La política tiene muchos aspectos desagradables, que son los que suelen destacar los periodistas y los que hacen que la mayoría de los ciudadanos se distancien de ella. Entre ellos están, sin duda, los agrios enfrentamientos entre oposición y Gobierno, las luchas por el poder entre dirigentes de un mismo partido o las disputas entre los miembros de la coalición de gobierno. Pero, el fin último de la política es gestionar los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos y, en su caso, transformar la sociedad para que esta pueda enfrentar mejor los desafíos presentes y futuros. Por eso, para evaluar correctamente la acción de un gobierno, los ciudadanos deberían abstraerse del ruido ambiental producido por las palabras y fijarse más en la política de las cosas o, si se prefiere, en las políticas (en plural), que son las que realmente transforman nuestras vidas. En decir, deberían fijarse en las leyes aprobadas y en los recursos destinados a ellas.

Nuestra vida pública se ha caracterizado por un elevado nivel de decibelios —analizado en otros artículos de esta revista— que ha restado visibilidad al conjunto de leyes y disposiciones aprobadas en los dos últimos años, algunas de ellas de gran trascendencia. Tal vez era eso lo que se pretendía, distraer a la afición con juegos florales sobre el patriotismo, el terrorismo, el feminismo y otros asuntos de la llamada “guerra cultural” de las derechas, para que no se pudiera percibir la ingente obra legislativa y transformadora que el gobierno de coalición está llevando a cabo.

En total, se han en aprobado en estos dos años 33 leyes ordinarias, 14 leyes orgánicas y 71 decretos-leyes que han sido convalidados posteriormente por el Congreso. Eso arroja una media de casi 30 disposiciones legales aprobadas en cada periodo de sesiones. Con el fin de introducir enmiendas que pudieran mejorarlos, algunos de los decretos se están tramitando actualmente como proyectos de ley. Hay al menos otra docena de proyectos de ley en trámite. Tan importante como estas disposiciones, ha sido la aprobación de dos Presupuestos Generales del Estado —los de 2021 y 2022—, que han dotado de recursos a las mismas. A modo de comparación, en señor Rajoy gobernó durante tres años con los presupuestos prorrogados. Resumo a continuación algunas de las leyes más importantes.

Dos decretos y una ley han revalorizado con el IPC las pensiones de 2020 y 2021 y han establecido este mecanismo de forma automática para el futuro. También han incrementado ligeramente las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores con el fin de garantizar —junto con otras medidas como, por ejemplo, incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral— la sostenibilidad futura del sistema. Estas decisiones —salvo la del incremento empresarial de cotizaciones— se han consensuado con empresarios y sindicatos.

Varias leyes y decretos han creado el ingreso mínimo vital para atender la extrema desigualdad creada en nuestro país a raíz de la Gran Recesión de 2008-2013. Hasta ahora, se han aprobado 340.000 prestaciones, que han beneficiado a 800.000 personas. El salario mínimo interprofesional ha pasado de 736 euros en 2019 a, sucesivamente, 900, 950 y 965 euros en 2020, 2021 y 2022 respectivamente. En total, un incremento del 31%, con el objetivo de llegar en 2023 a la recomendación europea de que el SMI suponga el 60% del salario medio.

La Ley Orgánica de educación, LOMLOE, ha supuesto una profunda reestructuración y modernización del sistema educativo en lo referente a currículo, competencias de las comunidades, itinerarios y métodos de evaluación. También ha revertido las limitaciones introducidas por la LOMCE —aprobada sin consenso por el PP en 2013— a la participación y competencias del Consejo Escolar, del claustro y del director o directora, a la autonomía de los centros docentes y a la selección de la dirección de los centros públicos.

Por primera vez en España, se ha elaborado y aprobado una Ley de cambio climático y transición energética, que establece hitos intermedios para reducir nuestras emisiones de CO2 en los próximos 30 años, hasta alcanzar la neutralidad de dichas emisiones antes de 2050, en línea con las directrices europeas en esta materia. Se movilizarán 200.000 millones de euros de inversión entre aportaciones públicas y privadas a lo largo del periodo 2021-2030. Se prevé que el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final de dicho periodo. Un decreto posterior desarrolla estos objetivos, fomentando la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de las energías renovables. También se ha aprobado uno de los primeros proyectos financiados con fondos europeos (PERTE) sobre «Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento».

La Ley Orgánica sobre la eutanasia da una respuesta jurídica, equilibrada y garantista a una demanda de amplio consenso en la sociedad, como es el derecho a morir dignamente. Como indica su preámbulo, “cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, … el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”. En definitiva, se establece un derecho individual que no existía hasta ahora.

Otra ley aprobada modifica el Código Penal y algunas leyes para cambiar el régimen jurídico de los animales. El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que los estados deben respetar las exigencias en materia de bienestar de los animales, considerándoles como «seres sensibles», en lugar de cosas. Se establece que no pueden ser embargados, sacrificados sin motivo, ni —en el caso de los de compañía— expuestos en escaparates. En caso de separación o divorcio, los tribunales deben decidir a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar. El Gobierno está elaborando un proyecto de ley más amplio sobre esta materia.

El último decreto importante, todavía pendiente de convalidación, es la reforma laboral acordada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos para revertir los aspectos más negativos de la reforma de Rajoy de 2012 —consúltese La reforma laboral y la derecha política en esta revista— en lo relativo a temporalidad y negociación colectiva.

Se han aprobado otras leyes y decretos relevantes en materia de garantía de la libertad sexual, de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, de reducción de la brecha de género en las empresas y está en tramitación un proyecto de ley para la “Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

En materia fiscal, se ha aprobado un impuesto a las transacciones financieras y un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. También se ha reducido drásticamente la fiscalidad de la factura eléctrica para tratar de compensar los desorbitados incrementos del precio de la electricidad en los mercados mayoristas. Se ha legislado, además, para que los empleados de ciertas plataformas digitales de reparto sean considerados trabajadores por cuenta ajena. También se han aprobado medidas para garantizar precios mínimos en las distintas fases de la cadena alimentaria.

Toda esta labor se ha desarrollado en paralelo con la atención a la pandemia y a sus consecuencias económicas, las cuales han necesitado constantes decretos sobre temas sanitarios, de salud pública y de provisión de fondos extraordinarios para las comunidades, los ayuntamientos, los autónomos y los trabajadores temporalmente en paro.

Esta es la política de las cosas. Aunque muchos de los temas abordados son transversales al eje izquierda-derecha, la mayoría de estas leyes han sido aprobadas con el voto en contra del PP y de Vox.