Introducción

El 27 de junio, el Consejo Europeo adoptó dos propuestas legislativas que abordan aspectos energéticos de la transición climática de la UE, ya recogidos en el marco del paquete “Fit for 55”[1], que ahora se reformulan parcialmente: la directiva sobre energías renovables[2] y la directiva sobre eficiencia energética[3].

Estas propuestas se engarzan en el conjunto de cambios, como hemos ido viendo en esta Sección de Políticas de la Tierra, que dirigen la dinámica de la UE desde que, en 2019, se produjera la elección del nuevo Parlamento y Comisión Europea. Elección que vino acompañada, antes de la COP25 sobre Cambio Climático, de diciembre de 2019, de la asunción del Pacto Verde Europeo y de la aprobación de una Declaración de Emergencia Climática, que, entre otras cosas, dejaba clara –a través de sus votaciones en el Parlamento Europeo- la oposición radical de la extrema derecha a la lucha contra el calentamiento global, como una de sus señas de identidad.

El Nuevo Pacto Verde Europeo pretendía transformar la economía europea para lograr un futuro sostenible, potenciando la innovación y la gestión en el marco de una transición justa, que convirtiera a la UE en líder global e hiciera creíble la senda propuesta para la descarbonización en el horizonte del 2050. Para ello proponía un plan de inversiones sostenibles del orden de un billón de euros y la aprobación de la pretensión de reducir para el año 2030 las emisiones de CO2equiv., al menos hasta el 40%.

En marzo de 2020, tras el reconocimiento del riesgo que entrañaba la Covid-19. se adoptaron un amplio conjunto de medidas para garantizar la salud de los ciudadanos frente a los efectos de la pandemia, y se pusieron en marcha programas y planes de intervención para corregir los efectos socioeconómicos más negativos derivados de las medidas adoptadas para combatir la pandemia. Nace así “NextGenerationEU” y los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros, regulados y soportados económicamente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) europeo, dotado de un presupuesto inicial de 0,75 billones de euros, que se sumaría al Presupuesto de la UE, para el período 2021-2027, de 1,074 billones de euros.

En diciembre de 2020, en el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre cambio climático, la UE amplía el objetivo inicial de reducir las emisiones de CO2equiv., para el año 2030, al menos hasta el 55%, siendo el citado Plan “Fit for 55”, de 14 de julio de 2021, el que iba a concretar las acciones que debían posibilitar el logro de tal objetivo.

El siguiente hito que encuadra la dinámica actual se produce el 24 de febrero de 2022, con el inició de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, generando un cambio geoestratégico radical en el equilibrio europeo, ya gravemente afectado por los sucesos acontecidos en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y su apoyo a los movimientos independentistas del este de Ucrania.

Como ya he señalado en esta Sección, las medidas adoptadas, desde el 25 de febrero de 2022, por la OTAN y por la propia UE, de reacción a la invasión militar, están generando consecuencias en el campo energético, de abastecimiento de materias primas y de logística global, que están teniendo una fuerte incidencia negativa para la estabilidad socioeconómica de la UE y sus Estados miembros. Lo que ha obligado a que la UE haya generado un paquete de medidas para suavizar los efectos más negativos de las consecuencias derivadas de la nueva situación, que están afectando gravemente a los suministros energéticos y a sus precios, y dando lugar a una espiral inflacionista con fuertes riesgos de terminar sumiendo a la UE –o al menos a varios de sus países-en un proceso de “stagflation” (recesión+inflación) de graves consecuencias sociales.

El 2 de marzo de 2022, la Comisión Europea (CE) presentaba la Comunicación “Hacia una economía verde, digital y resiliente: nuestro modelo de crecimiento europeo”, donde reiteraba la vigencia de los objetivos sobre un modelo de crecimiento europeo centrado en la transición verde y digital, potenciando su resiliencia socioeconómica. Y se reforzaba el programa de crecimiento sostenible a largo plazo reflejado en el Pacto Verde Europeo, reiterando la importancia de las inversiones y reformas necesarias para lograr los objetivos correspondientes, ahora dentro del contexto existente de creciente inestabilidad geopolítica y de nuevos desafíos globales, asociados tanto a la permanencia mundial de efectos de la Covid-19, como a las medidas derivadas de la invasión de Ucrania, la crisis climática, las dificultades logísticas y de abastecimiento de ciertas materias, de las que la UE es dependiente del exterior, y al aumento de sus precios y, en particular, al aumento de los precios de la energía.

