En el constante goteo informativo del independentismo catalán, los días 22 y 23 de mayo pasados han sido particularmente interesantes. Por una parte, el día 22 de mayo el Presidente Puigdemont dio su conferencia en las dependencias municipales de Madrid (véase Javier García Fernández: “El Ayuntamiento de los madrileños se presta a colaborar con los independentistas catalanes”, Sistema Digital, 17 de mayo de 2017) y, de otra parte, El País de los días 22 y 23 de mayo filtró el contenido del proyecto de Ley de Secesión que sólo conocen unas pocas personas en Cataluña. Por su tono, la conferencia y el texto filtrado parecerían proceder de personas o entidades distintas pero, si nos fijamos, es bastante coherente esa aparente divergencia.

El texto de la conferencia de Pugdemont y los de sus teloneros, Junqueras y Romeva, fue lo esperado: oferta de diálogo. Pero la oferta de diálogo es la misma de quien está empeñado en cortar un brazo a otra persona que no se lo quiere cortar: si uno no quiere que le corten el brazo no es diálogo negociar, si se corta de una forma u otra, se dialoga sobre cortar o no cortar. Con los independentistas ocurre lo mismo, pues quieren dialogar y hasta negociar lo que no es negociable, la unidad de España, unidad que entraría en riesgo real si se sometiera a referéndum la posibilidad de trocear España. Habría posibilidad de diálogo y de negociación si lo que quisieran negociar es la reforma del Estatuto de Autonomía, otro tipo de Hacienda, un nivel más alto de competencias o, incluso, una relación bilateral. Pero los independentistas no quieren negociar esas cosas sino la vía más rápida y más fácil hacia la independencia. Por eso es falaz invocar, como ha hecho Puigdemont, al Presidente Suárez y a su relación con Terradellas: Terradellas no pretendía separar Cataluña de España y, además, fue elegido como interlocutor porque se pensaba que sería más fácil negociar con él que con la izquierda socialista y comunista del PSC y del PSUC. Ya está bien de trampas con la Historia. Esa actitud, pseudo-legitimada por un inexistente derecho a decidir, refuerza el inmovilismo de Rajoy.

Y la prueba de que los independentistas sólo quieren negociar la vía más rápida y más fácil hacia la independencia es el texto filtrado por El País de lo que parece ser la Ley que declare la independencia de Cataluña: o me permiten celebrar el referéndum o declaro la independencia, dicen estos señores. Pero el texto dice muchas más cosas que la nuda decisión de secesión: la organización y control del Poder Judicial desde el Gobierno (como nos contó el indiscreto de Vidal), una Administración electoral al servicio del secesionismo y con poder para controlar la campaña y los medios de comunicación, apoyo económico a los independentistas en el posterior referéndum. Sólo con la represión y la presión desde los poderes públicos alcanzarían los secesionistas sus objetivos. Algo filtró el Magistrado Vidal y lo terminó de contar, imprudentemente, Llach, como comentamos recientemente (Javier García Fernández: “Lluís Llach predice sufrimientos a los funcionarios catalanes”, Sistema Digital, 4 de mayo de 2017). No se puede decir que, de una forma u otra, no lo vayan advirtiendo: quieren sustituir la democracia española por el autoritarismo catalán, un régimen cómodo sólo para secesionistas. Es decir, que en cuanto se tiene ocasión de rascar aparece el verdadero espíritu de los independentistas, que es organizar un régimen autoritario, dictatorial, en Cataluña porque sólo con la represión se puede tener callada a la mitad de la población región que no quiere la independencia.

Hace tiempo, señalé en un artículo la responsabilidad moral de los juristas que estaban colaborando en la ruptura de España (Javier García Fernández: “La independencia de Cataluña”, El País, 17 de julio de 2014). Creo que ahora hay algo más que responsabilidad moral. Hay responsabilidad penal y haría bien el Ministerio Fiscal en indagar hasta donde llega la participación de eximios y eximias constitucionalistas que están trabajando a favor del golpe de Estado. Porque los textos difundidos por El País tienen autor.