El pasado 29 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los resultados de la Encuesta sobre las Personas sin hogar-Centros 2020. En ese año se alojaron 17.772 personas de media diaria (4.793 eran mujeres) en los dispositivos dispuestos para esta población en todo el territorio nacional, un 1,3% menos que en 2018 (el 86,2%, el 89% en 2018). De los 1.019 centros, el 16,4% estaba orientado a personas migrantes en situación de “sin hogar”, el 7% en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y el 76,6% tenían un carácter más generalista o atendían otras problemáticas. Tan solo los recursos especializados en mujeres víctimas de violencia de género eran mayoritariamente públicos (59,2%), pues el 91% de los dedicados a población migrante eran privados y el 75% en el caso de los de más amplio espectro o los centrados en otras cuestiones.

Se sigue manteniendo la tendencia histórica a que en su mayor parte sean de titularidad privada, así como la alta precariedad laboral del personal de los mismos. El número medio de personas que trabajaron en ese año ascendió a 17.521, de los cuales el 42,7%% eran asalariados a tiempo completo y el 57,3% a tiempo parcial. En cuanto a su vinculación laboral tan solo el 48,5% eran asalariados, el resto se distribuyó entre voluntarios (44,5%) y subcontratados, estudiantes en prácticas, religiosos… (7%).

A pesar del incremento progresivo, a lo largo de los últimos años, de las plazas de alojamiento ascendían a 20.613. Si tenemos en cuenta que en España existían, en aquellas fechas, unas 35.000 personas “sin hogar”, nos sugiere la reflexión sobre la invisibilización de lo socialmente invisible. Destacar que durante el periodo de confinamiento más estricto a causa de la COVID-19 se ofertaron 21.035 plazas, de las que fueron ocupadas el 88,3%.

Y, junto a lo anterior, revelar la progresiva implementación del llamado programa Housing First, que se puso en marcha en España en 2014.  Surgió hace dos décadas en Estados Unidos al amparo de la entidad  Pathways to Housing y, debido a sus buenos resultados, se extendió por todo el mundo. Supuso un revulsivo al modelo en escalera. Se basa en la idea de que la autonomización de estas personas comienza por el acceso a la vivienda como derecho humano. Está dirigido a las personas con mayor deterioro físico o psíquico. El modelo en escalera conlleva que las personas que entran en la exclusión social más extrema deben ir superando pasos: desde la calle al albergue/centro de acogida, del albergue /centro de acogida a un alojamiento temporal y, como último escalón, acceder a una vivienda permanente. En ese proceso, un elevado porcentaje de personas retornaban a la calle. De ahí el valor del modelo Housing First, que se basa en siete principios: la elección y control de todos los usuarios/as por parte de los profesionales; la desvinculación de la vivienda del tratamiento que reciben, la recuperación de los que allí se residencian, el trabajar en la reducción de daños, el actuar centrados en las particularidades de la persona, ofreciéndoles un apoyo flexible y disponible durante el tiempo que sea menester.

Varias son las conclusiones que se derivan de lo anterior:

En primer lugar, que el confinamiento más duro en 2020 supuso una bajada porcentual en casi tres puntos en lo que a la ocupación media de los recursos disponibles para esta población, que cabe explicar por el miedo al contagio.

En segundo lugar, que se mantienen tendencias históricas como que en su mayor parte los dispositivos de los que hacen uso sean de titularidad privada (con gran prevalencia de organizaciones vinculadas a la iglesia católica), así como una elevada precariedad laboral del personal de los mismos.

En tercer lugar, que sea escaso el número de profesionales con cualificación específica que trabajan con personas “sin hogar” si se compara con otros ámbitos de la intervención social, al tiempo que despunta una fuerte implicación del tercer sector.

En cuarto lugar, juzgo es un sinsentido, con extraordinarias repercusiones humanas, que la red específica tenga una capacidad de 20.613 plaza, cuando había en 2020 en toda España unas 35.000 personas afectadas por la exclusión social más extrema.

A la luz de las informaciones y reflexiones anteriores, es imprescindible que se cree una red de centros y servicios de calidad para esta población, que se rompa el aislamiento en el que tradicionalmente se ha desenvuelto, conectándola, en plenitud, con la red general de servicios sociales. Es urgente articular actuaciones en el campo de la vivienda, de las políticas de empleo y de educación, etc…, desarrollar modelos asistenciales más flexibles, fomentar la sensibilización social, coordinar mejor las iniciativas de las diversas Administraciones Públicas y apoyar con recursos y dotaciones económicas adecuadas a las instituciones que trabajan en favor de la integración social de los grupos sociales más vulnerables. Pero, también es necesario promover acciones que favorezcan la inclusión y participación de las personas “sin hogar” en la vida comunitaria y una buena alternativa es el modelo Housing First y similares.