Introducción.

Hemos dedicado los dos últimos artículos de esta sección a valorar los escenarios globales de riesgos que se definían a corto, medio y largo plazo, particularmente para el caso español, a partir de la publicación de “The Global Risk 2024[1] presentado al Foro de Davos, inaugurado el 15 de enero de este año 2024.

A corto plazo (2024-2026), las previsiones para España no son muy distintas de las tendencias globales marcadas en el señalado Foro de Davos, si bien se destacaba la incidencia de cinco elementos como particularmente significativos: 1º Previsible recesión económica, puesta en cuestión en nuestro último artículo de esta sección, considerando las propias previsiones de la OCDE[2] y FMI[3] o, con publicación posterior, la de la propia Comisión Europea[4]. 2º Incidencia de una deuda pública muy elevada (107,7% del PIB al final de 2023) que las normas fiscales europeas (ha de situarse por debajo del 60% en un máximo de 7 años) van a obligar a corregir, vigilando el cumplimiento de los Planes de déficit y corrección de la misma que acuerde España con la UE. 3º Erosión de la cohesión social, cuya realidad queda reflejada en las protestas (incluida la del sector primario que consideramos en este artículo) pero, sobre todo, en la polarización social creciente generada en España por una derecha que no acepta las reglas democráticas cuando la apartan del poder. 4º En una supuesta escasez de mano de obra, tampoco detectable en un país en el que el paro estructural sigue siendo de los más elevados de la UE, pero que en el sector primario se concreta en un envejecimiento y abandono progresivo de agricultores/gestores. 5º En la incidencia de la inflación, con el deterioro de las condiciones de vida de la población y de los propios sectores productivos, incluido el primario, al empeorar su capacidad de competir en el comercio internacional.

Estos riesgos, que el Global Risk 2024 destacaba para España en el horizonte 2024-2026, los enmarcaba en unos riesgos globales -cuya incidencia sobre nuestro país es imposible de evitar- definidos por: 1º Un fuerte auge de los conflictos geopolíticos y militares, que inciden en los costes de acceso a materias primas y generan inflación y potencial recesión económica. 2º Un incremento de los niveles de calentamiento global y sus negativas consecuencias sobre producción de catástrofes, con particular incidencia en un sector primario solo en parte cubierto por los seguros, que empeoran tanto los anteriores riesgos económicos (inflación y recesión) como el malestar social, potencial generador de polarización y desestabilización. 3º Un cambio tecnológico acelerado, destacando el impulso producido por la inteligencia artificial generativa (IAG), con creciente incidencia en la estructura del empleo, por robotización y automatización de una amplia gama de actividades, lo que exigiría una capacitación y adaptación socioeconómica no fácil de lograr a los ritmos precisos; a lo que se añade la incrementada capacidad de manipulación y control social asociada al auge de la IAG, que, en su conjunto, podría tener muy graves consecuencias sobre el desempleo, el malestar y la polarización social.

Como síntesis, el Global Risk 2024 destacaba que está acelerándose la afección negativa a la naturaleza y a sus ciclos vitales, al bienestar social y a los mercados, con consecuencias no precisamente positivas para el conjunto de la humanidad.

Centrándonos en los objetivos de este artículo, un aspecto particular de esta tendencia, como señala la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)[5], es su afección a un sistema alimentario y a un sector primario (agricultura, pesca y acuicultura) cuya función principal es satisfacer la necesidad humana básica de alimentos, sin olvidar que los sistemas alimentarios sostenibles también mantienen la salud de los ecosistemas y contribuyen al bienestar social; ni que el sistema alimentario es uno de los principales sistemas de producción y consumo de Europa que causa más de una quinta parte de todos los impactos ambientales y climáticos[6].

Desde la constitución de la Comunidad Económica Europea, el sector primario ha sido objeto de una particular consideración y subvención, siendo el capítulo más relevante de los Presupuestos europeos, que ha llevado a una Política Agrícola Común (PAC) que, desde su reforma en 2003, ha pretendido, principalmente, apoyar a los agricultores y a la economía rural, mejorando la productividad agrícola para garantizar un suministro estable de alimentos asequibles, con el objetivo secundario de mantener las zonas rurales y ayudar a abordar los problemas medioambientales.

