Nuestra Constitución proclama la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico y la reconoce como derecho fundamental, por lo que mandata a los poderes públicos a remover los obstáculos que la impiden. Obstáculos que hay que remover por mandato constitucional para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Es una cuestión de justicia y de equidad. Y también es una cuestión de calidad de vida, de sostenimiento de nuestro Estado de bienestar y para alcanzar mayores cotas en nuestro sistema productivo.

Con los Gobiernos del Partido Popular la igualdad entre hombres y mujeres está sufriendo un profundo deterioro. Según el último informe sobre brecha global de género – Global Gender Gap-, en 2016 España ocupa el puesto 29 frente al 11 que ocupaba en 2006. En participación en el mercado laboral estamos en el puesto 72 y bajamos hasta el 118 en igualdad salarial, un resultado que justifica actuaciones urgentes en esta materia.

La Ley de Igualdad, con medidas concretas para avanzar en la eliminación de los obstáculos para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, se ha visto truncada por una reforma laboral que dinamita la negociación colectiva, pieza clave en la articulación de los planes de igualdad de las empresas, y que desregula el tiempo de trabajo, lo que ha provocado una extralimitación horaria sin contraprestación dineraria y unas jornadas a tiempo parcial que esconden tiempos completos. Trabajos a tiempo parcial realizados fundamentalmente por las mujeres, en muchos casos no queridos pero dónde se sitúan dada su menor capacidad de negociación, lastrada y penalizada por las responsabilidades familiares. Esta reforma unida al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, entre otras medidas, está provocando la expulsión de la mujer del mercado de trabajo.

La Encuesta de Población Activa, trimestre tras trimestre, la Encuesta de Estructura Salarial, año tras año, siguen mostrándonos la manifestación de la desigualdad de género en todos los sectores de actividad, cualquiera que sea el nivel de formación y la edad de las personas trabajadoras. La brecha salarial es el máximo exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Sus menores tasas de actividad, su menor ocupación; sus mayores tasas de desempleo, sus mayores interrupciones en la carrera laboral, todo ello manifiesta la dificultad de la mujer en el acceso al mercado de trabajo, en su permanencia, en su promoción interna, topada por un “techo de cristal”.

La participación de la mujer en España es una de las más bajas de la UE y muy alejada del 74% que establece el objetivo Europa 2020. Para alcanzar ese objetivo se tendrían que crear más de 2 millones de empleos femeninos hasta 2020. Un objetivo inalcanzable.

Después de cuarenta años de incorporación masiva de la mujer en el mercado de trabajo, ha llegado el momento, sin dilación, de adoptar decididamente medidas que corrijan esa desigualdad, que corrijan la brecha laboral. Se necesita una Ley de Igualdad Laboral que actúe en todos los ámbitos que inciden en esa brecha. Una ley con determinación de objetivos concretos en la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, que remueva las dificultades que encuentra en el acceso a este mercado y en su proyección profesional, no condicionada por su falta de formación sino lastrada por la asunción de las responsabilidades familiares, para lo que se necesitan medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Corresponsabilidad también del Estado, en la asunción de políticas de familia y de atención a los dependientes, otro de los pilares del Estado de bienestar, y en impulso al desarrollo de políticas en el ámbito de las empresas que aseguren la transparencia y la promoción de las mujeres, estableciendo medidas de acción positiva, a través de cuotas, para romper el “techo de cristal”. En conclusión, se necesita una Ley que sea el reflejo de una implicación activa para remover los obstáculos que impiden la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, manifestada también en el ámbito laboral.

La igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a un empleo, las condiciones laborales y retributivas, la promoción, el acceso a los niveles ejecutivos y a la dirección de las empresas son un reto importantísimo que tenemos en nuestro país y nuestra región. Fue un Gobierno socialista el que puso los pilares con la Ley de Igualdad, una ley que los Gobiernos del PP han derribado con la reforma laboral, los recortes de prestaciones y el desmantelamiento del Estado del bienestar, políticas que han sido las causantes de la precarización de los salarios, de la precarización de los empleos y del empuje en muchos casos de las mujeres a la vuelta a los cuidados y al hogar.

Aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones. Días como – el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 22 de febrero -Día Europeo de la Igualdad Salarial y el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer- y todos los días del año, nos deben hacer reflexionar al conjunto de la sociedad sobre la realidad que tienen las mujeres en nuestro país, y de qué modo contribuimos desde los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno a establecer las medidas necesarias para modificar esta realidad.

Porque no podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país.