En principio no se entiende bien que un juez belga pueda procesar, ni investigar, ni siquiera inmiscuirse en lo que haya dicho un ciudadano español sobre otros ciudadanos españoles. Y, eso, independientemente de si el ciudadano que ha hecho esas declaraciones es juez o cualquier otra cosa.

Pero si el hecho de que sea juez añade algo al hecho y podría hacer pasar el caso de hacer unas declaraciones a realizar una instrucción judicial defectuosa o viciada, tampoco es comprensible que un juez belga juzgue a un juez español. Y, mucho menos, si incorporamos al análisis la distinta jerarquía relativa de los dos juzgados, teniendo en cuenta que el juez español pertenece al Tribunal Supremo.

Por ello, parecería que el asunto debería corresponder a un caso de enajenación mental, permanente o pasajera, de alguien, pero no. Resulta que el Estado Español, o sea usted y yo, se va a gastar 544.982 € en defender al juez español. Si fuera menos podríamos dudar pero, con una cifra de ese tamaño. Podemos estar seguros de que el tema va en serio y de que, efectivamente, un juez belga puede juzgar como se desenvuelve un juez del Tribunal Supremo de España en su jurisdicción y, hay que imaginar, que si al juez belga no le gusta, puede imponer una pena al juez español. Esto último, hay que deducirlo, primero por pensar para que sirven los jueces, incluso los belgas, y en segundo lugar, vuelvo a insistir, por la cuantiosa cifra que nos vamos a gastar en que eso no ocurra.

Antes de seguir adelante con el análisis, me gustaría poner en contexto la cifra ya que, en un día que ha subido el paro en España, 4 de septiembre de 2.018, los 544.982 € corresponden a 1.279 subsidios mínimos de desempleo de 426 € mensuales. Por ello, transformar la prestación de tantos españoles por la de unos pocos abogados belgas solo es admisible si, como parece, el tema es grave. Y, luego volveremos sobre esta gravedad pero, antes, conviene detenernos en otra cosa.

Si la defensa del juez español cuesta tanto dinero, hay que preguntarse, ¿cuánto cobran los abogados, pasantes, traductores, etc, que se están ocupando de la acusación? Y otra pregunta relacionada con la anterior: Si ha habido cierta preocupación política y social sobre quien paga la defensa, cabe cuestionarse, ¿quién paga los costes de la parte contraria? O es que ¿a nadie le importa? ¿Es una explicación plausible el que lo está pagando con sus propios recursos un señor que vive en un casoplón en el barrio belga de Waterloo? ¿No sería más lógico investigar quien está financiando a un presunto delincuente huido de la justicia española? ¿No es eso lo que se hace con otros delincuentes, incluso presuntos, internacionales, como los terroristas, traficantes de armas y drogas, etc? ¿O es que la rebelión, aunque sea presunta, no da para eso? En fin, demasiadas preguntas para las que, yo por lo menos, no tengo una respuesta satisfactoria, pero reconozco que debe ser por desconocimiento de la materia. Seguro que la tiene.

Pero volvamos al fondo del asunto y que constituye lo que para mí es lo más grave. Si un juez belga puede juzgar a un colega suyo español por el ejercicio de sus funciones, ¿puede uno de Malta, por ejemplo, hacer lo mismo con uno francés? ¿Y uno de Chipre con otro alemán? A mí me extraña, pero no quiero pensar que el delito del señor Llarena sea el de ser español y solo puedan ser juzgados por tribunales de otros países los magistrados españoles. Quiero pensar, aunque me aterra, que no. Parece que el caso Llarena ha abierto la veda y, desde ahora, podemos enzarzarnos en toda Europa en un fuego cruzado de acusaciones de jueces de unos y otros países por delincuentes, presuntos, confesos, condenados o de cualquier otro tipo, que no estén satisfechos con su condición de procesados y tengan los recursos que tiene el señor Puigdemont. Al número, ingente, de personajes así, se pueden sumar muchos otros sin recursos pero que con un crowdfunding promovido por Twitter pueden recabar el dinero suficiente para ello. Hay gente, como decía el filósofo, «pa tó».

Y mi temor es que, los Estados de toda Europa tengan que multiplicar por miles los 544.982 € que se va a gastar el Estado Español, vuelvo a repetir que usted y yo, en defender al señor Llarena. Debo recalcar, por cierto, que ese temor está fundado en mi creencia de que el Estado Español hace bien en defender a uno de sus jueces. Si no pensara eso y creyera que estaba malgastando ese dinero, no me preocuparía, pero como creo que es lo que debe hacer, deduzco que el resto de los estados harán lo mismo cuando les llegue su turno.
El sector de la abogacía europea puede sufrir un boom con características de burbuja económica que ríase usted de la burbuja inmobiliaria que padecimos en su momento y que, tememos que también se pueda reproducir. Solo hay que desear que el sector textil, por las corbatas, trajes oscuros y batas negras que se usan en el oficio, tire del resto de la economía europea y todos podamos disfrutar de ese boom.

Bueno, a alguien le puede parecer un disparate todo esto pero yo no tengo la culpa de ello, más que por remontarme por encima de la anécdota y prever la que se nos puede venir encima.