Su efectividad hasta 2020, sin embargo, fue limitada, al tratar de conjugar el objetivo central de la PAC de lograr una agricultura más competitiva, que implicara beneficios económicos para los agricultores, con objetivos ambientales y territoriales contradictorios con el anterior, que no lograron mejorar la sostenibilidad ambiental de la agricultura ni alcanzar los retos buscados por las políticas climáticas europeas[7].

Situación que lleva a que la AEMA[8] destaque que es urgente repensar la agricultura y los sistemas alimentarios para hacerlos resilientes y sostenibles, sin olvidar su interrelación y dependencia con los recursos y procesos naturales[9] que los hace sensibles a la degradación ambiental -sobre la que ellos mismos inciden- y al cambio climático, cuyos efectos tienen consecuencias crecientes sobre la seguridad alimentaria, las tierras agrícolas y los medios de vida de los agricultores.

Frente a investigaciones que destacan que prácticas agroecológicas o respetuosas con el medio ambiente, dirigidas a la multifuncionalidad y a los paisajes agrícolas diversificados podrían proteger eficazmente la biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria en Europa, con una disminución mínima de la producción agrícola para el 2040, otras investigaciones muestran que escenarios con altas ambiciones climáticas puedan afectar negativamente a la productividad y elevar los precios agrícolas, tesis mayoritarias en las movilizaciones agrícolas a las que nos referiremos en el próximo artículo sobre esta problemática.

La práctica ha demostrado que la intensificación de la producción agrícola, con incremento de la productividad y de los beneficios para el sector, requiere altos insumos de agroquímicos para impulsar la producción, con los consiguientes impactos en la biodiversidad, la salud del suelo y la seguridad alimentaria. Y si bien los desarrollos e innovaciones tecnológicas han mejorado la eficiencia y ayudado a una mayor sostenibilidad en el uso del agua e inputs agroquímicos, los resultados finales solo pueden considerarse positivos para los que recogen los beneficios económicos de las explotaciones y defienden este estatus quo frente a la necesidad de cambios radicales en los efectos ambientales de este tipo de explotaciones.

Pero si es evidente que los aumentos de eficiencia y productividad en la agricultura han aumentado la producción de alimentos y mejorado el acceso a ellos de toda la población, una reducción de las presiones y los impactos ambientales son beneficiosos a largo plazo para la sociedad y requieren una transformación muy significativa del sector, que no puede lograrse solo mediante aumentos incrementales de la eficiencia productiva.

El Pacto Verde Europeo y su Estrategia de la granja a la mesa representan un paso fundamental para lograr la sostenibilidad de la agricultura y del sistema alimentario. Tratan la agricultura como algo más que un sector económico, ya que también contribuyen a objetivos de sostenibilidad como el bienestar social, la salud de los ecosistemas y la seguridad alimentaria y nutricional, definiendo una PAC 2023-2027 que pretende ser “más justa, más ecológica y más basada en los resultados”, con un 40% de su presupuesto total (alrededor de 154.600 millones de euros) destinado a la acción climática, cuya eficacia y resultados dependen de cada Estado miembro a través del diseño, capacidad de gestión y resultados de los correspondientes planes estratégicos nacionales.

Pero hasta hoy, a pesar de la significativa inversión en la PAC y en otras políticas relevantes de la UE, el abandono rural, la pérdida de patrimonio rural, la pérdida de biodiversidad, el consumo excesivo de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola y alimentario continúan.

El papel del sector primario en la economía española.

En España, según el Observatorio Rural de la UE (URE2023)[10], la población residente en el medio rural alcanzaba el 13,3% del total, en 2021, frente al 25,2% de la media de la UE, siendo la población residente en ciudades, en España, de un 54,2%, frente al respectivo 38,9% de la UE. Es decir, España estaba más urbanizada y presentaba menor porcentaje de habitantes en un medio rural de muy baja densidad media: del orden de 18 habitantes/km2, frente a una media de 51 hab/km2 para la UE. Adicionalmente, las previsiones de este Observatorio son las de que España, en las regiones predominantemente rurales, evolucionará hacia una densidad de 15,1 hab/km2, para 2050, frente a los 46,2 hab/km2 previstos para la media de la UE. Es decir, se prevé un despoblamiento en las regiones predominantemente rurales de la UE del orden del 9%, frente a uno del 18% para España.

