El éxito de la movilización del sector primario.

Hemos venido analizando, en los dos artículos anteriores, los motivos aducidos para las protestas generadas en los países de la UE, incluida España, por un sector primario que cuestionaba las políticas reguladoras de la UE con incidencia en el sector; aunque se sumaban también protestas específicas contra las administraciones en sus respectivas áreas de responsabilidad en la materia; y se producía una clara instrumentalización de las reivindicaciones planteadas por los agricultores por partidos específicos, normalmente de extrema derecha, ultranacionalistas o de derecha en los países en que gobierna la izquierda, como España. Instrumentalización interesada, con referencias basadas en el desconocimiento y en la falsedad respecto al Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 o los problemas asociados al calentamiento global, que hemos tenido recientemente ocasión de constatar en la intervención de la representante de VOX en los debates para las próximas elecciones vascas.

El invierno, con la menor carga de trabajo, suele ser el período característico de las protestas agrarias que, en esta ocasión, encontraban una razón adicional de oportunidad: en junio se realizan unas elecciones europeas cuyo resultado no está claro, lo que ha facilitado –y sobre todo agilizado- la toma de decisiones en una Comisión Europea (CE) que, si por algo se caracteriza, no es precisamente por esa agilidad.

Las protestas fundamentalmente se han centrado en la reivindicación de mejoras en las condiciones productivas en cuatro grupos de aspectos fundamentales: distribución del valor añadido en la cadena alimentaria; competencia desleal de importaciones de fuera de la UE; condicionantes ambientales a la producción; y carga burocrática para el acceso a ayudas y trasparencia de la trazabilidad alimentaria.

La UE es la que decide las reglas básicas que afectan a estos aspectos y que, como consecuencia de las protestas, han dado lugar a la revisión de varias de las normas que los regulan. De hecho, el martes 26 de marzo el Consejo Europeo dio su visto bueno a las medidas propuestas por la Comisión Europea[1], pendientes ahora del Parlamento Europeo y de su publicación para ser operativas, cuyo objetivo es adecuar varias de las exigencias medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) a las demandas de las protestas.

Hasta qué punto preocupa la situación al Consejo de la UE queda claramente reflejado en el hecho de que el presidente del Comité Especial de Agricultura haya enviado una carta a la Eurocámara solicitándole aprobar el nuevo Reglamento por el procedimiento de emergencia, antes de las elecciones europeas, estando previsto que el pleno de la Eurocámara vote las medidas en la semana del 22 al 25 de abril, y se adopten y firmen finalmente por el Consejo y la Eurocámara para ser publicadas en el diario oficial de la Unión antes de las elecciones de junio.

El resultado, por tanto, es un claro éxito de las protestas del sector, aunque hay elementos no directamente ligados a la PAC, que influyen directamente en la caída de sus ingresos, que afectan a ámbitos distintos de regulación no modificados todavía, como los que tienen que ver con la distribución del valor añadido en la cadena alimentaria, la competencia desleal de importaciones de fuera de la UE (acuerdos de libre comercio) o regulaciones medioambientales generales (energéticas y de lucha contra el calentamiento global).

En todo caso, se constata el nuevo clima de los Estados miembros, de la Comisión y de la Eurocámara respecto al tema medioambiental en lo sucedido respecto al freno dado a la ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, presentada el lunes 25 de marzo para la supuesta ratificación final por parte de los ministros de Medio Ambiente y su posterior publicación y entrada en vigor. De hecho, esta Ley, que tiene ahora el objetivo de restaurar ambientalmente un mínimo de un 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE, para 2030, y de todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050, ya fue rechazada mayoritariamente por el Partido Popular Europeo (PPE), rebajada sensiblemente en sus contenidos por la Eurocámara, y ha encontrado ahora el rechazo de ocho gobiernos europeos (Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica, Italia y Hungría), imposibilitando el apoyo necesario para su aprobación, que quedará al albur de lo que suceda en las nuevas elecciones de junio de este año.

Propuestas legislativas sobre la PAC y sus consecuencias.

