Cuando se produce la elección o designación de un responsable público, se supone, o hay que creerlo así, que se sopesan y valoran una serie de circunstancias en torno a la persona destinada al ejercicio de esas funciones públicas: idoneidad, capacidad, experiencia para el puesto y toda una suerte de habilidades que le convierten en el adecuado para el desempeño del cargo. No es, o no debe ser, el azar o el favor lo que debe llevar a ocupar la posición, sea cual sea. Evidentemente quien se predispone para asumir las responsabilidades también tiene que estar dotado de unas cualidades éticas que le validan para ello y mantenerlas, por lo menos, durante el ejercicio del cargo.

Cuando el proceso de elección (designación) está en manos de un responsable institucional superior, en él recaen las consecuencias en el acierto o el error de lo que suceda. En el caso de que la elección se produzca en un proceso de selección abierta entre varios candidatos por un amplio cuerpo electoral (diputados, senadores, concejales, por ejemplo)  las responsabilidades son compartidas entre quien le ha propuesto (avalado) para participar en el proceso y, en último extremo, en el cuerpo electoral que en su caso equivocó su voto con la elección del no adecuado.  Esto es la racionalidad democrática. La racionalidad democrática  en la cultura norte europea, tan puesta de ejemplo, que ha sido el paradigma para el buen funcionamiento institucional.

Ahora bien, en el caso de que rija el principio monárquico para la designación y control de actividad del responsable público, el encaje en la racionalidad democrática es más difícil. El elemento legitimador es el marco legal que determine el sistema constitucional y que en definitiva crea una excepción al sistema de elección democrático entre iguales en derechos y donde la idoneidad no puede ser enjuiciada por autoridad superior ni por los ciudadanos. Este es nuestro sistema y, mientras no se cambie por el procedimiento constitucional establecido, el que hay que proteger. Ahora bien, en las anteriormente citadas monarquías del norte europeas ha sido la propia institución en su actuar la que ha ido imponiendo sus reglas de recto actuar democrático.

No parece casual el “caso Corinna” en el preciso momento en que con todas las dificultades, complejidades, posibilidades de acierto o error en la Agenda Pública española, la elección de un nuevo Presidente del Gobierno, están haciendo recuperar unas expectativas de salir del agujero. Acabar con la  atonía y desafección que ha embargado nuestra vida política los últimos años ya es para que algunos se sientan molestos. En este contexto, y no como serpiente de verano, salta de nuevo, sin esperar al fin de la luna de miel del nuevo gobierno, un escándalo que viene a poner en entredicho nuestro golpeado sistema institucional.

Como viene siendo habitual llega de grabaciones “robadas”, de confesiones inconfesables, de flases sobre lo más patético de la condición humana que mezclan la plata con la traición, juegos de deslealtades e intereses. Todo ni más ni menos con la figura que ha marcado los últimos cuarenta años de la vida pública española: Juan Carlos I, Rey emérito de España, quien con el tiempo ha demostrado ser el más vulnerable de la Casa Real.

A partir de aquí es posible entrar en tantos debates como queramos. ¿Si es el momento de abrir la cuestión republicana? ¿Hay que hacer una regulación siglo XXI del  Título II de la Constitución  (De la Corona)?; que si la inviolabilidad regia sólo alcanza al Rey ejerciente y no al abdicado; o si la inviolabilidad e irresponsabilidad (art.56.3 CE) es absoluta o sólo para aquellos actos derivados del ejercicio de la función real pero lo no sujeto a refrendo es judicialmente perseguible. Demasiado complejo e inentendible para una sociedad necesitada de respuestas sencillas y claras.

En cualquier caso, el daño a la institución monárquica está hecho. Ahora bien, el perjuicio parece dirigido también a un gobierno que intenta retomar la iniciativa política y dejar atrás una imagen oscura de España. Podemos, en un ejercicio de ingenuidad política, sin duda va a hacer de ello una cuestión que debilite la apuesta gubernamental por la transparencia, pero tiene que tener claro que el recorrido de una Comisión de Investigación es corto, en ningún caso el monarca emérito acudirá al Parlamento, ni se puede ni se debe y resultaría patético; y hacer un juicio político histórico sobre cuáles han sido los desafueros económicos de la institución no ayuda en nada a resolver otros problemas de mayor calado para la sociedad. Tampoco, que la polémica creada por la ilegalidad de la Republica catalana termine siendo el de la ilegitimidad de la Monarquía Española en sus comportamientos pasados. Eso no serviría a nadie. Pensemos en defender la Democracia y no en atacar o defender la Monarquía.    

Si se quieren reconducir los problemas de transparencia pública no debe ser a costa de quiebra interesada de la institucionalidad. Como primera providencia, los parlamentarios deberán escuchar la declaración del responsable del CNI pues nada hay que descartar en este asunto en donde, insisto, nada parece casual y viene a entorpecer el reciente proceso político abierto en España y que de manera inequívoca está reforzando el proyecto europeo.

Se esté o no ante un folletín saca perras de sangre azul, a una conspiración mediática determinada y determinable con sus sponsor (que no sería la primera) para desestabilizar el normal funcionamiento del sistema político o un ajuste de cuentas entre intereses económicos espurios. En todo caso, sin ardor patriótico sino con mucha racionalidad hay que poner en valor España y poniendo por delante el interés general y la responsabilidad pública. Un país serio debe saber elegir cuándo aborda los grandes debates y no cuando princesas de salón nos suscitan a ello vayamos a saber por qué cuestiones nada inocentes.