Por otro lado, casi la mitad del territorio español, unos 24 millones de hectáreas, es considerada superficie agraria útil (SAU), de la que, del orden del 76% se dedica al cultivo de secano y del orden del 24% está puesta en regadío, aunque esta última es la que genera del orden del 65% de la producción final agraria. La agricultura que podemos denominar industrial (invernaderos) ocupa una pequeña superficie (del orden del 0,3%) estando concentrada, sobre todo, en la provincia de Almería y es la que presenta una mayor productividad y generación de excedentes.

En este marco, desde el punto de vista de la producción y el empleo, el Cuadro siguiente sintetiza las principales magnitudes absolutas y relativas, de lustro en lustro, en los últimos trimestres del año respectivo, desde 1995 a 2023.

Del Cuadro anterior podemos deducir algunas características fundamentales del sector y de la evolución registrada en las mismas en los últimos cinco y veinticinco años, respectivamente.

Así, desde el punto de vista de su aportación al PIB español, apreciamos que, en el cuarto trimestre de 2023, esta se situaba en el 2,2% del PIB de España, habiendo descendido una media del 3,5% anual desde su 2,7% correspondiente a 2018, y un 1,8% anual desde la media del 4% que representaba el sector primario respecto al conjunto del PIB español en 1995. Lo que muestra que, pese a que la aportación del sector primario a la economía se encuentra muy por debajo del de la construcción (del orden del 6%), la industria (del orden del 16%) o los servicios (del orden del 75%), su participación en el conjunto de la economía española tiene una tendencia histórica media decreciente.

No obstante, el valor generado por la producción agraria en España en el cuarto trimestre de 2023, a pesar de que fue una mala campaña, representa una cifra récord para el campo español a precios corrientes, y se debe en gran medida a que los precios de venta aumentaron considerablemente mientras los costes intermedios lo hicieron relativamente en menor medida.

Considerando los datos de empleo, apreciamos que su participación se sitúa entre el 3,4% y el 4% del conjunto de los empleos españoles, según consideremos el total de ocupados o el total de horas trabajadas, en el cuarto trimestre de 2023. Y también en todos los aspectos del empleo contemplados existe una reducción del peso del empleo del sector primario en el conjunto de España, que va desde un 3,1% de descenso medio anual en su participación en los ocupados totales, al 1,7% de descenso medio anual en la participación en los puestos de trabajo, entre 2018 y 2023. Descenso que también se produce de forma sostenida desde 1995, donde el empleo en el sector representaba entre el 6,3% de los ocupados y el 7,7% de las horas trabajadas en España.

Las magnitudes y variaciones relativas del sector primario respecto al conjunto del empleo y producción española explican las variaciones detectables en la productividad aparente por hora trabajada respectiva. Y, como apreciamos en el Cuadro, ésta se sitúa históricamente en cifras del orden del 50-60% de la del conjunto de la economía, con variaciones puntuales anuales. En el cuarto trimestre de 2023 se situaba en el 56,1%, con un valor en euros a precios corrientes de mercado de 24.218,9 € por hora trabajada y de 11.512,7 € por ocupado en el sector.

La comparación de la productividad por hectárea de SAU muestra que en España ésta se sitúa por debajo de la media europea y con tendencia a aumentar sus diferencias, pese a que un aspecto adicional significativo, en España, es la destacada trasformación del sector, con un creciente papel de los asalariados en el conjunto del sector primario, tal y como apreciamos en su evolución en el tiempo, en la Figura siguiente.

Atendiendo a los datos de la Comisión Europea y de EUROSTAT[11], la productividad de la agricultura en España fue del orden de un 11% inferior en España (Indicador A: Indicador de la renta real de factores en la agricultura por unidad de trabajo anual de 136,09) en relación a la media de la UE (valor de 152,80), en 2023, habiendo crecido un 11% en ese año, aunque creció solo un 0,2% respecto a 2016, frente al 35% en que creció dicho valor para la media de la UE.

Por otro lado, el sector depende principalmente de insumos de origen exterior (petróleo, fertilizantes y los piensos) lo que ha generado un problema particularmente grave como consecuencia del incremento de todos los costes de producción asociados al encarecimiento de esos insumos, incluida la mano de obra, estimándose que el incremento de costes se mantendrá, en el medio plazo, por encima de los costes existentes en 2021, antes de la invasión de Ucrania.

