En una crisis como la que sufrimos en todo el mundo, es necesario que el Estado, el poder público, funcione con eficacia, eficiencia y rapidez. No me refiero sólo a las cuestiones sanitarias o de protección civil, que son necesarias para hacer frente a la pandemia. Me refiero al funcionamiento de todo el Estado, de todos sus órganos, que han de actuar conforme a lo que ha previsto y regulado la Constitución.  Se puede pensar, incluso, que si un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial o el Congreso de los Diputados no funciona, el tema puede ser poco relevante en relación con la pandemia, porque las funciones de estos órganos no inciden, en apariencia, en la gestión sanitaria. Todo lo contrario. No se trata sólo de que la economía general del sistema exige que cada órgano del Estado cumpla adecuadamente con sus funciones sino también de que ese funcionamiento incide en la buena gestión administrativa y, por ende, en la buena gestión sanitaria.

Viene a cuenta esta reflexión cuando vemos que el Partido Popular, como comentábamos semanas atrás, sigue bloqueando la renovación de varios órganos constitucionales y cuando salen en la prensa comentarios sobre la “geometría” del acuerdo para aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que abre a su vez un punto de duda sobre la aprobación o no de los mismos. Ambas circunstancias inciden sobre el funcionamiento de un Estado, el Estado democrático, que si sufre obstrucciones deja de funcionar adecuadamente. Veamos el primer  caso esta semana para comentar el segundo caso la próxima.

Como veíamos recientemente, el Partido Popular, bajo argumentos falaces y cambiantes, no quiere participar en la renovación de los siguientes órganos del Estado:

  • Todo el Consejo General del Poder Judicial.
  • Cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Consejo de Administración del Ente Público RTVE.

El primero es un órgano constitucional (para la doctrina, un órgano constitucional es aquel cuya existencia  y régimen jurídico está fijado en la propia Constitución) que tiene como función administrar el Poder Judicial. El segundo, que también es un órgano constitucional, es el Tribunal Constitucional, que, como bien explicó Hans Kelsen, es el defensor de la Constitución, un órgano no integrado en el Poder Judicial que protege a la Constitución contra las vulneraciones que pueda sufrir en las Leyes que se aprueben. El tercero de estos órganos, el Defensor del Pueblo, no tiene la calificación de constitucional porque su régimen jurídico básico no está en la Constitución (para los doctrina italiano, es un órgano de relevancia constitucional), y es el comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades. El cuarto órgano, el Consejo de Administración del Ente Público RTVE, no está previsto en la Constitución, y tiene como función gestionar con imparcialidad los medios de información radiotelevisivos del Estado. ¿Cuáles son las ventajas políticas quer obtendrá el Partido Popular al boicotear la renovación de estos órganos?

La ventaja más importante y más práctica la da la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay, desde hace décadas, una alianza estratégica entre el Partido Popular y la Asociación Profesional de la Magistratura [APM, el sindicato judicial conservador] y esa alianza se ha expresado en torno al Consejo General del Poder Judicial pues la mayoría conservadora del Consejo ha  impulsado el nombramiento de Jueces y Magistrados afiliados a la APM para los cargos de responsabilidad en el Poder Judicial (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional con sus respectivas presidencias). Cuando el Consejo General del Poder Judicial tiene mayoría conservadora llena los cargos importantes del Poder Judicial con afiliados de la AM. Eso es lo que está pasando ahora y el actual Consejo no se contiene en nombrar Jueces y Magistrados para los puestos clave del Poder Judicial. Es verdad que con prorrogatio el Consejo General del Poder Judicial está en plenitud de funciones jurídicamente hablando pero no tiene legitimidad política y debería autolimitarse en la política de nombramientos pero no lo hace. Por eso, cuanto más boicotee el Partido Popular la renovación del Consejo, más Magistrados de derechas ocuparan la cúspide judicial.

El caso de la renovación del Tribunal Constitucional es diferente. Actualmente no está en prorrogatio ningún Magistrado pero los cuatro elegidos por el Congreso de los Diputados cesan en julio de 2021 por lo que es el momento de iniciar el procedimiento de renovación.  Las consecuencias de no  elegir a los cuatro Magistrados no son gratuitas. Tres de los Magistrados responden a planteamientos conservadores aunque quizá en alguno de ellos el criterio de selección pudo ser una orientación más progresista. Además, dos de estas personas ocupan la Presidencia y la Vicepresidencia. Y para redondear el cuadro, el único Magistrado realmente progresista está pasando una situación atípica porque, según la prensa, está acusado de violencia de género. Todo esto supone que una prorrogatio del Tribunal Constitucional a partir del próximo mes de julio dejaría en la cúpula del órgano a dos personas de orientación conservadora, Presidente y Vicepresidente, cuando lo normal es que tras la renovación, la presidencia del órgano correspondiera a un Magistrado progresista. Además, entrarían en el Tribunal otros dos Magistrados progresistas a sustituir a una persona alineada en posiciones conservadoras y a otro acusado de violencia de género. No es malo el resultado para el Partido Popular.  

La sustitución del Defensor del Pueblo es más curiosa. Es el único órgano del Estado donde no hay prorrogatio, de modo que la Defensora del Pueblo de origen conservador (Soledad Becerril) cesó al cumplir su mandato y fue sustituida por el Adjunto Primero, de origen progresista. Ese es el precio que está dispuesto a pagar el Partido Popular; pierde el Defensor del Pueblo a cambio de controlar ilegítimamente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

También es peculiar el caso del Ente Público RTVE. Con una Administradora única provisional, la derecha está interesada en que el servicio público de radio y televisión se degrade. Y es lo que está consiguiendo.

La responsabilidad del Partido Popular es muy elevada. Para dominar dos de los más importantes órganos constitucionales prefiere que se incumpla la Constitución y que  los propios órganos se desprestigien al practicar una política conservadora de oposición al Gobierno.