El negocio principal de la banca es la intermediación financiera, esto es, captar fondos de los ahorradores para prestarlo a consumidores y empresas. Así viene siendo desde tiempo inmemorial, si bien con la financiarización de la economía capitalista han ido en aumento las actividades puramente especulativas, así como el cobro de múltiples comisiones a los depositantes, quienes al final son los prestamistas de los bancos.

España e Italia son dos de los Estados miembros donde esta práctica es más acusada. Quien no ha oído decir a un amigo o conocido, empleado de banca, que “los bancos viven de las comisiones”. Pues desde luego en nuestro país parece ser así, donde el cobro de comisiones a los clientes representa miles de millones de euros, pero no es el caso en muchos otros países, donde las entidades financieras generan su beneficio fundamentalmente a través del tipo de interés sobre el crédito.

Es cierto que el margen por préstamo se ha reducido con la política monetaria del Banco Central Europeo, por lo que la banca tiene aumentar el volumen total de crédito, que es lo que busca precisamente el ente emisor del euro. La tentación en España y ahora en otros países consiste en tratar de compensar esta dinámica con nuevas comisiones.

El Parlamento Europeo, gracias a una enmienda del eurodiputado socialista Jonás Fernández a un informe aprobado en Estrasburgo el 14 de febrero de 2017, se ha pronunciado muy claramente contra el cobro de comisiones a los cuentacorrentistas que no estén ligados a servicios específicos[1], como ordenar una transferencia, emitir un cheque o el acceso a la banca electrónica.

Esto quiere decir que de acuerdo con la Eurocámara, no son aceptables las famosas comisiones de mantenimiento de la cuenta bancaria, que devalúan el capital de aquellos depositantes con ingresos reducidos o irregulares, ni tampoco las de apertura o cierre de cuenta, o por la recepción de transferencias.

Se trata de un posicionamiento político y por tanto no es jurídicamente vinculante, pero no tiene precedentes una condena tan rotunda de esta práctica, al tiempo que supone un aviso a navegantes. Si la banca española persiste en esta línea, la Unión Europea acabará legislando para erradicar legalmente el cobro injustificado y antisocial de estas comisiones.

Es ésta una nueva prueba de la utilidad del único parlamento supranacional con poder legislativo del mundo, y en general de la Unión Europea, un proyecto político de integración en clave federal de dimensión histórica, y que con gusto querrían desmantelar personajes como Miguel Urbán, responsable europeo de “Podemos”, Le Pen, Farage y Donald Trump.

[1] Véase el párrafo 135 en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0027+0+DOC+PDF+V0//EN