El Partido Popular, incapaz de asumir su responsabilidad política por haberse financiado ilegalmente durante décadas, por no hablar de las evidencias que apuntan además a aprovechamiento de los fondos por parte de destacados miembros de la cúpula dirigente, se presenta a las elecciones con una única propuesta: bajar los impuestos.

La promesa de rebajas fiscales es probablemente el truco más viejo del populismo político. Como es natural, cualquier ciudadano prima facie prefiere pagar lo menos posible en impuestos. Esta inclinación no deja de ser por otro lado contradictoria, pues al tiempo que se quiere minimizar la carga fiscal, no se dejan de reclamar más servicios y ayudas por parte del Gobierno.

En el caso de la derecha española, el recurrir a la baza de bajar los tributos revela un grado de desfachatez y sinvergonzonería de proporciones colosales, lo que en sí mismo merece un castigo electoral.

Recapitulemos: el Partido Popular se presentó a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 proponiendo reducir los impuestos, a sabiendas de que eso no era posible, con un déficit público en aquel momento, como resultado de la crisis, de no menos del 10 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB).

Se trató en efecto de la primera mentira deliberada (lo que es distinto que presentarse con un programa que no se puede cumplir enteramente por circunstancias sobrevenidas, como le sucedió al PSOE en la legislatura de la crisis, si bien es cierto que la ponencia económica del congreso de julio de 2008, dos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers no estaba acorde con los tiempos).

De hecho, la derecha no solo no bajó impuestos, sino que los subió, al tiempo que trató de recortar el gasto público con la pericia no del cirujano sino del charcutero, con los consiguientes golpes al Estado del Bienestar (reducción del personal educativo y sanitario, fin de las ayudas a la dependencia, exclusión de emigrantes e inmigrantes de la tarjeta sanitaria, etc.).

Esta política altamente pro-cíclica, además de anti-social, redujo los ingresos fiscales, haciendo imposible cumplir los poco realistas objetivos de déficit público, ya de por sí muy mal negociados con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión. Tan es así que no se cumplió el objetivo de reducción del gasto ni un solo año de la legislatura, al tiempo que ha seguido creciendo la deuda pública ejercicio tras ejercicio, y se ha llevado el fondo de reserva de la Seguridad Social a la mitad a lo largo de la legislatura.

Con estas credenciales llega el Partido Popular a las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Con el único objetivo de mantenerse en el poder, la derecha aplica a última hora una rebaja fiscal regresiva, además de devolver pagas extras de funcionarios, etc. A partir de ese momento, la política fiscal de la derecha española ya no es solamente pro-cíclica, antisocial e ineficiente, pasa a ser además errática, y a contravenir directamente a la Comisión Europea, institución que advierte que la bajada de impuestos hará imposible cumplir, por mucho, el objetivo de déficit público para 2015, ante la negativa del Gobierno español, que sigue insistiendo que el crecimiento económico permitirá cuadrar las cuentas.

En efecto, la Comisión llevaba la razón, por lo que la desviación del déficit público fue de un punto porcentual sobre el PIB, es decir, unos 10.000 millones de euros, de los que al menos 7.000 millones corresponderían a la rebaja fiscal electoralista del otoño de 2015, según expertos como Ángel Laborda.

Así las cosas, Rajoy riza el rizo del disparate y la impostura, prometiendo a Juncker nuevos recortes, y al electorado español, nuevas bajadas de impuestos.

Lo cierto es que es a nuestro país le va a costar mucho cumplir con las exigencias fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y a la vez reconstruir el Estado del Bienestar. Para eso se necesita por un lado negociar mejor en Europa la senda de ajuste del déficit público, para que sea realista y no dañe el crecimiento económico, y por otro subir la carga fiscal a las grandes fortunas, y tratando de no empeorar el tratamiento tributario de los asalariados.

Solamente el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con un programa de estas características, es decir, progresista pero realizable dentro del proyecto europeo. Las alternativas son dos programas fiscales espurios e irrealizables, el de la derecha que promete una vez más bajar impuestos, cuando la Comisión se apresta a sancionar a España por incumplimiento, y el del neocomunismo populista de Iglesias Turrión y Anguita, que propone un programa de gasto público de dimensiones increíbles, ignorante de las necesidades de financiación que tal plan requería, y sobre todo de las restricciones derivadas de la pertenencia a la Eurozona.

Toca ahora al elector decidir qué opción política le conviene más al país.