Después de tres años, en los que tan solo se han escuchado insultos y descalificaciones al Gobierno y a su Presidente por parte del Partido Popular, parece que, por fin y a modo de inauguración del reciente liderazgo de Núñez Feijóo, este partido va a poner sobre la mesa una propuesta política: bajar los impuestos con carácter general.

El rumbo del liderazgo de Feijóo todavía no está ni medio claro. Desde luego, la imagen que da este dirigente es mucho más solvente, educada y sosegada que la de su predecesor Casado, al que, salvo su capacidad para idear insultos, nunca se le conoció propuesta política alguna —recomiendo a este respecto ver este vídeo de un minuto titulado “los 19 insultos de Casado a Sánchez”.

Pero no basta con una buena educación y unas palabras sosegadas. El rumbo lo marcarán sobre todo sus actos y estos son, por ahora, como mínimo ambiguos: ha abierto por primera vez en España la puerta a un gobierno con participación de la ultraderecha —el de la Comunidad de Castilla y León—, pero se cuida de asistir a la investidura de su presidente para evitar una fatídica foto con Santiago Abascal; ha acudido a una entrevista con el Presidente Sánchez, pero no se ha comprometido a ninguno de los 11 pactos que este le propuso; muy en particular, no parece que vaya a abordar de forma inmediata —tras 1.200 días de bloqueo— la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional pendientes; va a permitir que su dirigente más próxima a Vox —Díaz Ayuso— se haga con las riendas del partido en Madrid, pero no va a acudir a su congreso, al haber fijado el de Galicia el mismo fin de semana. Es decir, practica lo que podríamos llamar una ambigüedad calculada.

Pero hay que recibir con alivio que plantee la confrontación con el ejecutivo, no en base a las esencias patrias ni a supuestas traiciones o felonías, sino en términos de una discrepancia política sobre lo que él estima más conveniente para abordar la desbocada escalada de precios que estamos sufriendo. Y, en su opinión, el remedio más apropiado sería bajar los impuestos, en particular el IRPF y el IVA. Por fin, la necesaria confrontación gobierno-oposición se va a llevar a cabo por los cauces de los que nunca debería haber salido: debatir sobre diferentes propuestas para abordar la solución de un problema.

El Gobierno haría bien en recoger el guante y en esforzarse por convencer a la ciudadanía de que bajar impuestos no es lo más adecuado en estos momentos. Las propuestas de reducir impuestos tienen siempre una buena acogida popular —son, en ese sentido, populistas— porque, en principio, a nadie le gusta ver sus ingresos mermados. En cambio, para aumentarlos o simplemente mantenerlos, es necesario realizar un enorme esfuerzo pedagógico, que no siempre se hace desde los poderes públicos.

En un trabajo anterior, razoné que el encarecimiento del gas y del petroleo nos exige dedicar recursos extra que hemos de retirar de otro lugar. La inflación hace que todos paguemos un poco de ese esfuerzo extra. Si, para compensar la inflación, bajamos los impuestos, no hemos resuelto el problema, ni siquiera lo hemos cambiado de ubicación, porque los recursos del Estado proceden precisamente de los impuestos. Si estos se reducen, el Estado deberá reducir sus gastos o endeudarse. Reducir los gastos en unos momentos en que se requieren ayudas de todo tipo —ERTEs para sostener las empresas, subvenciones al combustible, ayudas a la pesca, al transporte y a las empresas electrointensivas, ampliación del bono social eléctrico, atención a los refugiados de Ucrania, etc.— no parece tarea fácil. Endeudarse supondría, por otro lado, “dar una patada” hacia adelante: en lugar de pagarlo nosotros, lo harían nuestros hijos.

En términos económicos, reducir impuestos como el IRPF y el IVA, pondría más dinero en manos de los ciudadanos, aumentaría la demanda y, por lo tanto, tensionaría la inflación al alza. Sería hacer justo lo contrario de lo que están recomendando organismos tan poco sospechosos de izquierdismo como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. Estas entidades recomiendan reforzar los impuestos a la renta y a la riqueza, precisamente para drenar recursos del mercado.

En España no hay un problema de impuestos altos, sino más bien de insuficiente justicia fiscal. Nuestra recaudación está, en términos de PIB, siete puntos por debajo de la media europea —es decir, recaudamos 84.000 millones menos de lo que deberíamos. Nuestros tipos impositivos en IRPF e IVA son los mismos que los del resto de Europa y, sin embargo, recaudamos menos que ellos debido sobre todo al fraude fiscal. En cuanto al impuesto de sociedades, los tipos nominativos son equiparables —el 25% sobre beneficios— pero la recaudación se ha desplomado desde 2007 hasta hoy: de 45.000 M€ (millones de euros) se pasó a 24.000 M€ en 2019 y a 26.600 M€ en 2020. Las causas son, además de la crisis de 2008-2012, las innumerables exenciones y bonificaciones y la compensación entre empresas de un mismo grupo y entre varios ejercicios de una misma empresa. Por comparación, el IRPF recaudó 94.546 millones en 2020. No parece muy razonable que las rentas del trabajo tributen cuatro veces más en valor absoluto que las del capital.

Otro agujero fiscal se produce en los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, cuya recaudación es responsabilidad de las comunidades autónomas y que algunas de ellas —las gobernadas por el PP— han reducido prácticamente a cero, creando una competencia fiscal a la baja entre comunidades que está distorsionando la residencia fiscal de los particulares.

Las recomendaciones del reciente Libro Blanco sobre la reforma tributaria, elaborado durante dos años por un comité de expertos nombrado por el Gobierno, van en la dirección de armonizar los impuestos de las comunidades, de eliminar exenciones y reducciones en el IRPF e IVA, de establecer una tributación mínima para sociedades y de dificultar la elusión del IRPF a través de sociedades instrumentales. Tan solo en el área medioambiental y en el de las nuevas plataformas digitales son partidarios de crear nuevos impuestos. Reconoce, en definitiva, que el problema fiscal español es un diseño tributario deficiente y no una imposición baja.

Por todo ello, el señor Núñez Feijóo tendrá que esforzarse mucho para convencernos de una propuesta —la suya— que va en sentido contrario a las recomendaciones del FMI, del Banco de España y de un comité de 15 expertos independientes que han empleado 800 páginas en justificar sus propuestas.