Lo que lleva a unos previsibles excedentes reducidos que inviabilizan las posibilidades de aprovechar, al menos para las explotaciones agrícolas de menor tamaño y excedentes reales, los potenciales incrementos de productividad que permiten las subvenciones y ayudas no solo de la PAC 2023-2027, sino también las asociadas a la transición ecológica y a la transición digital, dispuestas por los fondos del PRTRE+Adenda, o el aprovechar los fondos específicos adicionales dispuestos por la UE para estos fines.

La dinámica registrada en las estadísticas anteriores coincide con lo recogido en el Censo agrario de 2020[12] cuando éste se compara con los datos respectivos del Censo de 2009. Así, se muestra, en primer lugar, la señalada creciente profesionalización del sector, ya que, en 2009, el titular de la explotación agraria o sus familiares ejecutaban el 61% del trabajo, mientras que, en 2020 lo hacían sólo en un 51%.

Otros datos significativos del Censo de 2020 y su evolución respecto al de 2009, destacadas por el INE, señalan:

  • Reducción del número de explotaciones agrícolas, que fueron 914.871 en 2020, un 7,6% menos que en el censo de 2009. En paralelo, la mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7% en 2020 respecto al anterior censo.
  • La formación básica de los jefes de explotación está basada en la experiencia práctica y presentan una edad media elevada (menos del 4% tiene menos de 35 años y los mayores de 65 suponen el 41%).
  • El número de mujeres jefas de la explotación aumentó un 22,0%, pero los hombres representaban el 71,4% del total en 2020.
  • La superficie agrícola utilizada total aumentó un 0,7% en relación a 2009, hasta los 23,9 millones de hectáreas, lo que implica que la superficie media por explotación creció hasta 26,37 hectáreas, con un aumento del 7,4% respecto a 2009, pero con más de la mitad de ellas muy pequeñas, de menos de cinco hectáreas.
  • El mayor incremento entre la SAU destinada a cultivos al aire libre corresponde a los Frutales, Otros leñosos y Olivar (23,8%, 19,8% y 14,4%, respectivamente) que representan el 56% del número de explotaciones de 2020. Por el contrario, las explotaciones de Huertos y Pastos permanentes se redujeron un 10,5% y un 10,1%, respectivamente.
  • La superficie de cultivo en invernadero creció un 42,1%, alcanzando casi 65.000 hectáreas.
  • El número de cabezas de ganado creció un 6,5% respecto al último censo. El crecimiento fue más intenso en el caso del porcino, con un 21,8%.

Es importante destacar la falta de reemplazo que se detecta en el sector, que da lugar a un progresivo envejecimiento de los gestores del mismo en un medio rural en el que la progresiva despoblación y envejecimiento, junto a las condiciones específicas del trabajo en el sector primario, dificultan el atractivo para jóvenes que asuman la gestoría de las explotaciones agrarias o pesqueras. El resultado vemos que está siendo la progresiva reducción del número de explotaciones, del número de trabajadores en el sector, de su participación en el valor añadido del país y de una edad media de los gestores cada vez más elevada.

Condicionantes de la estructura territorial española al desarrollo rural.

Una de las prioridades de la actual coalición de Gobierno española es la corrección de los desequilibrios territoriales en el marco de su política transversal de transición ecológica, modificando una de las dinámicas básicas de la sociedad capitalista de consumo cuyos elementos intrínsecos conducen a la concentración y polarización territorial de la población, actividad económica y poder sociopolítico, a la vez que convierte a las ciudades en el marco fundamental de la insostenibilidad ambiental y de las desigualdades sociales, incidiendo sobre un medio rural caracterizado por un creciente despoblamiento, envejecimiento y abandono de cultivos en las zonas más desfavorecidas.

Esta dinámica tiene consecuencias políticas relevantes, ya que el despoblamiento, unido a la estructura provincial de distribución de escaños tienen consecuencias significativas, al bastar un número muy reducido de votos para acceder a representación municipal, autonómica o estatal en esta España despoblada[13].

