Esta sección de la revista pocas veces tiene la posibilidad de tratar buenas noticias en temas ambientales, aún en el marco de un Gobierno de coalición para España en el que el medio ambiente ha recuperado un protagonismo claro, cuyo desarrollo, a partir de la declaración de Emergencia climática de enero de este año, se vio en gran parte truncado por la pandemia.

No obstante, los avances guiados por la vicepresidenta cuarta en materia de transición ecológica y reto demográfico están siendo claramente positivos en España, aún en el marco de las insuficiencias de una sociedad de consumo capitalista globalizada, en la que el predominio de los intereses financiero especulativos dejan poco margen de maniobra fuera de un pragmatismo que, como señala Seaton[1], no es más que un seductor camino para mantener el statu quo.

En todo caso, el medio ambiente parece que va a estar muy presente en la política del elegido –y esperemos que definitivo- nuevo presidente de EEUU, Joe Biden; y su nombramiento de John Kerry (no precisamente un joven ecologista a sus 76 años) como enviado especial para el clima y futuro miembro del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, es una noticia para alimentar un cierto optimismo, dadas sus últimas actuaciones en la creación de World War Zero[2], una coalición diversa de personas dispuestas a combatir por el freno al calentamiento global, integrada por políticos, militares, científicos, influencer y famosos, que aboga por una acción conjunta y global contra la crisis climática.

Si finalmente con el nuevo Presidente EEUU se adhiere y pone en marcha las políticas para conseguir emisiones netas cero para el 2050, a la par que la UE; y China mantiene su compromiso de iniciar el descenso de sus emisiones en 2030 para conseguir el mismo saldo nulo de emisiones netas en 2060, estaremos ante una buena noticia que, aunque muy insuficiente para frenar el calentamiento global esperado, al menos servirá para acotar su magnitud y sus negativos efectos. Cuanto y hasta qué temperatura es imposible de precisar porque, como ya hemos señalado en otras ocasiones en esta sección, los denominados tipping points potenciales (límites de procesos que si se superan pueden producir saltos cualitativos que desborden las previsiones estándar) pueden incidir en salidas globales a la atmósfera -muy significativas- de metano o carbono confinados, trastocando las previsiones de calentamiento del IPCC por el lado más negativo.

Lo que nos lleva a recordar que la correlación de la magnitud del calentamiento global con el incremento de desastres naturales aparece cada vez más clara. Y que estos desastres naturales, más fuertes y frecuentes, están destruyendo ecosistemas, hogares y negocios a un ritmo récord y poniendo en riesgo sistemas agroalimentarios enteros[3], multiplicándose los riesgos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables (que suelen ser las más pobres) que podrían verse afectadas, globalmente, de manera desproporcionada, dando lugar a verdaderas catástrofes humanitarias y a flujos migratorios por la supervivencia solo conocidos en épocas prehistóricas.

Desgraciadamente, la lucha contra el calentamiento global tiene que compartirse con la lucha contra la pandemia de la Covid 19 y a los preocupantes efectos derivados de la misma sobre la población y la economía del mundo y, particularmente, sobre la española. Y, claramente, lo óptimo es conseguir que ambas luchas sean concordantes y sinérgicas.

Y volvemos a la problemática del “pragmatismo”. En esta sección hemos defendido la necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo (que no de crecimiento) ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrado y socioeconómicamente cohesionado, donde las desigualdades no provengan de un injusto y desigual reparto de oportunidades personales. Y hemos señalado reiteradamente que uno de los graves problemas de la sociedad actual es, precisamente, el continuo crecimiento de las desigualdades en bienestar y en oportunidades de ascender en la escala social, pese a los indudables logros que, hasta antes de la pandemia, se habían producido en reducción de la pobreza global o en la mejora del Índice de Desarrollo Humano, si bien a costa de un crecimiento desproporcionado del capital natural (ecosistemas y biodiversidad) y de una rotura de los equilibrios de la naturaleza (nitrógeno, fósforo, trasformación irreversible de recursos y usos del suelo, calentamiento global, etc.) insostenibles ni siquiera en el medio plazo, ante un crecimiento de la población que tiende a los 9.500 millones de habitantes para el 2050, con un consumo asociado incompatible con los recursos y la biocapacidad del planeta.

Es evidente que cuando los urgentes problemas inmediatos, de alimentación, alojamiento o empleo de la población presionan, el medio o largo plazo tienden a ser subordinados. Pero es también evidente que, si las soluciones en el corto plazo no son coherentes con la imprescindible solución de los previsibles conflictos a medio o largo plazo, las soluciones actuales serán “pan para hoy y hambre para mañana”.

El reciente análisis económico del FMI sobre la economía española[4] establece sus perspectivas futuras ante una contracción económica que, a inicios del cuarto trimestre, muestra una de las mayores reducciones en su PIB del conjunto de la UE (8,7% por debajo del nivel de hace un año) como consecuencia de un modelo de crecimiento con características estructurales muy vulnerables a las perturbaciones, por: su especialización en sectores de servicios (como la restauración o el turismo, que representa alrededor del 12 por ciento de la economía española, que se han visto muy afectados por las medidas adoptadas); por el peso de las pequeñas y medianas empresas (más del 70% del empleo), que normalmente tienen menos recursos financieros y capacidad de resistir crisis; por el fuerte peso del empleo temporal, sobre el que la pandemia ha incrementado las ya amplias desigualdades preexistentes (véanse las figuras siguientes) fundamentalmente empeorando la situación de las mujeres[5] y de los trabajadores jóvenes, poco cualificados y temporales, siendo imprescindibles cambios que permitan superar el uso excesivo de los contratos temporales, y mejorar la empleabilidad de los trabajadores despedidos (mejores políticas activas de empleo según capacidades, formación profesional más ajustada al mercado de trabajo, etc.) para lograr una mayor cohesión e inclusión social.

