Decía Maurice Duverger, el gran constitucionalista francés, que uno de los elementos básicos y fundamentales de las democracias es la representación popular mediante elecciones que permite a los ciudadanos designar a los gobernantes. De esta idea se desprenden, a mi juicio, otras dos, a saber, que los gobernantes representan a la mayoría del Parlamento (y normalmente a la mayoría de los ciudadanos) y que el programa de gobierno de los gobernantes expresa las opciones del partido o partidos mayoritarios. Sin embargo, cuando en un sistema político son las minorías las que imponen sus opciones y propuestas a las mayorías, algo empieza a fallar. Como mínimo, si se da esa circunstancia, se trata de una democracia débil en la que las minorías se imponen a las mayorías.

Esta reflexión trae causa de la actual situación política española, situación que, por otra parte, no es nueva sino que se remonta a 1993. En las elecciones de junio de aquel año, cuando el PSOE quedó como minoría mayoritaria, el nuevo Gobierno de Felipe González tuvo que apoyarse, a costa de importantes concesiones, en la coalición Convergència i Unió pues tuvo que hacer frente a la “pinza” Aznar-Anguita que promovió el entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. El fenómeno se volvió a repetir tres años tres, esta vez con  el Partido Popular en el Gobierno. Tras las elecciones de 1996 tuvo que ser Aznar el que repitiera la operación de Felipe González: obtener el apoyo de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco a costa de muy importantes concesiones a los partidos que gobernaban las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco. En 2000 el Partido Popular se libró de la presión (para algunos, extorsión) de los nacionalistas periféricos porque obtuvo mayoría absoluta pero esas presiones volvieron a darse, bien que con menos intensidad, en 2004 cuando el PSOE ganó las elecciones con una mayoría insuficiente y hubo que obtener el apoyo de Esquerra Republicana.

El tema, en apariencia, puede parecer muy acorde con la democracia pues efectivamente es bueno que un partido gobernante anude pactos y alianzas con otros partidos que darán un sesgo más plural, más abierto al Gobierno. Sin embargo, el fenómeno de los apoyos de los partidos minoritarios ofrece una faceta bastante negativa que probablemente viene a lastrar y debilitar el mismo sistema democrático. Esa faceta negativa consiste simplemente en que un cinco/siete por ciento (casi nunca llega al diez por ciento) condiciona la política de un país porque impone sus opciones a un Gobierno que representa, mucho o poco, a la mayoría. Es decir, una minoría muy minoritaria (y además territorialmente centrada en muy pocas Provincias) puede decidir quién gobierno y como gobierna. Obsérvese que no se trata de que una minoría se comprometa con un Gobierno de coalición (como parece ser que intentaron Felipe González y José María Aznar con Convergència i Unió, propuesta que rechazó Jordi Pujol que no quería que su partido se implicara en la política general del país) sino que es una presión oscura, a veces subterránea, que trata de favorecer los intereses parciales de ciertos grupos sociales de la respectiva Comunidad Autónoma, siempre con el objetivo último de reforzar la ideología (muchas veces perno no siempre) nacionalista.

El fenómeno de la presión de las minorías sobre las mayorías vuelve a darse en la actualidad y, además, con nuevos perfiles. Antes de señalar la presión nacionalista e independentista que estamos viendo actualmente en el proceso de formación del Gobierno de la Nación, debemos recordar (porque a veces pasa desapercibido) que desde que se han formado los Gobiernos de derechas de Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia y el Ayuntamiento de Madrid (más otros Ayuntamientos de menor importancia) Vox está extorsionando a todos éstos con los mismos métodos y resultados que durante mucho tiempo los nacionalistas han extorsionado al Gobierno de la Nación. En las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos donde gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos con los votos de Vox es la minoría de Vox la que marca la senda de gobierno, al menos en los asuntos (de cuño normalmente ideológico) que importan a Vox.

Y en el ámbito nacional el fenómeno de las minorías que condiciona la formación de un Gobierno y la futura política de éste se vuelve a dar como en 1993, 1996 y 2004. Para no extendernos en las presiones de otros grupos minoritarios que están empezando a mostrar sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el caso más notable es el de Esquerra Republicana que, al día de hoy y con trece Diputados, esto es, el 3’71 de los miembros del Congreso de Diputados, está condicionando la formación del Gobierno con peticiones que, en principio, ni son propias de un pacto de legislatura ni son asumibles por un Gobierno que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución.

De seguir por este camino, los ciudadanos van a sentir que el principio democrático no se cumple en España porque uno o varios partidos que a veces no llegan al 5 % del Parlamento se imponen al 95 % restante y hacen y deshacen Gobiernos (estamos como estamos porque el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó una enmienda de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos que más inversión destinaba a Cataluña en los últimos años). Es cierto que alguien puede decir que ese partido minoritario en el Congreso es mayoritario en una Comunidad Autónoma pero eso es una verdad parcial porque, por ejemplo, Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco sólo son en sus respectivas Comunidades Autónomas el partido que más escaños ha obtenido, no el partido que tiene la mitad más uno de los votos en su Comunidad Autónoma.

Para hacer frente a la dictadura de las minorías y recobrar el principio democrático hay quienes, normalmente desde la derecha, han  propuesto modificar el sistema electoral de manera que los partidos nacionalistas obtengan menos escaños pero, además de que es un problema que no se circunscribe a los nacionalistas (ahora tenemos a Vox condicionando a los Gobiernos regionales y municipales de la derecha, mañana quien  sabe) una cierta proporcionalidad es necesaria en la expresión de los votos. La vía no puede ir por sofocar u ocultar los votos de un partido sino por la vía de incorporar a la Constitución o a la legislación electoral ciertos automatismos que propicien la formación de Gobiernos cuando el pluripartidismo en el que nos hemos instalado dé resultados electorales que dificulten la investidura.

En definitiva, no es democrático que una minoría ultraminoritaria dificulte la formación de un Gobierno, propicie el final de un Gobierno o, simplemente, imponga su programa a los Gobiernos ya constituidos. De persistir el fenómeno, el ciudadano se acabará preguntando si su voto vale para algo y, en tal caso, si lo mejor es no ir a votar.