La primera observación a la reforma del Reglamento citado debe ser el hecho de que, como se reconoce en la misma, “Habida cuenta de la urgencia política que reviste la presentación de la presente propuesta, cuyo objetivo es responder a una situación de crisis en el sector agrícola de la UE, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto (subrayado propio), tal como se prevé en la herramienta n.º 1 de las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación, que señala la importancia de su aplicación flexible y proporcionada.” Por lo tanto, la CE y el Consejo aprueban una modificación de un Reglamento contraviniendo la normativa que les obligaría a realizar una Evaluación de impacto sobre dicha modificación.

En segundo lugar, hay que recordar que, para recibir las ayudas de la PAC, los agricultores deben respetar un conjunto de nueve normas básicas de “buenas condiciones agrarias y medioambientales” (BCAM, llamadas también “condicionalidades”). Este principio de condicionalidad se aplicaba, hasta ahora, a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada (SAU) en la UE y desempeñaba un papel importante en la integración de las prácticas agrícolas con el medio ambiente y la sostenibilidad de ambas.

Las protestas agrarias particularmente solicitaban −y se ha concedido− excluir la afectación a las pequeñas explotaciones (microempresas), eximiendo de los controles de condicionalidad a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, lo que exime al 65% de los beneficiarios de la PAC en la UE (en España unos 345.000 declarantes de la PAC, lo que supone algo más del 50% del total), aunque solo representan del orden del 10% de la SAU europea. De hecho, se modifica el Reglamento (UE) 2021/2116 para que los pequeños agricultores cuya explotación tenga un tamaño máximo que no sea superior a diez hectáreas de superficie agrícola queden exentos de los controles de condicionalidad y de la aplicación de sanciones. Se pretende así reducir significativamente, tanto para las administraciones nacionales como para los agricultores, la carga administrativa asociada a los controles y al cobro de las sanciones, que es comparativamente más elevada para las pequeñas explotaciones que para las de mayor tamaño.

Además, los beneficiarios que reciban pagos por superficie en virtud, tanto de un plan estratégico de la PAC, como de un programa de desarrollo rural, hasta el 31 de diciembre de 2025 y que, por lo tanto, estén sujetos a controles de condicionalidad con arreglo al Reglamento (UE) 2021/2116, deben quedar exentos de los controles de condicionalidad y de la aplicación de sanciones.

Obviamente, la supresión de las condicionalidades ambientales para el 10% de la SAU europea no se puede decir que tenga un “impacto” no significativo.

La tercera consideración debemos referirla al elemento básico de la política agraria: los Planes Estratégicos de la PAC aprobados por cada Estado miembro y asumidos por la CE, sobre los que el nuevo Reglamento incrementa significativamente la flexibilidad y capacidad de intervención de los Estados. Modificación que se justifica atendiendo a los problemas planteados por los agricultores, tras su primer año de ejecución. Y se cita, en particular, la conveniencia de reducir la carga administrativa ligada a los controles para los agricultores de la UE, proporcionándoles una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condiciones medioambientales, a la vez que se da la posibilidad de que las administraciones nacionales establezcan una mayor flexibilidad para aplicar algunas de las normas más rechazadas por los agricultores. Viabiliza así la CE el primar los requisitos medioambientales voluntarios (ecoregímenes)[2] sobre los obligatorios (condicionalidades BCAM), siguiendo al respecto una de las demandas principales de las protestas, pese a sus previsibles fuertes efectos sobre las consecuencias ambientales de la nueva regulación.

A su vez también se propone aumentar a dos el número de solicitudes de modificación del Plan estratégico de la PAC que un Estado miembro puede presentar cada año (frente a una única solicitud por año permitida actualmente) aspecto adecuado para facilitar la adaptación del Plan a condiciones meteorológicas adversas. Y autoriza a los Estados miembros a permitir excepciones temporales y específicas respecto de determinados requisitos de condicionalidad, ya que las condiciones meteorológicas son cada vez más imprevisibles y pueden impedir que los agricultores cumplan algunos de los requisitos exigidos.

Al margen de la racionalidad de esta flexibilización, lo cierto es que esta regulación rompe la homogeneidad de la supuesta Política Agrícola Común (PAC) en uno de sus elementos fundamentales como es la condicionalidad de las ayudas.

