Toda crisis suele acelerar aquellos cambios que eran necesarios, y eso es lo que ha sucedido con la digitalización y la crisis sanitaria del coronavirus. La digitalización era una prioridad política en Europa antes de la pandemia, en parte por la necesidad geopolítica de evitar que China o Estados Unidos dominen el comercio, la tecnología o la economía mundial de forma bilateral. El viejo continente quiere convertirse en un modelo mundial de la economía digital basado en derechos y valores que otros países del mundo no contemplan.

El sector digital se ha visto claramente reforzado con la pandemia y ha evolucionado en menos de un año lo que nos hubiera costado varios conseguir. En el caso español, en términos económicos, el sector digital contribuyó a nuestra economía en un 19% al PIB, únicamente por detrás del sector de la construcción.

También como usuarios hemos cambiado nuestros hábitos de consumo de forma individual y de forma colectiva; y una de las primeras conclusiones que hemos sacado es que ámbitos como el educativo o el sector público necesitan una rápida digitalización para que no se agranden las brechas sociales que existen.

Por otro lado, también se han marcado retos legislativos, entre ellos, la necesidad de otorgar nuevos marcos legales a nivel europeo, y por tanto también nacional, para que tanto la sociedad como la economía digital cuenten con altos estándares de seguridad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reflejó este escenario en el discurso sobre el Estado de la Unión de 2020, apostando por un liderazgo digital europeo centrado en el ser humano y que respete los derechos y libertades de la ciudadanía europea.

Con este objetivo, la Comisión Europea lanzó el pasado 9 de marzo su propuesta “La brújula digital europea”, que marca los retos y ambiciones que la Unión debe alcanzar de aquí a 2030.

En primer lugar, señala el reto de que al menos el 80% de las personas adultas europeas deberán tener capacidades básicas digitales, y pone el foco en la necesidad de disponer de 20 millones de especialistas en TIC en la UE, sin olvidar el importante rol que deben jugar las mujeres en este ámbito tecnológico. Por ello, planes nacionales como el que presentó el Gobierno de España sobre competencias digitales son de vital importancia para la contribución del desarrollo digital de Europa.

Por otro lado, se fija el rumbo para disponer de unas infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles en Europa para que todos los hogares tengan acceso a una conectividad gigabit y, además, se prevé dotar de 5G a todas las zonas pobladas de la UE. En este sentido, se espera que en 2030 la Unión Europea represente al menos el 20% de la producción mundial de semiconductores innovadores y sostenibles.

Como no podía ser de otra manera, esta brújula digital europea también contempla la transformación digital de las empresas a través de la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los servicios de computación en la nube o el uso de macrodatos. Dos objetivos muy claros para lograrlo: el 75% de las empresas deberán utilizar estas nuevas tecnologías, y más del 90% de las PYMES europeas deberán alcanzar, al menos, un nivel básico de digitalización.

El cuarto punto clave es la digitalización de los servicios públicos mediante la digitalización de los procesos y la gestión de las Administraciones Públicas. Este propósito engloba en áreas como la sanitaria el acceso al historial médico electrónico, o una identificación digital europea.

Lógicamente, todo ello va a conllevar un gran proceso legislativo que trasformará por completo la legislación europea. En la Eurocámara vamos a trabajar este año 2021 en distintas propuestas legislativas, como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que prevé regular a las grandes plataformas y establecer ciertas obligaciones, así como una nueva Ley de Datos y un marco regulatorio sobre una identificación electrónica europea fiable y segura, entre otras.

Por ello, y para conseguir un resultado satisfactorio que culmine con un ámbito digital europeo ambicioso, seguro y sostenible, los Estados miembros se han comprometido a destinar un 20% del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a medidas de transformación digital en sus planes nacionales. Nuestro país se ha comprometido a destinar el 29% y, además, dentro del Plan España Puede la transformación digital tiene un vector trasversal que va desde la agenda urbana al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la educación a la agricultura o desde la modernización de la Administración pública hasta la nueva economía de los cuidados.

España está a la altura. El objetivo ahora debe ser saber llevar a la práctica esta declaración de intenciones, y estoy convencida, como afirmó el presidente Pedro Sánchez, que será la oportunidad más importante para nuestro país desde la entrada en la Unión Europea.

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Adriana Maldonado López, eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección de los consumidores