En todo caso, hay que ser conscientes de la magnitud del problema en cuanto a la población afectada, así como sobre los límites a la viabilidad y sostenibilidad de políticas que permitan revertir los procesos existentes. En ese sentido, hay territorios donde la despoblación es ya racionalmente irreversible, haciendo fundamentales políticas que aseguren el bienestar de la población altamente envejecida que todavía habita esos territorios desfavorecidos, presentes, sobre todo, en zonas de montaña (40% del territorio español) y en zonas de difíciles condiciones climatológicas o de baja productividad primaria potencial (39% adicional del territorio español). Es un 79% del territorio español con muchos municipios despoblados, envejecidos y con densidades de población propias de desiertos.

En estos municipios rurales desfavorecidos y en despoblación, más del 81% tienen una actividad agrícola dominante, aunque en su seno hay fuertes diferencias en la población total, dinámica demográfica, envejecimiento, porcentaje de pensionistas y niveles de población activa en distintos sectores. En todo caso, la falta de oportunidades para encontrar alternativas de trabajo, acceso a equipamientos básicos, o para consolidar núcleos familiares para los escasos jóvenes que residen en los mismos –y en mayor medida para las jóvenes[14]– colaboran al decrecimiento vegetativo con saldos migratorios negativos, haciendo en muchos casos absolutamente irreversible su situación.

Los municipios rurales que logran evitar la despoblación no son exclusivamente municipios agrícolas sino, fundamentalmente, municipios con concurrencia de actividades productivas, dejando de ser la actividad agraria la prioritaria en muchos de los municipios españoles entre 1.000 y 10.000 habitantes. Particularmente, en los que se van integrando en la funcionalidad urbana, turística o de ocio, sobre todo en ámbitos cada vez más accesibles e integrados en las dinámicas urbanas (turismo ambiental y rural, segunda residencia, playas, ocio, etc.), lo que les lleva a presentar una actividad en el sector de la construcción de viviendas y en el de servicios para esta población de temporada, que les permiten una cierta estabilidad socioeconómica y demográfica.

Con respecto a las perspectivas respecto a un despoblamiento desigual y dependiente de la historia de establecimiento de municipios en España, que incide de manera diferencial en distintas provincias españolas[15], las proyecciones de población del INE[16] para dichas provincias, para el período 2022-2030, nos muestran un panorama preocupante para 14 provincias y las dos ciudades autónomas, ya que estas disminuirían su población total, tal y como apreciamos en el Cuadro siguiente, frente a un crecimiento medio esperable para la población total española del 6% en el mismo período 2022-2030.

En todo caso, en España existían 4982 municipios de menos de 1000 habitantes a 1 de enero de 2023 (61% del total) que tenían una población total de 1.442.941 habitantes (3% del total), con cifras similares a las de 2019 (los municipios con menos de 1.000 habitantes eran el 62% del total y recogían el 3% de la población). Pero la situación podría ser peor si no fuera por el saldo migratorio positivo que viene registrando España, que compensa su crecimiento vegetativo negativo (nacimientos menos decesos), llevando a que el porcentaje de extranjeros, tras su caída por la crisis de 2008, volviera a representar casi el 11% de los 47 millones de personas de 2019, y hayan seguido creciendo hasta la actualidad, representando, a 1 de enero de 2024, el 13,3% de la población total, con 6.491.502 extranjeros, que son colaboradores fundamentales al crecimiento de la población total activa de España (3,66 millones, en el cuarto trimestre de 2023, lo que representa el 15,2% del total), superando el récord alcanzado con la burbuja especulativo-inmobiliaria, cuyo máximo llegó a 3,58 millones en el primer trimestre de 2009.

Es evidente que se está muy lejos de haber alcanzado un adecuado equilibrio rural-urbano, no solo por la dificultad de gestionar un medio rural donde más del 60% de sus municipios presentan un grado de envejecimiento muy elevado, crecimientos vegetativos negativos y sin capacidad técnica y de gestión para promover un desarrollo rural sostenible. Sino también por la ausencia de políticas y servicios públicos territoriales adecuados en muchas de las Comunidades autónomas que podrían haber sido relevantes para avanzar en dicho equilibrio.

