La rapidez con la que se está produciendo el desarrollo tecnológico durante las últimas décadas, está teniendo entre sus múltiples consecuencias un crecimiento masivo del uso de internet por parte de los ciudadanos en prácticamente todos los ámbitos de su vida.

Así, en esta nueva era tecnológica-digital, en España, se ha producido una conectividad masiva de la población que se refleja en que el 89,2 por ciento de los españoles utiliza internet. Una conectividad que además es constante.

Un 78,9 por ciento lo utiliza diariamente; un 6,9 por ciento, varias veces por semana; un 2,4 por ciento, una vez por semana; un 0,9 por ciento, menos de una vez por semana; y un 10,8 por ciento, no utiliza internet, porcentaje compuesto principalmente por la población más mayor, según los datos de la encuesta Inseguridad en la red, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en febrero de 2024.

Este mundo conectado, con constantes avances tecnológicos que van por delante de las leyes en cuanto a regulación, con empresas tecnológicas cada vez más poderosas y fuera de control, con redes cada vez más complejas, está provocando incertidumbre en amplias capas de la población que ven con miedo como estos vertiginosos cambios les están afectando y pueden afectar a su vida cotidiana de manera muy rápida.

Uno de esos miedos tiene que ver con los riesgos asociados con el uso de internet. Así, ante la pregunta: “En una escala de 0 al 10 en la que 0 significa nada preocupado/a y 10 muy preocupado/a, ¿cómo de preocupado/a está Ud. sobre los riesgos asociados con el uso de Internet?, se puede observar que un 60,2 por ciento de los españoles se sitúa en los tramos entre el seis y el diez, lo que significa que la preocupación es elevada.

Una preocupación que no solo es general, sino que tiene su reflejo, en una serie de acciones concretas dentro de este mundo conectado donde desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento se puede lanzar un ciberataque y ser objetivo de este.

Así, los riesgos asociados al uso de internet que generan más inquietud son: el acceso no autorizado a información personal, para un 77,2 por ciento; los delitos sexuales, para un 76,8 por ciento; el robo de identidad para el 76,1 por ciento; los enlaces fraudulentos a través de mensajes de móvil, para un 74,3 por ciento; las estafas en páginas web, para un 73,4 por ciento; el acceso a contenido inapropiado para menores, para el 72,3 por ciento; y correos electrónicos fraudulentos, para el 68,3 por ciento.

La preocupación es real, porque el porcentaje de población que asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año es muy alto. Concretamente, un 47,4 por ciento de los españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año.  Y son los jóvenes de entre 25 y 34 años quienes más sufren las estafas o intentos de estafa, un 61,3 por ciento.

Pero ¿Qué tipo de estafas? De los españoles que aseguran haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año un 84,2 por ciento afirma haber recibido correos electrónicos o mensajes de móvil sospechosos solicitándole información personal o financiera; un 63,5 por ciento ha recibido mensajes falsos o intentos de estafa a través de WhatsApp; un 36,7 por ciento, ha sido victima de algún intento de timo o estafa en plataformas de compras online; y un 15,3 por ciento, ha sufrido algún robo o suplantación de su identidad en redes sociales o sitios web.

Otro hecho a destacar es que la mayoría de los españoles que han sido víctimas de algún tipo de estafa en Internet no lo han denunciado. Concretamente, un 55,5 por ciento no denunció el incidente a las autoridades pertinentes, mientras un 26,2 por ciento si lo hizo.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que es preciso incrementar la seguridad y la protección de nuestros datos, una asignatura pendiente que tenemos que corregir para intentar evitar disgustos. ¿Cómo? Con educación, pero fundamentalmente con medidas legales, técnicas y de colaboración internacional porque muchos de los ataques se producen fuera de las fronteras nacionales para evitar las posibles consecuencias legales.