El presidente del Partido Popular ha hecho entrega al Gobierno de una propuesta —a la que llaman con innecesaria solemnidad “plan de país”— para hacer frente a la escalada de precios. Dado que se trata de su primera contribución en tres años, es obligado estudiarla con detenimiento y debatir sus aspectos positivos y negativos. La izquierda vivía más cómoda cuando el PP solo insultaba y se negaba a toda colaboración con el Gobierno, pero, ahora que su estrategia parece haberse hecho más razonable, no puede negarse al diálogo que se le pide y debe aportar argumentos y razones, tanto para aceptar lo que haya de aceptable en ella, como para rechazar lo que no lo sea.

Lo primero a agradecer es que el PP haya dedicado algo más de una semana a elaborarla, que hayan consultado a algunos expertos externos a su partido y que sus conclusiones se plasmen en un documento de cuarenta páginas. Todo ello hace suponer que no se trata de una mera ocurrencia o de algo improvisado, como ha venido siendo la tónica de su líder anterior.

En un trabajo reciente, expresé mi opinión de que bajar impuestos para paliar la inflación que sufrimos los ciudadanos era dejar el problema en el mismo sitio, ya que los recursos del Estado proceden de los impuestos que, a su vez, son pagados por esos mismos ciudadanos. Tarde o temprano, esos recursos terminarían siendo pagados por ellos. Dí otras razones contra dicha bajada e hice notar que algunos organismos financieros españoles e internacionales la desaconsejan también.

Pero, en esta ocasión, me voy a detener en un argumento que contiene el citado documento y que, en mi opinión, es ciertamente falaz. Las rebajas de impuestos pedidas —entre 7.500 y 10.000 millones de euros, según las cuentas del propio documento— se justifican en base a “devolver” a los ciudadanos el “exceso” de recaudación que está teniendo el Estado como consecuencia de la inflación.

Veámoslo en detalle: si un impuesto es proporcional al precio de un bien, y este bien sube su precio debido a la inflación, el valor recaudado por el impuesto subirá en la misma proporción. Si, por ejemplo, valía 100 € antes de aplicarle el IVA y 120 € después de aplicárselo, y su precio sube un 10%, estas cantidades se transforman, respectivamente, en 110 € y 132 €. Es decir, el IVA recaudado ha subido también un 10%. Eso nos lleva a concluir que, efectivamente, si el precio del gas se ha multiplicado por cinco en un año, y el de la gasolina lo ha hecho por dos, los impuestos recaudados por esos conceptos también se han multiplicado, respectivamente, por cinco y por dos. De ahí, tal vez, la expresión del señor Núñez Feijóo de hace unas semanas de que “el Gobierno se está forrando”.

Sin embargo, las cosas no son como parecen y es preocupante que él y sus expertos económicos hayan caído en esa trampa. Si la inflación sube un 10% y a usted le “suben” su sueldo un 10%, no solo no se está forrando sino que tiene exactamente el mismo poder adquisitivo de antes. Tiene más euros nominales, pero cada uno de ellos vale un 9% menos, de forma que puede comprar los mismos bienes que el año anterior. Sería más propio hablar de actualización de sueldo que de subida.

Si el Estado —que no el Gobierno, señor Feijóo— recauda un 10% más de euros nominales como consecuencia de la inflación, no por ello tiene más recursos, sino que tiene, en términos reales, los mismos que hace un año. Tan solo ha actualizado su “sueldo” para compensar la pérdida de valor de los euros que recauda. Y ello es así, porque el Estado también ha de hacer frente a gastos inflados —y valga la redundancia— por la inflación. La gasolina de sus coches de policía, la calefacción de sus instalaciones y el resto de bienes que adquiere ha de pagarlos, en promedio, un 10% más caros.

Además, no todos los impuestos van asociados al precio de un bien. Eso solo sucede con el IVA y los impuestos especiales a la energía, que representan la mitad aproximadamente de la recaudación. Los impuestos directos, como el IRPF y sociedades, no recaudan más porque van asociados, respectivamente, a la renta personal y al beneficio empresarial. Tampoco todos los gastos del Estado suben con la inflación. Las pensiones sí lo hacen porque están indexadas al índice de precios, pero no sucede lo mismo con los sueldos de los funcionarios y contratados, la cuantía de cuya “subida” es una decisión política.

Si Estado no ingresa más, tampoco tiene que “devolver” nada. Lo que tiene sentido es que el Estado palíe las situaciones más vulnerables, porque la inflación no deteriora a todos de la misma manera. Bajar el IVA o deflactar la parte baja de la tarifa del IRPF  —como se propone en el documento— beneficia a todas las rentas por igual. En cambio, la propuesta de dar un cheque de 200 a 300 € a las rentas entre 14.000 y 17.000 € anuales sí tiene sentido y el Gobierno haría bien en estudiarla. Tampoco sería lógico que se rebajase el impuesto de sociedades mediante incentivos fiscales —como también se propone en el documento— porque las empresas tienen muchos mecanismos para hacer frente a la inflación. Da la impresión de que, bajo el paraguas de “querer devolver” a las rentas más bajas lo que les ha quitado la inflación, se quieren introducir de matute propuestas puramente ideológicas.

Sería muy deseable que el Gobierno respondiera de forma argumentada a la propuesta del PP y que los medios de comunicación y sus abundantes tertulianos pusieran el foco en este debate.