Porque, aunque el acceso a los servicios básicos desde el medio rural ha cambiado radicalmente con el incremento de la motorización y la mejora de red viaria en España que hace accesible para las personas con vehículo propio y carnet de conducir el acceso a los mismos, son muchas las personas en este medio rural que, por edad o condiciones físicas, no disponen de estas posibilidades y dependen de un transporte público inadecuado e ineficiente para la inmensa mayoría de los núcleos rurales.

En paralelo, se ha producido una deslocalización creciente de servicios básicos de los propios núcleos de población rurales (sanitarios, educativos, culturales, …), concentrando las comunidades autónomas competentes los servicios públicos en las cabeceras de comarca correspondientes, y cerrando los privados por criterios de rentabilidad ante una demanda insuficiente y decreciente para hacer rentable esos servicios (bancarios, comerciales, de transporte privado, …). El resultado es de una pérdida de accesibilidad a condiciones de bienestar social muy relevante para muchos de los habitantes en el medio rural.

Algunas consideraciones finales.

Podemos avanzar, aunque profundizaremos en el tema en el próximo artículo centrado en las movilizaciones de los agricultores, que, desde 2016, la renta media de los agricultores no ha dejado de descender en términos de precios constantes y ha crecido mínimamente en precios corrientes, tal y como apreciábamos en el Cuadro 1. Y ello, como consecuencia tanto de sobreproducciones como de malas cosechas asociadas a fenómenos meteorológicos adversos (sólo en parte cubiertas por el seguro agrario); por una competencia exterior desleal; o bajos precios a los productores, e incremento de costes de producción (agua, energía, mano de obra, etc.). Es claro que todo ello está incidiendo en el actual malestar y en las citadas manifestaciones de los agricultores que, no podemos olvidar, no son nuevas, ya que reproducen fenómenos ya registrados previamente a la crisis generada por la pandemia de la Covid-19[17].

Por otro lado, es importante señalar que, aunque la extensión total de tierras cultivables y cultivos permanentes no ha cambiado significativamente en los últimos años, sí se produce, en muchas regiones españolas, un abandono de tierras, resultado de una combinación de factores socioeconómicos, políticos y ambientales que hacen que los cultivos ya no sean viables, particularmente en áreas rurales desfavorecidas y donde las economías locales dependen principalmente de pequeñas explotaciones agrícolas con perspectivas económicas limitadas y baja productividad; y donde los jóvenes optan por trasladarse a zonas urbanas en busca de empleos mejor remunerados y menos “esclavos” de circunstancias externas poco controlables. Todo lo cual, ayuda a la reducción y el envejecimiento de la población en ese medio rural.

También hay que destacar que el número de explotaciones agrícolas, tanto en España como en Europa, tiene una tendencia sostenida a la reducción, fundamentalmente en lo que se refiere a las pequeñas explotaciones, produciéndose un progresivo acaparamiento de tierras agrícolas que concentran las explotaciones en terratenientes y capital extranjero (con frecuencia fondos de inversión, en muchos casos claramente especulativos), con un efecto perjudicial para la vida rural tradicional en las regiones afectadas, aunque incrementando la productividad agrícola al aprovechar las economías de escala asociadas al tamaño.

En este marco, los subsidios de la PAC han tenido importantes efectos positivos en la economía rural, en general, y han reducido significativamente la pobreza en las zonas rurales, ayudando a frenar la tasa de despoblación y de abandono de tierras, pero sin lograr detener este abandono y la consiguiente pérdida del patrimonio rural en las zonas en que se produce. Los bajos ingresos agrícolas, sobre todo en años de condiciones climáticas perjudiciales para las cosechas, y las malas condiciones de vida y de trabajo en un entorno rural no siempre atractivo en sus ofertas de servicios, han hecho crecer el papel de los trabajadores inmigrantes estacionales y han colaborado a dinámicas que impulsan el abandono de los jóvenes, la falta de relevo generacional y la pérdida del patrimonio rural, natural y cultural.

Aunque tanto la Comisión Europea, como el Gobierno español y el sector agrario y alimentario teóricamente abogan por una sostenibilidad que garantice la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las zonas rurales, el peso y condicionantes que deben jugar cada uno de los objetivos políticos y económicos implicados llevan a claras contradicciones en el proceso, con particular relevancia en el campo de los acuerdos internacionales y en el papel otorgado a aspectos ambientales directamente ligados al bienestar general a medio y largo plazo.

