Siete de cada 10 españoles opinan que el Estado sí debe intervenir en la economía. Concretamente, el 68,7 por ciento tienen esa opinión, frente a un 23,1 por ciento que consideran que el Estado no debe intervenir en ella. Por su parte, un 3,2 por ciento afirma que el Estado debe intervenir dependiendo de las condiciones económicas, y un 1,9 por ciento tiene dudas, según la encuesta sobre tendencias sociales realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La confirmación de este apoyo mayoritario a la intervención del Estado en la economía representa un mayor respaldo e incrementa la legitimidad de los gobiernos a la hora de plantear un cambio de agenda política que supere el modelo neoliberal de capitalismo.

Pero también, muestra que la inseguridad y el miedo al futuro, que tienen cada vez más ciudadanos, en unas sociedades tan cambiantes como las actuales, lleva a buscar al Estado como elemento equilibrador frente a un mercado insaciable que provoca cada vez más desigualdades.

Algo es evidente: ante el proceso de automatización y digitalización que estamos viviendo la mayor parte de los beneficios de la productividad se los están llevando los propietarios de las nuevas tecnologías, y no hay porqué renunciar a ellos para mejorar la igualdad en la sociedad.

Lo anterior viene a colación ante el acuerdo del Consejo de ministros donde se ha decidido la compra de acciones de Telefónica, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que entrará en la compañía con una participación en el capital de hasta un máximo del 10 por ciento, que cuando acabe la operación le convertirá en el primer accionista tras veintiséis años desde su completa privatización.

Esta decisión del Gobierno le alinea otra vez con unos españoles que quieren que el Estado intervenga en la economía y, al mismo tiempo, supone una importante decisión para el futuro y el presente de España que, de nuevo, desgraciadamente, desde la oposición, las derechas, critican cuando deberían estar de acuerdo, porque beneficia a los españoles, y porque es común en las democracias de nuestro entorno.

Alemania ostenta un 13,8 por ciento del capital de Deutsche Telekom; Francia, el 13,4 por ciento de Orange; e Italia, ha decidido en agosto de este año incrementar hasta el 20 por ciento su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

El objetivo de esta operación es contar, como señala el gobierno, con la presencia de un accionista público de referencia en el capital de esta compañía que refuerce su estabilidad accionarial y preserve las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales de una compañía que es estratégica para España en múltiples ámbitos, y especialmente en el sector de las telecomunicaciones, seguridad y defensa.

Es una operación de país. Es un acierto que además viene a manifestar una jerarquía de valores en nuestra sociedad donde se busca el progreso y el bienestar para todos.

En España, la importancia que se asigna al Estado en la economía se ha desenvuelto entre la legalidad emanada de la Constitución de 1978 y la realidad política y económica del triunfo de la ideología neoliberal a nivel global durante el último medio siglo.

De esta forma, en la Constitución, en su Título VII, Economía y Hacienda, se recogen una serie de artículos (128,129,130,131) que muestran la gran importancia que se da al papel del Estado en la economía. Partiendo del principio de que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Y mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

También se señala, que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Y se hace especial mención a que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Eso es lo que está haciendo ahora el gobierno, cumplir la Constitución, frente al proceso privatizador que supuso en el año 1996 el denominado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial. Que lo que significó fue la privatización total de unas 50 empresas, entre las que se encontraban las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc.

Para que España sea una potencia económica y social en el futuro, el Estado, al corregir los efectos disfuncionales del mercado, debe redefinir su papel en la economía y aumentar la importancia de las empresas públicas en el PIB nacional, fundamentalmente en sectores estratégicos y en nuevas líneas de desarrollo económico relacionadas con las nuevas tecnologías y el medioambiente.

Y lo que sería deseable, para que sea una construcción histórica, es que se realizara con un amplio pacto económico y social de país que diera estabilidad a largo plazo a estas decisiones. Lamentablemente, la oposición está a otras cosas, y España no les puede esperar porque necesita seguir avanzando.