Recientemente, el profesor Virgilio Zapatero ha publicado un interesante artículo sobre la peste de Atenas de 430 a.C., donde cita abundantemente al testigo que hizo posible que aquella epidemia se haya podido conocer a lo largo de los siglos, Tucídides  y su Guerra del Peloponeso. Al terminar de describir como la peste hundió a Atenas, el historiador griego se refirió a la degradación moral en que cayeron los atenienses que no sabían si al día siguiente estarían contaminados y en trance de morir. Concretamente, Tucídides escribió:

“Ningún temor de los dioses ni ley humana los detenía: de una parte juzgaban que daba lo mismo honrar o no honrar a los dioses, dado que veían que todo el mundo moría igualmente, y, en cuanto a sus culpas, nadie esperaba vivir hasta el momento de celebrarse el juicio y recibir su merecido” (apud Martín de Riquer y Borja de Riquer: Reportajes de la Historia. Relatos de testigos directos sobre hechos ocurridos en 26 siglos, Barcelona, 2010, vol. I, pág. 24).

Esta idea de la degradación moral que acompaña a las grandes catástrofes viene a cuento a la vista de las operaciones políticas que están poniéndose en movimiento en España con fines que se convierten en inmorales por ser inmorales los medios utilizados: no es inmoral ni ilegítimo que un partido quiera desplazar a otro del Gobierno de la Nación, pero se transmuta en un fin espurio cuando se utilizan instrumentos prohibidos por la ética pública. Tampoco es por sí mismo inmoral desear la independencia de Cataluña o de otra parte de España pues la Constitución no ha establecido una democracia militante, pero sí es inmoral (y probablemente contrario al ordenamiento vigente) utilizar la debilidad del Estado en la situación de pandemia para intentar avanzar en la ruptura igualmente ilegal del Estado. Por eso no es descabellado hablar, como hizo Tucídides, de una degradación moral que acompaña a la pandemia. Veamos algunos ejemplos.

Primero. La ambición no oculta de Casado de derribar al Gobierno legítimo del Presidente Sánchez. Como digo, no es ilegítimo que la oposición intente que un Gobierno renuncie, sea censurado o pierda unas elecciones. Pero sí es ilegítimo centrar toda la labor de la oposición en los eventuales errores de la acción del Gobierno ante la pandemia, realzando esos errores y ocultando los aciertos. Peor aún si para desprestigiar el Gobierno se lanzan continuas mentiras que ocultan una acción política acertada y eficaz. Esa es la actual política del partido que preside Casado y es una acción condenable porque, salvo errores flagrantes y alejados de la actuación de los Gobiernos de los países  vecinos, no se puede criticar AL Gobierno con esa virulencia. A fortiori cuando ni el Partido Popular ni ningún otro partido tiene conocimientos ni criterios para una descalificación global de la actuación gubernamental ante la pandemia. La derecha de Casado no ha presentado (ni puede hacerlo) informes científicos que demuestren graves errores del Gobierno en la gestión de una pandemia nueva, por lo que no responde al principio democrático descalificar hasta la exageración al Gobierno que tiene la confianza del Parlamento y tiene que actuar ante situaciones nuevas y complejas. La crítica desaforada dificulta la acción del Gobierno contra la pandemia, porque le desvía de sus objetivos.

Segundo. La resistencia del Partido Popular a participar en la reconstrucción del país mediante unos pactos económico-sociales. La guerra (es el término más preciso) de Casado contra el Gobierno y su Presidente se ha evidenciado en el acuerdo para constituir una Comisión parlamentaria que vendría a suplir la reunión que ha propuesto el Presidente para llegar a unos pactos para concertar la salida de la crisis. La Comisión parlamentaria no es el instrumento orgánico idóneo, porque el Partido Popular lo concibe para controlar al Gobierno (recordemos que siendo el segundo Grupo Parlamentario del Congreso reclama la Presidencia de la Comisión). Sin un acuerdo general de todos los partidos y de sindicatos y organizaciones empresariales, la salida de la crisis será más dificultosa y así lo sufrirán millones de españoles, pero Casado prefiere el sufrimiento de tantos millones antes que entenderse con el Gobierno. No se debe engañar la derecha: no volverá a ocurrir como en las elecciones de 2011, porque los ciudadanos ven que la derecha no quiere una salida más beneficiosa de la crisis y no les votarán.

Tercero. Primera hijuela del primer ejemplo. La utilización de los Gobiernos autonómicos populares para boicotear el trabajo del Gobierno. Con alguna excepción, el Partido Popular utiliza a los Gobiernos autonómicos para hacer su labor destructiva. Lo más grave es el caso del Gobierno regional de Madrid cuya Presidenta Díaz Ayuso se ausentó de la Conferencia de Presidentes el 26 de abril para asistir a un acto religioso. Gestos como ese son ofensivos y, sobre todo, destructivos porque los madrileños tenemos derecho a que nuestra Presidenta escuche y hasta participe activamente en una reunión como esa. La Presidenta nos ha dejado abandonados a los madrileños en su afán de ofender al Presidente Sánchez. Y además, en su ignorancia jurídica, propone ideas ridículas, pues antes de irse a misa, la Presidenta Díaz Ayuso propuso que en lugar de la Conferencia de Presidentes el debate sobre la pandemia se llevase a la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado. ¿Quién es el funcionario que ha propuesto esa tontería? ¿Sabe la Presidenta madrileña que en la situación actual el debate y la decisión han de ser entre Gobiernos y no en una Comisión parlamentaria carente de funciones ejecutivas? El protagonismo y la ignorancia llevan a estas situaciones equivocadas y nada prácticas.