Según el Proyecto de informe sobre la pobreza de las mujeres en Europa (2021/2170(INI)) del Parlamento Europea que vio la luz el pasado 19 de noviembre, las mujeres de la Unión Europea están más afectadas por la pobreza y la exclusión social que los varones. Mientras el riesgo de pobreza y exclusión en 2020 involucró al 22,9% de las mismas, al 20,9% de los hombres, constatándose desde 2017, en todos los Estados integrantes, un aumento de la brecha de género (en 2019 la de las mujeres de los países de la UE-27 fue del 25,1 % (antes de transferencias sociales) y del 17,1 % (tras transferencias sociales)[1].

Paralelamente, desde el comienzo de la pandemia la tasa de empleo femenina ha bajado notablemente, incluso más que durante la crisis de 2008, de igual modo que disminuyó la intensidad de la mano de obra (en España, según datos de la EPA del tercer trimestre de 2021 la tasa de paro de las mujeres se elevó al 18,39%, a distancia de la de los varones: 14,39%).  Además, ellas suelen trabajar en sectores ocupacionales mal remunerados y con una mayoría de varones (con una brecha salarial del 14,1%), lo cual hace necesario avanzar en materia de salarios mínimos, rentas mínimas, etc. En el caso de las pensiones la brecha es prácticamente del 30%, lo que conlleva que las mujeres de la Unión Europea, según van cumpliendo años, se empobrezcan.

Las madres solteras, las mujeres mayores de 65 años, las que sufren algún tipo de discapacidad, tienen bajo nivel educativo y las de origen migrante son las más vulnerables. Privativamente, las familias monoparentales (mayoritariamente con madres a cargo de sus hijos) son entre las que se dan más casos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Tan solo en España la privación material severa afecta al 14% de los hogares monoparentales (el 81,3% están al frente de mujeres), una cifra que dobla la media del total entre todas las modalidades de hogares. Otro problema coligado a la pobreza femenina es que las hace más vulnerables a la violencia de género.

El 22 de noviembre fue presentado el Informe 2021: desequilibrios y cambios post-pandemia[2], en el que se afirma que “siguen manteniéndose los desequilibrios de género” en nuestro país. No en vano, en el año 2020 la tasa AROPE femenina llegó al 27,2 %, 1,2 puntos por encima de la del año 2019. Lo anterior se concreta en más de seis millones y medio de mujeres en riesgo de pobreza y/o exclusión social, medio millón más que en el caso de los varones[3].

Constatamos, por tanto, que la pobreza y la exclusión social implica tanto en la Unión Europea como en España, en mayor medida, a las mujeres. Se materializa además de en pobreza económica, en su imposibilidad para acceder a recursos variados y en el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía.

Debido a esta discriminación, desde el precitado proyecto de informe, se solicita a la Comisión que avance en la promulgación de una estrategia de lucha contra la pobreza para el año 2030, focalizando su atención en dar fin a la pobreza femenina y, por ende, a su transmisión intergeneracional. Para ello, proponen tener en cuenta variables como el origen migrante y étnico, la edad, la raza, la orientación sexual y la identidad de género. Se solicita a la Comisión que formalice un pacto asistencial para Europa con el objetivo de crear servicios asistenciales que incluyan la visión de género y medidas legislativas y económicas de amplio alcance. En este contexto, apuestan por implementar una política del uso del tiempo, que facilite la conciliación familiar y laboral. Se destaca el papel clave que juegan los servicios públicos en la lucha contra la pobreza de las mujeres, particularmente los relativos a los servicios de educación/atención a la infancia y los concernientes al cuidado de las personas mayores y dependientes.

En otro orden se pide a la Unión y a los Estados miembros que incorporen la perspectiva de género en las políticas de la Unión sobre el cambio climático, que apoyen a las mujeres que viven en situación de pobreza energética (específicamente a las mujeres mayores y madres solteras), a las que se instalan en la pobreza digital, que se fomente el empleo de las mujeres que viven en las zonas rurales, que se vele por que las políticas fiscales no sean discriminatorias respecto al género, que se atienda a esta dimensión en las reformas de los sistemas de pensiones y se potencie el acceso al mundo laboral de las de más edad.

Un ámbito de participación que valoro de suma importancia (también recogido en este documento) no es otro que favorecer la participación de las mujeres en las esferas de poder y en la política. Se trata de un tema que nos sitúa ante cuestiones de extrema relevancia vinculadas a nuestra madurez democrática, al debate sobre la obligatoriedad de su empoderamiento, así como a la necesaria articulación desde los poderes públicos de medidas que incrementen su actividad en este campo (cuestión de la que nos ocuparemos en otra ocasión), etc.

En definitiva, desde la Unión Europea se ha requerido la revisión de la gobernanza económica y social que rige en la actualidad y que se trabaje por una igualdad de género que sea plenamente efectiva.

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[1] Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work. Véase, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021

[2] Véase, https://www.dropbox.com/s/m4imzxdl92pua95/Informe%20Espa%C3%B1a%202021%20Completo.pdf?dl=0

[3] EAPN, El estado de la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España

2008-2020, Véase, https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-contexto-nacional.pdf