa Colau, ejemplo de la más rancia política que carece de ideología.

Estos factores han llevado a los dirigentes golpistas a adoptar una estrategia de fuerza que ha concluido con la toma de la Comisión de Límites de Melilla, si se me permite la imagen. Se sienten apoyados por un segmento extenso de la población y han decidido arriesgar un choque directo con el Estado.