Un grave problema adicional que se señala en el Informe es que se estima que la proporción de la deuda de las empresas vulnerables en riesgo de impago aumentará en 7 puntos porcentuales, hasta situarse en el entorno del 37%, si bien si no hubiera sido por las políticas implantadas por el Gobierno de coalición, ésta escalaría hasta en 27 puntos porcentuales. No obstante, los riesgos de insolvencia son elevados y su potencial afección al sistema financiero grave, por lo que las políticas a desarrollar deben prever este tipo de problemas y prolongar las medidas de apoyo, aunque discriminando de forma urgente entre las empresas sin viabilidad práctica de subsistencia (las posible empresas que se podrían convertir en zombies según la denominación al uso) y las empresas con capacidad de recuperación/trasformación en un nuevo marco de “normalidad” socioeconómica y sanitaria.

Para todas las instituciones internacionales, y para el campo científico, político y social, el Plan de Recuperación y Resiliencia para Europa y los instrumentos creados (en particular Next Generation EU) concretados en España en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (#PlanEspañaPuede), a todos los cuales nos hemos referido en artículos anteriores, son una vía fundamental para afrontar la nueva crisis generada por las medidas adoptadas para combatir la incidencia de la Covid 19. Los Presupuestos para 2021, en discusión en el Congreso en la actualidad, son el instrumento fundamental que permitirá canalizar las medidas a iniciar y desarrollar en el próximo año.

Por ahora, el Gobierno de coalición, comprometiéndose a anticipar los fondos (y solicitando a la CE que este anticipo no se contabilice como deuda) en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha incluido 26.634 millones para el Plan de Recuperación: 2.436 millones del REACT-EU y 24.198 millones del MRR, a los que hay que sumar los 8.000 millones de REACT-EU que irán a los presupuestos autonómicos. La distribución por epígrafes de estas cantidades, pendientes de posibles modificaciones por las enmiendas presentadas en su tramitación, nos da una idea de las prioridades reales incorporadas:

  1. Renovables eficiencia energética y movilidad: más de 5.000 millones.
  2. Sanidad: del orden de 2.500 millones.
  3. Alta velocidad y redes ferroviarias: unos 2.000 millones.
  4. Telecomunicaciones: unos 1.800 millones.
  5. Rehabilitación de viviendas: unos 1.700 millones.
  6. Políticas de empleo: unos 1.100 millones.
  7. Turismo: unos 1.000 millones.
  8. Digitalización de las aulas: unos 800 millones.
  9. Investigación científica: unos 700 millones.
  10. Restauración de ecosistemas: unos 600 millones.
  11. Economía circular: unos 500 millones.
  12. Competencias digitales: unos 300 millones

La prioridad y recursos asignados a la energía, movilidad y viviendas, con actuaciones urgentes –ya en marcha muchas de ellas- en el campo de las renovables y de la eficiencia energética, tienen sentido ante un problema (el calentamiento global y el cambio climático asociado), y unos objetivos (la descarbonización y reducción de la dependencia energética) imprescindibles en la necesaria transformación del modelo productivo español. Aunque hay que recordar su insuficiencia, ya constatada en artículos anteriores, para lograr una transición en la línea que el planeta –y la propia supervivencia de la humanidad- necesita.

El resto de líneas definidas nos pueden acercar, en algunos casos (restauración de ecosistemas, economía circular, …), al objetivo de la sostenibilidad, aunque siempre va a depender de los proyectos finalmente incluidos en los Presupuestos, y su forma, características de desarrollo y gestión y, por lo tanto, efectos esperables “ex ante”, en su fase de materialización y “ex post”.

Lo que nos lleva, como conclusiones, por un lado, a la necesidad de que el Gobierno de coalición articule mecanismos técnico-científicos, con la ayuda de la academia y de los centros de investigación y sociedad civil especializada en las materias objeto de nuevos proyectos, que aseguren la información, transparencia y colaboración en los citados procesos de evaluación y selección, seguimiento de sus efectos reales y retroalimentación en las medidas correspondientes de la inadecuación que se puedan producir entre efectos y objetivos. Y con mucha más urgencia ante el peso dado a la colaboración público-privada (inversiones públicas junto a inversión privada) y su potencial beneficio en la generación de empleo que no debe ser contradictoria con la descarbonización y desmaterialización de la economía. Y, por otro lado, a no olvidar que la sostenibilidad a medio-largo plazo sigue siendo un problema global sin solución por ahora con muy graves riesgos para la supervivencia. Y que no existe solución en el marco de la sociedad capitalista de consumo imperante.

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[1] Seaton, L. (2019).-“Cuestiones verdes”. New Left Review 115, marzo-abril de 2019. Págs. 111 a 140.

[2] Our Mission: Defeating climate change isn’t something to fight over— it’s something to fight for. https://worldwarzero.com/

[3] Estimaciones conservadoras sobre el valor de los daños potenciales asociados al calentamiento global sitúan el incremento de los mismos desde alrededor del 2 por ciento del PIB mundial, para un calentamiento inferior a 1,5ºC, a más del 4 por ciento del PIB mundial en 2050 con el ritmo actual.

[4] IMF Country Report No 20/298 SPAIN (Noviembre 2020). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/11/12/Spain-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-49883

[5] Según el Informe de Arregui, Arregui, N. et alt. FMI 14 de noviembre de 2020. (https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/11/12/na111320-five-charts-on-spains-economy-and-response-to-covid-19) aproximadamente el 29% de las mujeres en España trabajaban en los trabajos más afectados por el distanciamiento social y los encierros, en comparación con el 21 por ciento de los hombres.