Según el informe, “Ganancias y Pobreza: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso”, editado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios que se obtienen por el trabajo forzoso ronda los 217.000 millones de euros al año. En los últimos diez años se han incrementado en 61.000 millones, un 37% más, gracias a que en el último año que recoge el estudio había 27’6 millones de personas en esta situación, que calcula que en solo cinco años se aumentó en casi 3 millones el número de trabajadores forzosos.

La industria con casi 32.000 millones de euros, seguida de los servicios con 18.800 millones, la agricultura con 4.000 millones aproximadamente y el trabajo doméstico con 2.420 millones son los sectores que aglutinan mayores beneficios tras la explotación sexual, que merece una referencia aparte.

A pesar de que esta lacra está extendida en todo el mundo y no distingue entre continentes o países, Europa y Asia Central con 70.000 millones de “negocio” son las zonas que más aportan, seguidas de Asia y el Pacífico con 50.000 millones de euros. África con 16.000 millones y los estados árabes con 16.000 millones.

Llevar acabo esta explotación supone unas prácticas intimidatorias terribles. La retención de pasaportes o cualquier otra documentación, la retención de salarios, la amenaza de despido, la intimidación y la violencia física son las más comunes. Desde luego estos trabajadores son tratados de forma inhumana y en su vida desconocen cualquier atisbo de los que son los derechos humanos.

Como decía más arriba, la explotación sexual merece una mención aparte, ya que representa tres cuartas partes del montante de los beneficios de este “negocio” (73%), aunque sus víctimas tan solo sean una tercera parte de los afectados (27%). Actualmente se estima en 7’4 millones los explotados sexualmente, de los cuales cuatro de cada cinco mujeres son niños o mujeres. El beneficio que por término medio extraen de cada una de estas mujeres o niños, ronda los 25.000 euros.

El informe también recoge que estos traficantes de personas y delincuentes generan actualmente cerca de 8.400 euros por víctima, frente a los 7.200 euros de hace una década.

Para la OIT es imprescindible invertir en medidas coercitivas para detener los flujos de beneficios ilegales y exigir responsabilidad a sus autores. Recomienda reforzar los marcos jurídicos, impartir formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ampliar la inspección laboral en los sectores de alto riesgo y mejorar la coordinación entre la aplicación de la legislación laboral y penal. Pero sin un enfoque integral donde se aborden las causas profundas y se proteja a las víctimas, difícilmente podrá avanzarse en su eliminación. Solo con medidas de aplicación de la Ley no se podrá avanzar en su erradicación.

Según Gilbert F. Houngho, Director General de la OIT: “El trabajo forzoso perpetua los ciclos de pobreza y de explotación y atenta contra el corazón de la dignidad humana. La comunidad internacional debe unirse urgentemente para tomar medidas que pongan fin a esta injusticia”.

Este segundo informe, se publica tras diez años de seguimiento y estudio del anterior, realizado en 2014, cuando se estimaba que los beneficios ilegales derivados del trabajo forzoso eran de 145.000 millones de euros aproximadamente.

Al decir de la OIT, “estos beneficios ilegales son los salarios que legítimamente pertenece a los bolsillos de los trabajadores, pero que, en cambio, quedan en manos de sus explotadores, como resultado de unas prácticas coercitivas”.

Este fenómeno atenta contra la humanidad, perpetúa la pobreza y vulnera los principios fundamentales del derecho y de la justicia social, y por ello los estados deberían tomar buena nota de este informe, para que bien a través de la Unión Europea, o por ellos mismos, se aumenten los instrumentos y los recursos para perseguir y eliminar esta vergüenza.