La PAC se desarrolla en el marco europeo de políticas geoestratégicas que incluyen acuerdos comerciales con terceros países —que permiten un dumping ambiental y social por exigencias desiguales a los productos importados a bajo precio— o la negociación, eliminación, asunción o imposición de aranceles (Ucrania, EE UU, Rusia,…) que inciden gravemente en el sector primario, ya que del orden del 80% de la producción agrícola y ganadera española se exporta al exterior y sólo un 20% se queda en España, del que un 40% se vende en los supermercados (a través de cooperativas o sociedades agrarias de transformación –SAT-, o de industrias que ofrecen el producto ya transformado), yendo el resto a mercados locales y a la industria agroalimentaria a partes más o menos iguales.

Los recortes aprobados por la UE para el período 2021-2027 en Fondos Estructurales y en los fondos directos de la PAC no van a poder solventar el cuestionamiento de la viabilidad de ciertas explotaciones agrícolas, aunque la PAC 2023-2027 sí opta realmente por una transformación del medio rural positiva para una mayor sostenibilidad de la multiactividad rural y para favorecer a los que residen en el medio rural.

La Agenda 2030, de Naciones Unidas, la Agenda de París para frenar el calentamiento global, ambas de 2015, o el Pacto Verde Europeo, de 2019, inciden en la necesidad de propiciar un desarrollo que asegure el bienestar para los ciudadanos actuales y futuros, lo que exige que sea un desarrollo descarbonizado, para evitar las crecientes consecuencias negativas del cambio climático (también para el sector primario y el desarrollo rural), propiciando, en el caso de la UE, unas transiciones ecológicas y digitales justas que implican esfuerzos económicos adicionales para todos los sectores productivos –incluido el sector primario- y para el conjunto de la población.

En este marco, la igualdad de oportunidades entre los habitantes del medio rural y del urbano exige una actuación correctora de las administraciones, generando nuevas ventajas comparativas para el medio rural -mediante inversiones diferenciales- que disminuyan las desigualdades existentes entre ambos. Pero en gran parte del medio rural su dinámica dificulta implementar estas políticas, incluso para proporcionar servicios públicos básicos a la población, (que van a ser caros e ineficientes en términos económicos por la escasez de demanda), a la vez que los servicios privados (banca, comercio, ocio, etc.) cada vez se deslocalizan a áreas más distantes por los mismos motivos de ineficiencia económica para el ofertante.

No obstante, existen muchos municipios rurales en los que los potenciales de mantener actividad y población con buenas condiciones de vida para la población pueden aprovecharse, con actuaciones adecuadas de las comunidades autónomas, para lograr un cierto equilibrio territorial, mediante la dotación del acceso a servicios básicos que hagan desaparecer –o minimicen- las diferencias entre lo rural y lo urbano en cuanto a capacidad tecnológica, movilidad, calidad de vida y desarrollo personal de sus habitantes. Es factible un medio rural ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrado y socioeconómicamente cohesionado, con una producción alimentaria rentable, ecológica y de calidad, con denominación de origen, que aproveche el papel determinante de los mercados locales, y que opte por la sostenibilidad global del patrimonio territorial.

Es evidente que la situación actual no satisface a un medio rural que se ha movilizado radicalmente en muchos países europeos porque, en el caso español, la agricultura está tensionada por la sequía y por un cambio climático que afecta a la productividad agraria y sobre la que, conjuntamente, se producen fuertes incrementos en los costes de los inputs precisos para la producción, sin capacidad de trasladar dichos costes a los precios a los que venden o exportan su producción, en un número significativo de casos. Pero la consideración de las movilizaciones agrarias, y sus motivos, junto a los riesgos a corto, medio y largo plazo a que se enfrenta el medio rural, serán objeto del próximo artículo.

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[1] https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/

[2] https://www.oecd.org/economic-outlook/february-2024/

[3] https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024

[4] https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/winter-2024-economic-forecast-delayed-rebound-growth-amid-faster-easing-inflation_en

[5] AEMA Agricultura y sistema alimentario. Modificado el 10 de octubre de 2023. https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/agriculture-and-food

[6] Como señala AEMA en la citada fuente, la agricultura es la fuente del 11% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en la UE y sigue siendo un contribuyente significativo a las emisiones de contaminantes atmosféricos nocivos, como el amoníaco.

