Dentro de unas semanas se cumplirán catorce años de la aprobación de la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Concretamente, el 22 de marzo de 2007, fue su aprobación en el Congreso y un día después su publicación en el BOE.

Esta ley de igualdad establecía en su artículo 75 que “las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley”.

Tras catorce años, la participación de las mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección de las empresas todavía no ha alcanzado una presencia equilibrada con los hombres. Por tanto, se puede afirmar, que está resultando un proceso lento, demasiado lento, para los cambios sociales que se están produciendo en España.

 

Según los datos elaborados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas alcanzó el 23,7 por ciento en 2019, un aumento de 4,8 puntos respecto al año 2017. En cuanto a la alta dirección, el porcentaje ascendió al 15,9 por ciento, poco más de un punto que en 2017.

En lo relativo a las empresas del Ibex 35, a finales de 2019 había un 27,5 por ciento de consejeras frente al 22,8 por ciento del año 2017. Un incremento que se aproximaba al objetivo del treinta por ciento fijado para el año 2020 en el Código de buen gobierno, con incluso 15 empresas del Ibex que ya estaban por encima de ese porcentaje.

Estos avances, que hay que reconocer, están todavía lejos de la propia revisión del código de buen gobierno realizada en junio de 2020, donde en sus recomendaciones, concretamente en la III.3.2.2 Composición del consejo de administración, se establece que “con el objetivo de propiciar la deseable diversidad en el consejo de administración desde el punto de vista de género se recomienda que las consejeras representen al menos un 40 por ciento del total de miembros no más tarde de 2022.”

Es una obviedad, pero hay que seguir repitiendo que el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los poderes públicos, sino de la sociedad en su conjunto. No se puede desaprovechar el talento de más de la mitad de la población por ser mujer. Eso es, desde el punto de vista económico y de la eficiencia de las empresas, un disparate.

A las alturas del siglo XXI en las que nos encontramos, cuando han pasado más de 150 años de las palabras escritas por John Stuart Mill, cuando hablaba de la igualdad plena, efectiva entre mujeres y hombres como la “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, es hora de dar un paso más porque la tarea pendiente por la igualdad precisa de nuevos instrumentos jurídicos.

La ley de igualdad fue un gran avance, algo decisivo. Pero ha resultado ser insuficiente a la hora de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, en general, y la participación de éstas en sus órganos de dirección, en particular.

Por estos motivos, y partiendo del artículo 14 de la Constitución española que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y, sobre todo, del artículo 9.2 que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, es preciso pasar de la recomendación a la obligación.

Resulta necesaria una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones que aún existen de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Por ello, hay que establecer la obligación de que los consejos de administración de las sociedades cumplan con el principio de diversidad y presencia equilibrada, en el año 2022, de manera preceptiva y no como una recomendación. Obligación, que debe ser también efectiva para la alta dirección.

De esta manera, seremos mejores, la sociedad será mejor. Todo será mejor.