Por otro lado, la reforma del Reglamento, como se señala en el propio documento, complementa e integra las modificaciones aprobadas el 22 de febrero de 2024[3], entre las que se destacaba la ya concedida, el 13 de febrero, de exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho, aplicable para todo 2024 (modificación de la BCAM 8), en virtud de la cual los agricultores pueden mantener tierras en barbecho -o no productivas- en el 4% de sus tierras cultivables, o bien cultivos fijadores de nitrógeno (como lentejas o guisantes, por ejemplo) o cultivos intermedios (plantas que crecen entre dos cultivos principales) sin productos fitosanitarios en ese 4% de sus tierras de cultivo. Además, los Estados miembros pueden modificar los regímenes ecológicos que apoyan las superficies no productivas (tierras en barbecho o elementos paisajísticos no productivos, como setos o árboles) para tener en cuenta la base de referencia alternativa aplicable en la condicionalidad BCAM 8, de forma que se pueda seguir recibiendo apoyo financiero adicional a través de un régimen ecológico que todos los Estados miembros tendrán que ofrecer en sus planes estratégicos de la PAC, incentivándose ahora –frente a condicionando antes− a todos los agricultores de la UE a mantener zonas no productivas beneficiosas para la biodiversidad. “De este modo se garantiza que se recompense específicamente a los agricultores por estas zonas y elementos no productivos, beneficiosos para la biodiversidad en las tierras agrícolas y, de forma más general, para las zonas rurales”.

La flexibilización establecida indudablemente convierte una condicionalidad en un incentivo, pero empeora los efectos medioambientales sobre el suelo, respecto a la situación anterior, incluida la afección a la biodiversidad y a la limitación de la lixiviación de nutrientes.

Con base en la flexibilidad a la actuación de los Estados miembros, también en el caso de la condicionalidad BCAM 7, que exige la rotación de cultivos, la CE propone mantener dicha rotación, pero permite a los Estados miembros añadir la posibilidad de que este requisito se pueda cumplir mediante la diversificación de cultivos, posibilitando a los agricultores afectados por períodos de sequía o precipitaciones excesivas, seguir recibiendo las ayudas a través de la citada diversificación, perdiéndose, en parte, los beneficios agronómicos y de mantenimiento de los potenciales del suelo asociados a la rotación de cultivos.

También con el nuevo Reglamento quedará principalmente en manos de los Estados miembros la aplicación de la norma que exige cubrir el suelo en los períodos más sensibles (norma BCAM 6), considerando que la regulación actual era excesivamente rígida y no reconocía la creciente variabilidad de las condiciones meteorológicas.

Como síntesis, la CE y el Consejo Europeo han aprobado una revisión específica del Reglamento, en lo que afecta a las condicionalidades: BCAM 8 sobre elementos no productivos; BCAM 7 sobre rotación de cultivos; BCAM 6 sobre la cobertura del suelo durante períodos sensibles. También admite exenciones específicas para permitir el arado para restaurar los pastos permanentes en espacios Natura 2000 en caso de daños debidos a depredadores o especies invasoras (BCAM 9). Las modificaciones pueden establecerse temporalmente −y aplicarse únicamente a los beneficiarios afectados− por los Estados miembros, o de forma amplia en los planes estratégicos de la PAC, aunque deben limitarse en términos de superficie y establecerse únicamente cuando esté justificado para abordar problemas específicos.

Plan de Acción Rural y Pacto Rural de la UE

Hay que señalar que a la vez que se modificaba el Reglamento de la PAC, la CE presentaba, el 27 de marzo de 2024, su informe sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE[4] haciendo un balance de las acciones que se han llevado a cabo, hasta mediados de 2023, en base a la política agrícola común (PAC) y a la política de cohesión en las zonas rurales en el período de programación 2021-2027. Y proponía un conjunto de reflexiones sobre posibles orientaciones para mejorar las acciones de apoyo y financiación para las zonas rurales, así como sobre el camino a seguir para la preparación de las propuestas aplicables al período de programación posterior a 2027, tanto respecto al Plan de Acción Rural como al Pacto Rural de la UE, con el propósito de que puedan ser debatidos después de las elecciones europeas de junio de 2024.