Por último, hay que recoger la Comunicación de la Comisión Europea, de 29 de junio de 2022, al Parlamento y al Consejo Europeo, con el “Informe 2022 de prospectiva estratégica. Hermanando las transiciones verde y digital en el nuevo contexto geopolítico”[4]. En él se realiza una reflexión estratégica y prospectiva sobre las interacciones entre las transiciones verde y digital, corrigiendo el hecho de que esta última se haya desarrollado sin tener adecuadamente en cuenta sus implicaciones energéticas y ambientales. Para conseguir un mayor nivel de sinergias, la Comunicación presenta diez propuestas básicas, con particular incidencia en la disminución de la dependencia exterior, del aumento de la resiliencia y de la potenciación de las transiciones ecológica, energética y digital, en un marco de cohesión socioeconómica, que se sintetizan en la Figura siguiente:

En este documento es importante señalar la importancia que se da a lograr una mayor integración y sinergias entre las transiciones ecológicas y digitales, destacando que:

  • Las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel clave para lograr la neutralidad climática, reducir la contaminación y restaurar la biodiversidad.
  • La transición verde puede transformar el sector digital en el contexto de las crecientes necesidades energéticas de este sector.
  • A menos que las tecnologías digitales sean más eficientes energéticamente, su uso generalizado aumentará el consumo de energía, que ahora representa entre el 5 y el 9% del consumo eléctrico, y es responsable del orden del 3% de GEI.
  • Igualmente, si no se actúa adecuadamente, surgirán más tensiones por los residuos electrónicos y las huellas ecológicas de las tecnologías digitales.

De “Fit for 55” a las nuevas propuestas de nuevas Directivas sobre Energías renovables y Eficiencia energética

En el artículo de esta Sección de principios de septiembre de 2021 hacíamos referencia a las entonces nuevas propuestas de la Comisión Europea, recogidas en la presentación del 14 de julio de 2021 del citado Plan “Fit for 55”, que establecía la obligación de incorporar, en 2023, sus nuevos objetivos y regulaciones en los nuevos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, a presentar a la Comisión antes del 1 de enero de 2025. La síntesis de las propuestas para alcanzar el 55% de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030, se aprecia en la Figura siguiente,

Como señalamos en su momento, “Fit for 55” destacaba, entre otros aspectos, que el sector residencial y el del transporte eran los marcos fundamentales de intervención, con medidas que incidían en la obligación de pagar por el CO2 que emitan las denominadas emisiones difusas de la edificación y del transporte. Para ello se pretendía crear un mercado propio de emisiones, que permitiera incrementar el coste diferencial de las actividades y usos emisores, contribuyendo a su reducción. Y ello en paralelo a la búsqueda de objetivos más exigentes y obligatorios de mejora de la eficiencia energética para el 2030: del 36-37% para la energía final consumida, y del 39-41% para el consumo de energía primaria total.

La Comisión proponía también, como observamos en la Figura anterior, la reforma de la directiva sobre impuestos energéticos para cambiar la imposición por volumen por un impuesto en función de la carga energética de cada combustible[5], junto a la prohibición, para 2035, de las ventas de coches y furgonetas nuevas con motores de combustión (lo que exigiría coches eléctricos o de pila de hidrógeno) y que, para 2050, quedase prohibida su circulación, haciendo prioritaria la obligación del establecimiento de puntos de recarga, tanto eléctricos, como “hidrogineras” o de gas licuado natural.

Como filosofía general de “Fit for 55” asumía que mayores precios de las energías fósiles incrementarían la rentabilidad diferencial de las energías renovables y podrían incentivar su peso en la electrificación y su más rápida generalización como alternativa a las energías fósiles, si venían acompañadas del desarrollo del almacenamiento energético (baterías, hidrógeno, centrales hidroeléctricas reversibles, etc.). Pero también los costes de producción de baterías o del hidrógeno “verde” o “azul” se estaban incrementando –por primera vez, en 2021, en el caso de las baterías- como consecuencia del coste en los inputs necesarios y de las dificultades logísticas todavía remanentes de la incidencia de la Covid-19.