[7] Como señala la propia AEMA en el último Informe citado, el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que la PAC 2014-2020 no logró contribuir a detener la disminución de la biodiversidad, produjo un aumento en lugar de una reducción de la demanda de agua, y no redujo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que una cuarta parte de todo el gasto agrícola de la UE en el período 2014-2020, que ascendió a más de 100 mil millones de euros, se destinó a abordar el cambio climático.

[8] El Informe de la AEMA “Repensar la agricultura” destaca que la agricultura y los sistemas alimentarios han estado en el centro de políticas recientes de la UE, como la Estrategia de la granja a la mesa (de 2020), la Estrategia de biodiversidad de la UE para 2030 (de 2020), la Política agrícola común (PAC 2023-2027), de 2021, y Ley climática europea, también de 2021, que asumen que la agricultura y el sistema alimentario desempeñan un papel central en las sociedades humanas, ya que dan forma a nuestros paisajes, economías, comunidades y culturas, a la vez que han pasado, en los últimos 70 años, de ser una actividad principalmente local a una industria global encargada de alimentar a una población mundial en crecimiento con gustos globalizados. https://www.eea.europa.eu/publications/rethinking-agriculture/rethinking-agriculture

[9] Los sistemas agrícolas y alimentarios brindan importantes beneficios a las personas y al medio ambiente, ya sea por la acumulación de CO2 como carbono en la vegetación y los suelos, por su interrelación con la conservación de hábitats seminaturales, y de especies de vida silvestre que se alimentan de los propios cultivos, entre otros aspectos.

[10] https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=es&ctx=RUROBS

[11] EUROSTAT. Indicador A: Indicador de la renta real de factores en la agricultura por unidad de trabajo anual. Datos extraídos el 20/02/2024. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tag00057/default/table?lang=en&category=t_agr.t_aact

[12] INE. Censo agrario de 2020. 4 de mayo de 2022. www.ine.es

[13] Aunque es mediático, hablar de “la España vaciada” para referirse a una España que pierde población, ésta mantiene un paisaje, patrimonio, ecosistemas y biodiversidad que hacen que esté muy distante de estar “vaciada”.

[14] Las mujeres en el medio rural sufren elevados niveles de discriminación y vulnerabilidad, tanto por motivos culturales, de inadaptación de una población envejecida en este medio a las pautas de vida actuales dominantes en los medios de comunicación, como por el riesgo de una violencia de género tradicional en una sociedad profundamente machista. El resultado es que en los municipios rurales y fundamentalmente en los de menor tamaño, se constatan históricos saldos migratorios femeninos negativos desde la mitad del siglo XX.

[15] De los 1375 municipios españoles con menos de 100 habitantes dentro de los 8.131 municipios existentes en el último Padrón municipal publicado por el INE, a 1 de enero de 2023, la incidencia provincial es desigual: 174 corresponden a la provincia de Guadalajara, 164 pertenecen a la provincia de Burgos, 116 a Soria, 102 corresponden a la provincia de Ávila, 94 a Teruel, 87 a Salamanca, 87 a Zaragoza, 80 a Segovia, 78 a Cuenca, 76 a Palencia, 64 a La Rioja, 62 a Valladolid, 47 a Navarra, 33 a Zamora y 28 a Huesca, definiendo el territorio castellano y el aragonés como ámbitos destacados con áreas despobladas de difícil reversión.

[16] https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=36726

[17] Las protestas agrarias previas a la pandemia ante las negativas perspectivas de futuro de un sector primario con un alto porcentaje de explotaciones que no tenían asegurado el reemplazo generacional, se insertaba en un medio que, desde 1980 había perdido radicalmente peso en cuanto a su colaboración en el empleo (3,9% a finales de 2019) y en el valor añadido bruto español (2,7% a finales de 2019), dejando de ser la actividad prioritaria en la inmensa mayoría de los 7.378 municipios españoles menores de 10.000 habitantes de dicho año, y en el que los inmigrantes tenían un indudable peso en el empleo agrario, ya que un 7% de los extranjeros trabajan en él, frente a un 4% de los nacionales.