Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que las decisiones que se tomen ahora, como consecuencia de la COVID-19, van a tener repercusiones en todos los ámbitos de su vida a largo plazo. Por ese motivo, están muy atentos a lo que hacen los gobiernos, y demandan soluciones que garanticen su salud y su bienestar en estos momentos, pero también a largo plazo.

Esto es así, porque durante estos meses, la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reflexión colectiva sobre cuestiones trascendentales para la humanidad, que se habían aparcado con mil excusas y que es urgente debatir para tomar decisiones rápidas sobre el camino que tiene seguir la humanidad.

La primera cuestión, tiene que ver con la fragilidad del mundo en el que vivimos y los grandes retos a los que, como especie, repito, como especie, debemos hacer frente. Entre ellos, y aunque ahora se hable menos, las consecuencias cada vez más graves del cambio climático.

La segunda, se visualiza en la enorme desigualdad existente en la actualidad, como consecuencia de un modelo de capitalismo financiero globalizado que ha primado la codicia sobre la equidad; que ha primado la creatividad contable, en las cuentas de resultados, sobre las personas.

Es cierto que la humanidad está más interconectada que nunca, pero la pandemia ha resaltado que sus consecuencias son distintas dependiendo de la realidad económica y social de cada país. Y dentro de éstos, de la situación socioeconómica de la población. La pandemia es igual en todas partes, pero la afectación y sus futuras consecuencias es distinta según los barrios.

La tercera, como consecuencia de la anterior, es lo urgente y necesario que es la fraternidad y la solidaridad entre todas las personas del mundo, vivan donde vivan, para que entre todos se pueda superar la pandemia y ninguna persona queda atrás. Esto significa, que los países más ricos deben ayudar ya a los más necesitados. No solo movilizando recursos contra la pandémica, sino favoreciendo las condiciones para un futuro desarrollo de esas sociedades.

Y junto a las vacunas, un elemento central es la educación. Hay que asegurar la educación en todo el mundo, y especialmente la educación de los más de 1.500 millones de estudiantes cuyo aprendizaje se ha visto obstaculizado por el cierre de las escuelas como consecuencia de la pandemia, como señala la UNESCO.

Desde este organismo, se han lanzado nueve ideas para una acción concreta que impulsará la educación más adelante: fortalecer la educación como un bien común; ampliar la definición del derecho a la educación para abordar la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento y la información; valorar la profesión docente y la colaboración de los maestros; promover la participación y los derechos de los estudiantes, los jóvenes y los niños; proteger los espacios sociales que ofrecen las escuelas a medida que transformamos la educación. La escuela como espacio físico es indispensable; poner tecnologías libres y de código abierto a disposición de los docentes y estudiantes; asegurar la impartición de conocimientos científicos básicos en el plan de estudios; proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública; y fomentar la solidaridad mundial para poner fin a los niveles actuales de desigualdad.

El mundo ha cambiado con la COVID-19 y la educación también, aunque todavía no está claro de qué forma. Por eso, aunque las respuestas serán diferentes de un lugar a otro, todas tienen que fundamentarse en una visión de la educación basada en los derechos humanos, en el acceso universal a la educación fortaleciendo la educación pública, y en una responsabilidad global de los gobiernos con la educación en todas las partes del mundo.

El gobierno de España está en ello, porque es consciente que para que un país avance hay que invertir en educación. Y por ese motivo, ha incrementado la inversión en educación: 2.000 millones de euros para educación en el fondo COVID-19 para las Comunidades Autónomas; 1.900 millones en becas y ayudas al estudio; 1.500 millones para el Plan de modernización de la formación Profesional; 260 millones de euros en el Plan Educa en Digital para las Comunidades Autónomas; 40 millones de euros para el Programa PROA+ para las Comunidades Autónomas, destinado al refuerzo educativo.

Una inversión en educación que están gestionando las Comunidades Autónomas, a las cuales habrá que pedir información sobre a donde ha ido a parar ese dinero. Y después, una vez que veamos cómo han gestionado el inicio de curso, exigir responsabilidades si no cumplen con sus propios compromisos en cuanto a profesores, aulas y prevención y seguridad en los centros.

El mundo ha cambiado. Pero el derecho a la educación debe ser efectivo para la toda la humanidad.