El Informe y el Plan de Acción Rural Revisado[5] presentan una visión optimista, tanto sobre los avances realizados, como en el escenario a largo plazo para las zonas rurales de la UE. Y ello pese a que, de las 30 acciones que la Comisión se comprometió a adoptar en su Comunicación de 30 de junio de 2021, solo se han completado nueve, de las cuales siete se han prolongado a través de nuevas actividades.

En particular el Informe analiza cómo ha contribuido la Política Agrícola Común (PAC 2023-2027) a la mejora de la situación rural en la UE, señalando el papel de los planes estratégicos de la PAC −elaborados de conformidad con el principio de asociación (con la participación activa de las autoridades regionales y locales y de los interlocutores económicos y sociales)− en la mejora de, entre otros, el empleo, el crecimiento y el desarrollo local en las zonas rurales, considerando, adicionalmente, las intervenciones para las zonas rurales que van más allá de la agricultura: I) inversiones externas a la explotación e infraestructuras agrarias; II) cooperación (principalmente iniciativa LEADER); y III) creación de empresas rurales. Intervenciones que representan el 8% de la asignación financiera total de la PAC (incluidos la cofinanciación nacional y los complementos) que contribuye directamente al desarrollo de unas zonas rurales, más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas complementando los presupuestos específicamente agrícolas y, en algunos casos, apoyando los servicios sociales, los parques naturales, los sistemas de movilidad rural o la creación de empresas en sectores distintos de la agricultura.

No obstante, el Informe detecta que el nivel de ambición ha disminuido en general en los últimos años, en particular en lo que respecta a la conectividad digital y el transporte. Más allá de la agricultura, el Informe concluye que ámbitos como las empresas rurales y la innovación, la conectividad o la inclusión social merecerían mayor atención.

La CE entiende que alcanzar los diez objetivos comunes de la visión rural y promover los cuatro ámbitos de actuación para lograr unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas de aquí a 2040, requiere un esfuerzo a largo plazo que exige acciones y políticas sostenidas a lo largo de los períodos de programación en todos los niveles de gobernanza, sirviendo los documentos ahora establecidos como base para proponer las acciones correspondientes en los Presupuestos de la UE para el período posterior a 2027. Y, para alcanzar estos objetivos, la CE cree fundamental dinamizar un Pacto Rural que movilice a las autoridades públicas y a las partes interesadas para que actúen en función de las necesidades y aspiraciones de los residentes rurales.

Incidencia de las protestas agrícolas en España.

Tras la aprobación por el Consejo Europeo de la señalada reforma del Reglamento y las incidencias sobre la Ley de Biodiversidad y el Desarrollo Rural comentados, en España el ministro de agricultura se ha mostrado mucho más flexible con las demandas de los agricultores, ofreciendo un paquete de 43 medidas específicas[6], distribuidas en siete áreas de actuación: 1) Simplificación y flexibilización de ciertos aspectos de la PAC, en línea con la reforma del Reglamento. 2) Condiciones en los mercados agroalimentarios internacionales. 3) Refuerzos en la aplicación de la Ley de la Cadena. 4) Seguros Agrarios. 5) Medidas fiscales, financieras y laborales. 6) Ganadería extensiva y sanidad animal.7) Relevo generacional e incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

Todos los apartados tienen consecuencias muy favorables para el sector agrícola y el desarrollo rural y solo el quinto (en la medida en que se sigue subvencionando el uso de combustibles fósiles, con las correspondientes consecuencias sobre las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) y la contaminación) y el primero tienen una incidencia ambiental negativa, este último en paralelo a lo comentado para la reforma del Reglamente europeo.

