La segunda gran crisis del siglo XXI, la primera fue la de 2008, ha puesto de manifiesto una vez más que son los Estados nacionales los que han tenido que enfrentar con todos los recursos a su alcance los problemas económicos, sociales y, en este último caso, sanitarios de sus países. Nadie ha tenido dudas de que esto debía ser así, por lo que se ha corrido un tupido velo sobre las doctrinas que, desde principios de los años 90 del siglo pasado, extendieron la idea de devaluación de lo público, acompañadas de propuestas encaminadas a reducir el papel de los Estados en sociedades avanzadas cuyos sectores privados, a juicio de los proponentes, tenían medios más que suficientes para atender las demandas sociales. Era la sublimación del liberalismo primitivo en combinación con la pujanza del capitalismo financiero que inició su andadura en la Unión Europea, sobre todo a partir del Tratado de Maastricht de 1992, y que nos ha traído hasta aquí. Pero, desde mi punto de vista, la realidad y los problemas sucesivos en el continente europeo han desmentido tales teorías y, por ello, parece obligada su revisión para reivindicar al Estado con el fin de que, en su caso, pueda ejercer los derechos que le corresponden como administrador de los recursos de los contribuyentes.

España, al contrario de otros países europeos, tiene escasa experiencia de participación del Estado en la administración de sociedades. Solo durante el franquismo hubo protagonismo estatal para impulsar la industrialización del país con la creación del Instituto Nacional de Industria, que desempeñó un papel estelar en el desarrollo económico desde los años 50 hasta bien entrados los 70 del siglo pasado. Fue la época de las grandes empresas públicas que actuaban en diferentes sectores de la economía, sobre todo en aquellos considerados estratégicos: minería, petróleo, electricidad, gas, aerolíneas y una parte del sector bancario, con la denominada banca de fomento en los sectores de la industria, de las hipotecas y de la exportación, por citar algunos ejemplos. Pero de todo aquello, que dio frutos positivos a la sociedad española, no quedan ni las raspas, dicho en términos vulgares. Las reconversiones de los años 80 y las privatizaciones de los 90 redujeron ostensiblemente la presencia del Estado en el mundo de las empresas hasta el punto de convertir en tabú cualquier planteamiento corrector, aunque sea parcial.

Sin embargo, en países cercanos y referentes nuestros, casos de Francia y de Alemania, por no hablar de los Estados Unidos de América en tiempos de crisis, la presencia del Estado en empresas se mantiene, bien es verdad que no con el mismo vigor que en las décadas de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, que es lo importante, se reconoce la legitimidad del Estado para participar en la administración de aquellas empresas que, por las razones que sean, requieran de ayudas públicas o rescates. Desde la crisis de 2008, los ejemplos de ello son numerosos y, desgraciadamente, la pandemia actual y sus secuelas económicas y sociales, aumentaran la nómina de empresas necesitadas de apoyos y rescates varios por parte de diferentes Estados. Es un fenómeno que adquirirá unas dimensiones difíciles de evaluar ahora, aunque de su importancia no cabe duda alguna. Y España no será una excepción.

Las urgencias y necesidades de la crisis han obligado al Estado español a una movilización de recursos inimaginable, consecuencia de tener un tejido económico muy frágil y además profundamente afectado por la parálisis del confinamiento prolongado y por el cierre de fronteras que aún perdura. El turismo, la hostelería y las líneas aéreas, sin descartar otros, parecen los mayores damnificados y sin duda necesitados de reestructuraciones para salvar la viabilidad de aquellas empresas que puedan continuar sus negocios en un marco de actuación distinto al anterior a la pandemia, Probablemente, ese marco habrá de ser definido en los diversos planes de reconstrucción que las autoridades españolas, en concurso con el mundo empresarial, deberán plantear tanto a las instituciones de la UE, para recibir las ayudas prometidas, como a la propia sociedad española a modo de guión para las próximas dos décadas.

Todavía se desconoce el inventario de los daños producido, pero sí vamos conociendo el esfuerzo de los poderes públicos para evitar un cataclismo económico y social. Sólo en los ERTE, recién prorrogados hasta final de septiembre, se han invertido más de 20000 millones de euros a los que habrá que sumar otro tipo de apoyos directos e indirectos, cuya factura se conocerá los próximos meses. Es difícil separar el grano de la paja, me refiero a quienes podrán continuar con sus negocios y quienes no podrán hacerlo. De momento, todo está embalsado temporalmente, pero este embalsamiento no podrá durar más allá del otoño. Y cuando eso ocurra habrá que tener claras algunas ideas y proyectos, que, a mi juicio, trascienden a lo que sería la elaboración de unos presupuestos públicos ordinarios.

De ahí la necesidad de reflexionar sobre lo venidero con el afán de ir construyendo sobre bases firmes un nuevo sentimiento de lo público entre las generaciones a las que tocará ejecutar los cambios, poniendo énfasis en que los recursos de todos requieren ser administrados con la máxima exigencia de lo que siempre se ha entendido como buen gobierno. Y entre esa exigencia debe contemplarse que el Estado, en algunos casos, cogestione con la iniciativa privada la mejor ordenación posible de los apoyos públicos aportados o que se aporten en el futuro para superar el estado de cosas actual.