El Consejo de Ministros del día 12 de mayo aprobó el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que recoge el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado el pasado día 11 de mayo por el Presidente del Gobierno y los máximos representantes de los interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT). Este RD-Ley establece la prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, y a su vez profundiza en las medidas de protección a las empresas y al empleo que se vienen adoptando desde el inicio de la crisis provocada por la COVID-19.

El Acuerdo dota a las medidas de mantenimiento del empleo de vigencia más allá del estado de alarma, y prevé su prolongación temporal por razones sanitarias o económicas. Asigna a los ERTE un nuevo papel para afrontar el proceso de desconfinamiento de la población y la recuperación de las actividades económicas y a la vez dota de mecanismos preventivos de respuesta ante las dificultades empresariales y sectoriales.

Mediante la transformación de los ERTE por fuerza mayor en causas objetivas se estimula la recuperación de la actividad total o parcial, a la vez que se potencia la reducción de jornada. También se renueva la prohibición de despedir por las causas producidas por la COVID-19 y la adaptación a las actuales circunstancias económicas y sectoriales de la cláusula de mantenimiento de empleo. Por último, se establecen mecanismos para el cumplimiento de la responsabilidad social de la empresas acogidas a los ERTE: no repartir dividendos y la exclusión de las ayudas a las empresa domiciliadas en paraísos fiscales.

Este Acuerdo tiene una gran relevancia política y social, pues supone la expresión del compromiso de los interlocutores sociales y del Gobierno de hacer frente conjuntamente, mediante el diálogo y concertación social, a la crisis del coronavirus y sus pavorosos efectos sanitarios y económicos. Este pacto supone un adelanto del conjunto de medidas que va a ser necesario poner marcha en nuestro país y en la UE para proteger la economía y el trabajo, e impulsar la recuperación de nuestro sistema social y productivo, junto al fortalecimiento del Estado del bienestar y la protección social (teniendo como máximo exponente la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital), proteger las rentas y los servicios públicos.

La pandemia del coronavirus, que se ha propagado prácticamente en todo el mundo, ha provocado una crisis económica sin precedentes. En este contexto la Comisión Europea (CE) ha hecho públicas sus primeras previsiones sobre la evolución de la economía en la UE y en la Eurozona desde el inicio de la COVID-19. En línea con las previsiones anticipadas por el FMI, la CE reconoce que se producirá una “recesión de proporciones históricas”, y estima que el PIB de la UE caerá el 7,4% en 2020 y en la Eurozona un 7,7% mientras que se prevé que en 2021 se produzcan subidas del 6,1% y del 6,3% respectivamente.

El desempleo en el ámbito del euro alcanzará el 9,6% en 2020 y descenderá al 8,6% en 2021, mientras que en el conjunto de la UE subirá al 9,6% este año y se reducirá al 8% el año que viene. Para nuestro país la CE prevé una caída del PIB del 9,4% en 2020, con una recuperación del 7% en 2021; la tasa de paro se elevara al 18,9% en 2020, 4,5 puntos porcentuales más que en el primer trimestre de este año, y en 2021 se situará en el 17%. El 30 de abril el Gobierno de España envió a Bruselas las siguientes previsiones: en 2020 el PIB caería un 9,2% y en 2021 rebotaría hasta un 6,8% y la evolución de la tasa de paro sería la misma que la estimada por la CE.

Ante la gravedad de esta crisis, el Gobierno de España propuso un fondo europeo de recuperación de la UE de 1,5 billones de euros, financiados con deuda perpetua, lo que supondría financiar la reactivación económica a partir del presupuesto europeo. Esta propuesta, apoyada por los países del sur de la UE, sufrió el rechazo inicial de los gobiernos del centro y del norte, encabezados por Alemania y Holanda, que pretendían repetir las políticas basadas en el austericidio impuestas durante la crisis financiera, aunque definitivamente el Consejo Europeo del 23 de abril dio luz verde al programa europeo de reconstrucción.

Desde antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno puso en pie un amplio plan de choque -formado por un conjunto de medidas sanitarias, económicas, laborales y sociales- para luchar contra la pandemia y proteger a las personas y al tejido productivo, apoyando a las empresas y el empleo. Estas medidas se han venido perfeccionando e implementado a través de los procesos específicos y periódicos de diálogo y cooperación con las Comunidades Autónomas, y también a través del diálogo social  con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de los autónomos.

Para frenar los efectos de la crisis, los principales instrumentos desplegados hasta la fecha han sido: la financiación adicional de los gastos sanitarios; los avales del ICO para dotar de liquidez a la empresas y a los autónomos; las ayudas extraordinarios por el cese de actividad a los autónomos; las moratorias o aplazamientos de hipotecas, alquileres o cotizaciones de la Seguridad Social; las medidas de apoyo a los trabajadores temporales, fijos discontinuos, empleadas del hogar y también las medidas en cooperación con ayuntamientos y entidades locales para los servicios sociales.

La principal herramienta para evitar la destrucción masiva de empleo y proteger el tejido productivo en la actual crisis del coronavirus, a diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera de 2008, está siendo el uso del ERTE de fuerza mayor, ya que supone un ahorro de tesorería para las empresas por las exenciones del pago de cuotas de la Seguridad Social y de los salarios. También tiene efectos positivos para las personas trabajadoras, pues junto con el mantenimiento del empleo se les garantizan una parte de sus rentas con las prestaciones por desempleo, aunque no tengan las cotizaciones necesarias y con el añadido de que no se les descontarán estos periodos agotados para futuras prestaciones por desempleo.

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo profundiza en esa apuesta estratégica por proteger el tejido productivo y minimizar los efectos de la crisis en la destrucción de empleo a través de los ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas. Para ello se establece el compromiso político de que todas las actuaciones laborales se deban acordar en el seno de la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, que se va a constituir y estará formada por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT junto con los representantes de los Ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-. Estableciendo así un método de gestión compartida, de cogobierno, entre el Gobierno y los interlocutores sociales de la actual situación de excepcionalidad y de la futura etapa de reconstrucción económica y social.

Frente a esta demostración de responsabilidad y de consenso social de las organizaciones empresariales y sindicales, la derecha y la ultraderecha están instaladas en el mero cálculo electoral, buscando réditos partidarios y olvidando los intereses generales de la ciudadanía. Su obsesión en debilitar al Gobierno les lleva a no apoyar la medida prevista en la Constitución Española para hacer frente a esta pavorosa crisis sanitaria y económica: el estado de alarma.

Ante la negativa de PP y VOX a negociar un Pacto de Reconstrucción tras los efectos de la pandemia, ya se ha constituido la Comisión Parlamentaria a iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, en la que se debería producir el máximo consenso, en línea con la voluntad y compromiso expresado por los interlocutores sociales al asumir la propuesta del Gobierno de negociar las medidas necesarias para la reconstrucción social, económica e industrial de nuestro país. Los interlocutores sociales a su vez exigen la urgente puesta en marcha del Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de la UE para garantizar la financiación suficiente para ello. Por ello resulta fundamental que se profundice en el diálogo y la concertación social, pues sus resultados refuerzan y dotan de mayor confianza y eficacia a las políticas llevadas a cabo por los poderes públicos y refuerzan la cohesión y la justicia social.