En todo caso, podemos destacar el indudable triunfo de las reivindicaciones asociadas a las protestas agrícolas que, fundamentalmente, han conseguido sensibles mejoras en capítulos acordes con la racionalidad de sus demandas:

  • Con respecto al segundo apartado, se asume el compromiso de igualar las condiciones de producción de los productos importados respecto a los producidos en la UE con, entre otros aspectos, la defensa en los foros, comunitarios y multilaterales, que, en los acuerdos comerciales con terceros países y en la Organización Mundial del Comercio, los productos agrícolas y ganaderos importados estén sometidos a las mismas reglas que los productos comunitarios, particularmente en lo referido al empleo de los productos fitosanitarios autorizados en la UE (cláusulas espejo). Medida que evitaría que en los acuerdos con terceros países la alimentación sea la tradicional contrapartida favorecedora de estos, para compensar la ventaja europea para los sectores industriales y de servicios en estos acuerdos.
  • En el tercero se intenta corregir los fallos demostrados en el diseño y aplicación de la Ley de la cadena alimentaria, con la novedad de asumir la propuesta de revisión de la Directiva de prácticas comerciales europeas.
  • Con respecto a los seguros agrarios, ya comentamos en el artículo anterior los correctos compromisos que se asumen desde la perspectiva de excluir las catástrofes asociadas a fenómenos climatológicos extremos de las primas del mismo, así como destacar el trato corrector que se establece para jóvenes, agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que sean personas físicas.
  • Con respecto a las Medidas fiscales, financieras y laborales se mantienen las ventajas diferenciales sobre impuestos especiales, carburantes y combustibles especiales de uso agrario, así como sobre fertilizantes, lo que no ayuda al avance en la descarbonización ni descontaminación buscada, y se establecen mejoras en fiscalidad, ayudas y préstamos bonificados claramente favorables para el sector.
  • Con respecto a la Ganadería extensiva y sanidad animal se incorpora el compromiso de colaborar en la financiación de su aplicación, disminuyendo los costes correspondientes para el ganadero.
  • Y, con respecto al Relevo generacional e incorporación de jóvenes a la actividad agraria se compromete a una búsqueda conjunta con las comunidades autónomas de posibles soluciones al problema.

En todo caso, de este conjunto de medidas, detallamos las 15 que tienen que ver con la simplificación y flexibilidad en la aplicación de las BCAM, teniendo que destacar, como ya hemos hecho en el comentario a la reforma del Reglamento, las consecuencias ambientales negativas, mayores o menores, directas o indirectas, de todas ellas. En concreto, Agricultura propone la modificación, incrementado la flexibilidad de su aplicación de:

