La aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, nos lleva a un nuevo horizonte de confrontación entre el Gobierno y la oposición con tintes cuasi bélicos. En este artículo no vamos a glosar los aspectos específicos de la futura Ley, sino el marco político en que se sitúa la reforma y las claves que explican que esta nueva confrontación se dé a cara de perro. Empecemos por lo segundo.

A raíz de la separación entre el Estado y la Iglesia en Francia, la llamada “Ley Combes” de 1905, muchas órdenes religiosas francesas se trasladaron a España y comenzaron a abrir colegios que iban dirigidos a la burguesía, aunque a veces también enseñaban, por separado, a las clases populares. Así nació en España una tupida red de centros educativos religiosos que competía con ventaja con la red de enseñanza pública, que empezó a descollarse con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1901. Además, entre la enseñanza pública y la enseñanza religiosa se asentó una pequeña red de enseñanza privada laica con la Institución Libre de Enseñanza, que se fundó a raíz de la segunda “Cuestión universitaria”, cuando el Ministro conservador Orovio expulsó de la Universidad a Giner de los Ríos y demás profesores krausistas y liberales. Vista con perspectiva histórica, la llegada de las órdenes religiosas francesas fue una gran traba para la modernización de España, porque consolidaron con métodos modernos una concepción reaccionaria del mundo. No debemos olvidar que en 1864, con Pío IX como Papa, se había publicado el Syllabus, que contenía una visión teocrática del Estado y condenaba el liberalismo y toda expresión de progresismo. Los colegios de las órdenes religiosas francesas destilaban la ideología teocrática del Syllabus y es la ideología de la que bebió la burguesía española de la Restauración.

Esa ideología teocrática, que difundía la densa red de colegios religiosos, creó una primera brecha en la enseñanza española (salvo en las Universidades), una brecha que no respondía a la confrontación enseñanza pública/enseñanza privada, sino a la confrontación enseñanza laica/enseñanza religiosa. Fue una grave irresponsabilidad de la derecha española y de la Iglesia católica introducir ese cleavage en la sociedad, que es como una herida que más de un siglo después sigue supurando y sin posible cura.

Se entiende así la gran batalla que dio la Iglesia y sus aliados conservadores durante el debate de la Constitución republicana de 1931. Al final, su artículo 48 estableció que la enseñanza sería laica, pero se reconocía a las Iglesias el derecho de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. El Archivo Vidal y Barraquer, publicado hace años por la Abadía de Montserrat con Miguel Batlloriu como editor, nos muestra muy bien las presiones de la Iglesia para evitar todo atisbo de laicismo en la Constitución. Y esas presiones las hizo un Cardenal considerado progresista como Vidal y Barraquer, no el ultramontano Cardenal Segura. Pero las presiones no lograron detener el modelo de enseñanza laica que descansaba sobre los centros públicos, aunque siguió funcionando una pequeña franja de enseñanza privada laica a través de la Institución Libre de Enseñanza. Los maestros de los colegios públicos pagaron caro esa posición preeminente en la enseñanza.

Tras la Guerra Civil, la Iglesia se desquitó reforzando un modelo de enseñanza privada religiosa que estuvo vigente hasta la muerte del dictador, salvo en el ámbito universitario, donde el predominio de la enseñanza pública era muy amplio. Pedro Sáinz Rodríguez y José Ibáñez Martín (antiguos Diputados en las Cortes republicanas por Renovación Española y la CEDA, respectivamente), desde el nuevo Ministerio de Educación Nacional, se encargaron de devaluar la enseñanza pública y potenciar la enseñanza privada religiosa, que se convirtió en el modelo predominante en la España de Franco, que atendía por igual a la burguesía y a las clases populares urbanas, quedando la enseñanza pública y la enseñanza privada laica para élites ilustradas.

En los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador, la derecha civil y eclesiástica empezó a hablar del “cheque escolar” como modelo ideal: el Estado otorgaría una cantidad a cada padre para que con esa cantidad pagara el centro docente que quisiera. Y en el debate constituyente el artículo dedicado a la enseñanza, el artículo 27, es de los pocos que provocaron un enfrentamiento muy duro entre derechas e izquierdas: las derechas se jugaban la hegemonía cultural y no les importó llegar al borde de la ruptura en el debate constitucional. Con el Gobierno socialista del Presidente González se aprobó la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que provocó una feroz oposición de Alianza Popular (más de ochocientas enmiendas en el Congreso al proyecto de ley, lo nunca visto hasta entonces), seguida de una intensa movilización estudiantil que probablemente fue manejada por la derecha. Ahí se vio la capacidad de oposición que podía desplegar la derecha civil y eclesiástica cuando una norma legislativa podía afectar a sus intereses. Y, sin embargo, la LODE quizá no previó bien las consecuencias de la concertación educativa, pues la enseñanza concertada (que es religiosa en un muy alto porcentaje) se ha consolidado en España como alternativa religiosa a la enseñanza pública, en tanto que la enseñanza privada no concertada sigue siendo tan minoritaria como lo era la Institución Libre de Enseñanza.

Por estas razones no es posible que haya una situación de consenso en el campo de la enseñanza. Porque la derecha civil y eclesiástica se juegan mucho con el ideario de centro, es decir, su capacidad de adoctrinamiento en valores conservadores y en valores religiosos como última respuesta a una sociedad laica que ha situado a la religión en el ámbito privado. Sin el adoctrinamiento en valores conservadores y en valores religiosos desde la escuela, las sociedades alimentan su Weltanschauung, su concepción del mundo, en los valores de la Ilustración (y aun antes, de la modernidad que decía Gregorio Peces-Barba), valores que no son antirreligiosos, pero sí laicos. Y, además, la cosmovisión religiosa suele ir unida a valores sociales y políticos conservadores.

Por eso, un modelo educativo concertado, que no es público ni laico, pero que financia el Estado, es tan antitético con un modelo público que no a va a poder consensuarse nunca. La derecha civil y eclesiástica se juegan el adoctrinamiento político y religioso de las generaciones futuras. Así se explica el fracaso del pacto que propuso el Ministro Gabilondo al Partido Popular, porque las derechas quieren todo. Visto en perspectiva europea, esta guerra a lo laico no se entiende porque, como vemos en Francia, la escuela laica no produce sólo ciudadanos de izquierda y laicos, sino también de derechas y religiosos, pero la derecha española se ha acostumbrado a lo fácil, a controlar una parte de los aparatos ideológicos del Estado, que decía Althusser.

Y en consonancia con esa visión tan cerrada, impropia de las restantes derechas europeas, el Partido Popular prepara sus mejores armas para la nueva guerra religiosa: mesas para firmas, manifestaciones con vehículos de alta gama, centenares de enmiendas parlamentarias para atascar las Cámaras, amenaza de utilizar inconstitucionalmente las competencias autonómicas en materia de enseñanza, recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (está en su derecho y ese sí que es un medio lícito), debate en la Real Academia Española saliéndose de su neutralidad con manipulación política de ese debate por parte de ABC, etc. Lo único que se puede decir es que, una vez más, las derechas crean un ambiente de confrontación civil que es lo contrario de la convivencia democrática. Un ambiente de amigos/enemigos, de rebelión contra un Gobierno legítimo. La llamada “Ley Wert” fue la expresión más depurada de la concepción educativa de la derecha, pero al PSOE no se le ocurrió llevar a la sociedad esa confrontación, a pesar de que lesionaba el derecho a la educación de millones de españoles. Pero para el Partido Popular todo motivo es válido para derribar al Gobierno.