Es un error pensar que la democracia está garantizada para siempre, independientemente de nuestro comportamiento. Los dos últimos siglos de la historia de España nos proporcionan buenos ejemplos de lo contrario. Los comportamientos bárbaros son el modo más seguro de terminar con ella y, por desgracia, en los últimos meses estamos viviendo una cantidad abundante de estos ejemplos.

Los siglos XIX y XX de nuestra historia, hasta 1977, podrían resumirse como la incapacidad de la sociedad española para encontrar un cauce civilizado a través del cual dirimir sus conflictos de intereses. A la Constitución liberal de Cádiz de 1812 le siguió la abolición de sus Cortes por Fernando VII a su vuelta a España desde su exilio dorado en Francia. A sus seis años de absolutismo, le siguieron el pronunciamiento militar del coronel Del Riego en 1820 y el comienzo del llamado trienio liberal, que restauró aquella Constitución. Pero el Rey no dejo de conspirar contra ella y en 1823 terminó con la experiencia liberal con la ayuda del Borbón francés y de sus “cien mil hijos”. A otra década de reinado absolutista le siguió una cierta apertura propiciada por la regencia de su última esposa, la Reina Cristina, la cual hubo de apoyarse en los liberales para luchar contra los carlistas, partidarios de la vuelta al absolutismo.

El reinado de su hija Isabel II terminó abruptamente con otro pronunciamiento militar, que inició  en 1868 un nuevo periodo democrático de seis años, los cuales incluyeron un año y medio de experiencia republicana. Nuevos pronunciamientos militares a cargo, primero del General Pavía, y luego del General Martínez Campos, restauraron la monarquía borbónica en 1874. Se inició entonces un largo periodo de “democracia vigilada” por el Rey en el que los dos partidos oficiales se alternaban en el Gobierno por riguroso turno y con las elecciones convenientemente amañadas. Este sucedáneo de democracia no fue capaz de enfrentar los numerosos conflictos de la época, entre los que se cuentan la pérdida de las últimas colonias, las insurrecciones del naciente proletariado, el surgimiento de las reivindicaciones nacionalistas en Cataluña y el País Vasco y la desastrosa guerra de Marruecos.

De las elecciones de 1923, y a pesar de los amaños electorales, surgieron por primera vez unas Cortes distintas, en las que una coalición de partidos republicanos, reformistas, liberales y socialistas alcanzaron una mayoría suficiente para exigir a los militares rendir cuentas por su fracaso en Marruecos, y al Rey una Constitución con gobiernos no tutelados. La respuesta fue el golpe de Estado, con la complicidad del Rey, del General Primo de Rivera y su consiguiente dictadura, que duró hasta 1931. La segunda experiencia republicana, de 1931 a 1936, ya sabemos como terminó.

Esta incapacidad de la sociedad española para encontrar un marco aceptado por todos en el que resolver sus conflictos, sin tener que recurrir siempre a la insurrección o al pronunciamiento militar, llevó al escepticismo y la melancolía a los escritores españoles del 98. Unamuno, por ejemplo, escribió que “la sociedad española es bárbara”, una “masa de hombres idiotas” (en el sentido griego de desinteresados por los asuntos públicos). Ramiro de Maeztu les llamó “masas fatigadas de arrastrarse entre sables y sotanas”. El regeneracionista Joaquin Costa cometió el desliz de reclamar un “cirujano de hierro” para resolver los problemas de España. Azorín clamaba contra la democracia -se refería a la de la Restauración- para decir que era “una mentira inicua” y que “votar es fortalecer la injusticia del Estado”. En fin, Pio Baroja escribió que “no hay cosa más estúpida que ser republicano, salvo ser socialista y demócrata”. En ese periodo, el Partido Socialista estaba más por la revolución que por la democracia.

Se supone que la Constitución de 1978 era por fin el marco deseado y aceptado por todos en el que los conflictos podrían dirimirse sin recurrir a los sables ni a la insurrección popular. Pero, para que eso sea así, es necesario entenderla bien y sobre todo cuidarla. Entenderla quiere decir asumir que los partidos adversarios no son enemigos a abatir. Asumir que cada partido es la expresión de una parte de la sociedad española y que todos ellos han de ser respetados, nos gusten más o menos. La crítica es siempre necesaria, pero las formas de ejercerla no son en absoluto irrelevantes. Hacerlo usando la descalificación gruesa, el insulto, la calumnia y la mentira supone salirse del terreno compartido y adentrarse en el campo minado de la inestabilidad democrática. Los insultos dirigidos a los representantes, lo son en realidad a sus votantes y suponen negarles su derecho a formar parte de la democracia. Trazar fronteras inventadas entre constitucionalistas y los que no lo son es de nuevo negarle el pan y la sal a una parte de la sociedad. Como también lo es llamar ilegítimo a un gobierno salido de los votos del Parlamento.

Pues bien, todo esto está sucediendo ante nuestros ojos y parecemos no darle importancia. El Partido Popular, la prensa de partido que les acompaña, y sus redes sociales arden estos días de palabras gruesas dirigidas al Gobierno tales como golpistas, mentirosos, enemigos de la propiedad privada y de la separación de poderes, régimen bananero y bolivariano, despilfarradores, incapaces, y partidarios de una dictadura comunista que pone en riesgo la Constitución. ¿Es esto crítica política? ¿Es esto respeto al adversario? El mayor problema, pese a todo, es que esta crispación genera odio y se transmite a la sociedad, como lo atestigua el lenguaje tabernario y matonista que se ha instalado en las redes sociales. En lugar de educar a la sociedad en democracia, estos comportamientos de las élites políticas la empujan a ser más bárbara, propicia enfrentamientos entre ciudadanos y hace muy difícil la convivencia.

Una paradoja curiosa de nuestra historia reciente es que un partido que nació populista y antisistema como Podemos se está convirtiendo poco a poco en un partido plenamente integrado en la democracia, a la vez que dos partidos democráticos como el Partido Popular y la antigua Convergencia y Unión se están deslizando hacia volverse partidos antisistema y populistas. Un buen ejemplo de ello es que ambos utilizan a los fallecidos para hacer política: JxCat ha pasado del “España nos roba” al “España nos mata”, al asegurar que su no nacida, imaginada y seráfica república catalana tendría menos muertos que los que tiene bajo el Gobierno de España, y el señor Casado no deja pasar un día sin achacarle al Gobierno los fallecidos producidos por la pandemia. Además de constituir comportamientos bárbaros, explotar las emociones y el dolor es propio de los partidos populistas (¿recordamos aquello de “la casta nos roba”?).

Estas estrategias de tierra quemada se pueden soportar medianamente cuando las ejercen los partidos populistas minoritarios al uso como Vox o la catalana CUP. Pero si se apuntan a ellas partidos que antes fueron centrales como el PP y JxCat, entonces la democracia se desestabiliza. No se puede poner a prueba la democracia continuamente y menos aún por pura conveniencia electoral. Puede que el Gobierno se hunda, tal como persigue el PP, o tal vez no, pero es seguro que la democracia resultará muy herida. Ya ha sufrido embates muy duros desde la crisis de 2008 y no se la puede seguir vapuleando impunemente, porque lo que vendría después de ella sería el auge del autoritarismo. La historia nos vuelve a ilustrar sobre este punto con la crisis de los años 30 y el posterior surgimiento del fascismo en Europa.

 

Fotografía: Carmen Barrrios