  • BCAM 5 sobre la gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión del suelo, lo que incluye tener en cuenta la inclinación de la pendiente. Instrumento: Modificación del PEPAC.
  • BCAM 6 sobre cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en periodos sensibles. Instrumento: Propuesta de modificación del Reglamento 2021/2115 adoptada por la Comisión Europea (15/03/24) y modificación del PEPAC. Aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024. También se propone exceptuar de las obligaciones de esta BCAM a los cultivos herbáceos que no dejan rastrojo (esta modificación sería de aplicación a partir de la Solicitud única 2025).
  • BCAM 7 sobre Rotación en tierras de cultivo. Instrumento: Propuesta de modificación del Reglamento 2021/2115 adoptada por la Comisión Europea (15/03/24) y modificación del PEPAC. Aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Se propone dar la posibilidad a los agricultores de cumplir con los requisitos de esta BCAM, bien mediante la rotación tras tres años, bien mediante la diversificación (con los mismos umbrales de cultivos principales definidos para el pago verde en el periodo anterior).
  • BCAM 8.1 sobre porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies y elementos no productivos. Instrumento: Propuesta de modificación del Reglamento 2021/2115 adoptada por la Comisión Europea (15/03/24) y modificación del PEPAC. Aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Se propone la eliminación de las obligaciones de la BCAM 8.1 relativas a la necesidad de establecer un porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies y elementos no productivos.
  • Eximir de los controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a aquellas explotaciones de hasta 10 hectáreas. Instrumento: Propuesta de modificación del Reglamento 2021/2116 adoptada por la Comisión Europea (15/03/24).
  • Medidas de flexibilización y simplificación para aplicar las ayudas a los ecorregímenes de la PAC, tanto en materia de pastos como en tierras de cultivo o espacios de biodiversidad. Instrumento: Modificación del PEPAC.
  • Flexibilidades para aplicar los ecorregímenes de la PAC en la Solicitud Única 2024 en reducción de carga ganadera mínima, incremento del porcentaje de barbecho y realización de labores superficiales en cubiertas de leñosos. Instrumento: Interpretación de la Autoridad de Gestión del PEPAC y flexibilidades a aplicar por parte de las autoridades competentes de las CCAA.
  • Proponer a la Comisión Europea que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos geo-etiquetadas para demostrar el estado de sus cultivos o de cualquier otro requisito establecido en las ayudas. Instrumento: Modificación del PEPAC y del Reglamento de ejecución 1173/2022 (DOC COM 22/02/24).
  • Medidas para facilitar la aplicación del cuaderno digital de explotación. La puesta en marcha del cuaderno digital tendrá carácter voluntario. Adicionalmente, se simplificará el contenido del cuaderno digital a los efectos de la información relevante para la administración, y el MAPA concederá ayudas tanto a la creación y prestación de servicios de asesoramiento digital a los agricultores y ganaderos, como a la formación y al intercambio de conocimiento.
  • Prorrogar, aplazándolo en un año, la obligatoriedad de la identificación electrónica para los bovinos. Instrumento: modificación del Real Decreto 787/2023.
  • Prorrogar, aplazándolo en un año, la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las explotaciones ganaderas. Instrumento: modificación del Real Decreto 364/2023.
  • Flexibilizar ciertos requisitos de la aplicación del real decreto de ordenación bovina. Instrumento: Real Decreto 1053/2022. El plan de bienestar animal, exigible a las explotaciones bovinas, se aplicará a todas las explotaciones a partir de 2027, de manera que se eliminan las excepciones para determinados tipos de explotaciones para las que se exigía el plan a la entrada en vigor del real decreto.
  • Aplicación simplificada del Reglamento 2023/1115, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Instrumento: medidas de aplicación por el MAPA. Aplicación de manera simplificada para el sector de vacuno de carne español, de manera que los ganaderos y operadores no tengan que soportar carga burocrática alguna y puedan basar el cumplimiento con el reglamento en la aplicación de la normativa actual sobre registro de explotaciones y trazabilidad.
  • Medidas de simplificación en relación con la aplicación del real decreto de nutrición de suelos. Instrumento: Real Decreto 1051/2022. Se propone retrasar un año la obligación de adoptar el plan de abonado y un año respecto a esta obligación, la obligación de contar con un asesor de fertilización.
  • Establecer el principio de inspección única integrada a los agricultores y ganaderos, previo acuerdo con las comunidades autónomas, de manera que se evite que se produzcan más de una inspección al año.

Como conclusión, las protestas de los agricultores han significado una clara mejora de su situación en muchos aspectos, con incremento de su participación relativa en los fondos y ayudas estatales. Pero también, desde la perspectiva ambiental, han conseguido dejar las cosas como estaban respecto a la mayor parte de las mejoras ambientales necesarias en el campo español, que trataba de incorporar la PAC 2023-20 , anulando, retrasando o flexibilizando su materialización, con la reducción de los costes que en algunos casos implicaban para la producción del sector.

Este retroceso en la sostenibilidad y adecuación ambiental, que pretendía la PAC 2023- tiene el problema, como se ha señalado, que no solo viene desde el sector agrario, sino que existe una fuerte presión para retrasar, “suavizar” o corregir la aplicación de medidas como la Ley de Biodiversidad, la reducción de pesticidas y fertilizantes o la reducción de emisiones para mejorar la calidad del aire, todas ellas con fuerte incidencia sobre la salud de las personas y el buen estado de los ecosistemas.

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[1] Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116 en lo que respecta a las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, las modificaciones de los planes estratégicos de la PAC, la revisión de los planes estratégicos de la PAC y las exenciones de controles y sanciones.  https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2024)139&lang=es

[2] Los Planes estratégicos de la PAC asignaban el 32% del presupuesto total de la PAC (alrededor de 98.000 millones de euros) a acciones voluntarias para promover los objetivos medioambientales, climáticos y de bienestar animal.

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_24_1002

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:COM_2024_0450_FIN

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:SWD_2024_0451_FIN

[6] https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/43medidasdeapoyoalsectoragrarioespanol_tcm30-679550.pdf