Alexis de Tocqueville pudo comprobar que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos ocupa un “alto rango (…) entre los grandes poderes del Estado” y que, al examinarlo detenidamente, es seguro que “nunca se ha establecido un poder judicial mayor entre ningún pueblo”. Este inmenso poder fue otorgado expresamente a dicho tribunal por los padres fundadores que querían y necesitaban un poder judicial fuerte frente a una Confederación moribunda. Y a lo largo de estos siglos “el Tribunal Supremo ha participado intensamente en la que puede verse como una continua pugna entre los tres poderes separados para tratar de alcanzar una posición de predominio, si no de control, en el sistema político americano” (Henry J. Abrahan).

Para comprender bien las palabras del autor de “La democracia en América” basta con confrontar nuestro sistema jurídico, como el de Francia e Italia, con el anglosajón, entre los que se encuentra el norteamericano. Nuestro modelo continental parte de la supremacía de la norma aprobada por el legislador, dejando a los jueces su interpretación y aplicación al caso concreto. En el sistema anglosajón la primacía se residencia en el propio poder judicial, dado que se parte de la idea de que los buenos jueces apenas necesitan leyes para resolver con sentido de la justicia los problemas jurídicos de los ciudadanos y, por lo tanto, son ellos quienes aportan seguridad jurídica a las personas y a la convivencia en sociedad por medio de sus decisiones. De ahí que, frente a la primacía de la ley en nuestro sistema jurídico, en el modelo anglosajón tenga una importancia capital la jurisprudencia, hasta el punto de que puede afirmarse sin exageración que son los jueces quienes crean el derecho (judge made law).

Llama igualmente la atención que el proceso de selección de los jueces del Tribunal Supremo está “altamente politizado” (Henry J. Abrahan), pues como señala este autor “los jueces se eligen mediante un proceso político controlado por políticos, que prima la militancia política y la ideología”. La Constitución atribuye al Presidente, mediante y con el consejo y el consentimiento del Senado, la designación de los jueces del Tribunal Supremo. En esa batalla por la nominación, en la que toman parte grupos políticos, ideológicos, religiosos y económicos, priman los rasgos ideológicos sobre el mérito y la capacidad.

Con el nombramiento de la jueza Amy Coney Barret, el dominio conservador es abrumador (seis), frente a tres jueces progresistas. Magistrados nombrados, por cierto, por un partido que solamente ha obtenido la mayoría de sufragios ciudadanos una vez en las presidencias celebradas en las últimas tres décadas (las del 2004).

Ese formidable poder que ostenta el Tribunal Supremo se puede ejemplificar en la fuerte oposición y rechazo a las medidas legislativas del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en los años treinta hasta el punto de hablar del “Gobierno de los jueces”.

En la actualidad, son variadas y numerosas las cuestiones sociales y económicas pendientes ante dicho órgano judicial. Desde la Ley de Atención Sanitaria Asequible con la posibilidad de que millones de estadounidenses pierdan su cobertura sanitaria en caso de ser revocada la norma, el riesgo que corre la despenalización del aborto o la protección medioambiental. Hasta el punto de afirmar el Nobel de Economía, Paul Krugman, que en manos de esta Corte podría estar “el futuro de la civilización”.

En el sistema electoral, como no podía ser de otra manera, la intervención del Tribunal Supremo es decisiva. Configura el censo electoral, excluyendo del sufragio a las personas reclusas. Delimita el sistema de financiación, eliminando restricciones a los gastos de las campañas electorales. O pronunciando la última palabra sobre el recuento de votos y otorgando la victoria a uno de los candidatos, el republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore, como ha ocurrido en las elecciones del año 2000.

El resultado fue decidido por la mayoría conservadora del Tribunal. Su presidente, William Rehnquist, secundado por los jueces, Antonin Scalia y Clarence Thomas, señaló que “la elección de un presidente no es una elección cualquiera y que en determinadas circunstancias el Tribunal tiene que intervenir”. «Ésta es una de ellas».

Frente a esa mayoría de jueces que “no quieren quedar al margen, dejando la solución a otras instituciones más democráticas” (Larry Kramer), se alza una minoría señalando que “esta no es una ocasión para intervenir”, porque la ley del Estado de Florida establece que de lo que se trata es de saber cuál es la intención del votante al emitir su voto y, por lo tanto, corresponde solamente a Florida decidir cómo se determina esa voluntad. En opinión de los disidentes, las dudas sobre la constitucionalidad del escrutinio habrían de ser resueltas por el Tribunal Supremo de ese Estado y la decisión de la mayoría supone una «no declarada falta de confianza en la imparcialidad y capacidad de los jueces del Estado».

Un Tribunal Supremo profundamente dividido entre conservadores y progresistas resolvió que no había lugar a un nuevo recuento de votos en Florida por falta de garantías constitucionales. Su polémica intervención en el proceso electoral fue clave en el resultado final. «La apariencia de división corre el riesgo de socavar la confianza del pueblo en el propio tribunal», escribió el juez Stephen G. Breyer. «Corremos el peligro de autolesionarnos, una herida que puede dañar no sólo a este tribunal, sino a la nación».

Es incuestionable por ello la batalla política por el control de este Tribunal. Las palabras del presidente Donald Trump no pueden ser más reveladoras: «Creo que esto (las elecciones) acabará en el Tribunal Supremo, y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces».