Cuando aún tenemos en carne viva el problema catalán, a puertas de unas elecciones decisivas (otras más) para saber qué piensan los catalanes, pues más que nunca serán plebiscitarias, se abre otro frente con el cupo vasco.

Es innegable que este cuestionamiento al cupo vasco que se hace hoy, y no ayer o el año pasado o hace unos años, responde a una nueva demanda que exige una revisión de las condiciones territoriales de nuestras autonomías.

En primer lugar, los escandalosos datos europeos que nos sitúan en el lamentable récord de la desigualdad social, donde surge la paradójica e incomprensible afirmación de que la economía mejora pero seguimos aumentando la brecha de la desigualdad. Evidentemente, no todas las Comunidades Autónomas sufren esta situación de la misma forma, porque no todas tienen las mismas oportunidades industriales y productivas, además no todas reciben la misma financiación.

Ese es el segundo de los problemas. La financiación. Cada vez es un grito más clamoroso que la financiación estatal está siendo absolutamente injusta con las Comunidades, especialmente algunas como la valenciana, cuyo presidente Ximo Puig ha conseguido, de forma discreta y eficaz, tres cuestiones fundamentales: revertir la imagen dañina de una comunidad corrupta, aumentar las inversiones económicas y hacerla “atractiva”, e unir a toda la sociedad civil en torno a la justa demanda de una mejor financiación. No creo que el gobierno de España pueda seguir haciendo oídos sordos.

Y, cuando todo está encendido, surge la votación rápida con el fin de asegurar los presupuestos generales del Concierto Vasco. Un hecho que se viene produciendo desde la transición, que está amparado por la Constitución, que supuso, como bien señaló Iñaki Gabilondo, “el cordón umbilical del País Vasco con España”. Pero, ¿por qué se plantea hoy su cuestionamiento?

Evidentemente porque el modelo territorial español está cuestionado porque su financiación, su reparto distributivo, las garantías de que todo español debe ser igual viva donde viva, no se cumple, y empieza a ser insoportable los índices de desigualdad entre unas comunidades y otras.

Hay una evidencia: el Estado español debe ya revisar las condiciones de su modelo territorial para profundizar en una equidad entre las Comunidades Autónomas, que garanticen la igualdad entre todos los españoles.

El sistema de financiación estatal es insuficiente, injusto e insoportable actualmente. Otro motivo más para no mirar hacia otro lado.