Por otra parte, la Comisión era consciente de que para el logro de los objetivos previstos en “Fit for 55” no eran sólo necesarias ingentes inversiones (para las que se podrían utilizar los casi dos billones de euros incluidos en el Presupuesto 2021-2027 y en los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –MRR- asociados al Programa NextGenerationEU), sino también marcos regulatorios más estrictos que, entre otros aspectos, aseguraran una transición justa, ya que preveía que las empresas terminarían trasladando al consumidor final el incremento de costes generados por las diversas medidas exigidas, como ya sucedía entonces, con efectos que ya se estaban haciendo sentir sobre el conjunto de los consumidores y de la economía; y previsiblemente se sentirían en mayor medida en el futuro, si se llevaban a cabo las actuaciones previstas.

Para lograr esa transición justa, la Comisión Europea preveía la creación de un fondo social de 72.000 millones de euros[6], para el período 2025-2032, cuando las nuevas políticas de los estados miembros estuvieran aprobadas, que, en todo caso, difícilmente iban a poder compensar a una clase media-baja y a la población en riesgo de pobreza, cada vez más numerosa e insatisfecha[7], residentes en gran parte en las áreas urbanas vulnerables y desfavorecidas, sobre las que los efectos del incremento del precio de la energía, y el mayor peso de los productos encarecidos en su cesta de la compra, podían elevar el descontento y las protestas de grandes grupos de población, como ya estaba sucediendo, en 2021, en varios Estados miembros.

Tras la invasión de Ucrania, y como también hemos recogido en esta Sección, a finales del mes de marzo (Consejo del 24 y 25 de marzo), se ratificaron medidas que incidían en el control de los precios de la energía, en el almacenamiento de gas para el invierno y en el Plan RePowerEU[8], para limitar la dependencia energética de Rusia, cuyos objetivos y medidas se sintetizan en la Figura siguiente.

Como apreciamos en la Figura, esta estrategia prevé la independencia energética y comercial de Rusia, para 2030, mediante la búsqueda de nuevas fuentes de gas, pero también mediante la duplicación de las energías renovables, y con un peso creciente de la energía nuclear (Francia planea construir seis nuevas plantas para avanzar hacia la independencia energética total), que permitan mitigar el incremento de precios de la energía y paliar la incertidumbre sobre el suministro energético. Se definen tres grupos principales de medidas:

  • Reponer reservas de gas para el próximo invierno aumentando los mínimos exigidos y reduciendo tarifas en gasoductos.
  • Plan para eliminar gradualmente (antes de 2030) la dependencia de Rusia. Se espera cubrir el 40% del suministro ruso de gas con otros proveedores; otro 50% con la introducción acelerada de biocombustibles e hidrógeno verde; y el resto provendría del fomento de la electrificación y la eficiencia energética. Para ello, se precisa mejorar las interconexiones energéticas y construir una capacidad de canalización y proceso de gas licuado que no existe en la actualidad, ante una demanda global de gas que será estructuralmente más alta por su papel en la transición energética.
  • Se enfatizan los esfuerzos para que las nuevas inversiones sean compatibles con la futura explotación de hidrógeno verde, clave para actividades de demanda energética en las que la electrificación no es una opción.
  • Se busca reemplazar el gas en la calefacción y en la generación de energía y mejorar la eficiencia energética global.
  • La Comisión da a los Estados miembros margen de actuación para regular costes energéticos. De hecho, se aboca a actuaciones ya desarrolladas por distintos Estados miembros en ámbitos específicos en los que las principales medidas puestas en marcha, por orden de generalización, serían:
    • Transferencias a los grupos sociales vulnerables, presentes en la inmensa mayoría de los países de la UE.
    • Reducción del IVA energético.
    • Regulación de los precios de la venta minorista.
    • Subvenciones o ayudas a las empresas afectadas por los precios energéticos.
    • Regulación de los beneficios “caídos del cielo” por el establecimiento marginalista de los precios de la electricidad.
    • Obligaciones a las empresas públicas.
    • Regulación de los precios de venta al por mayor.

El 30 de mayo de 2022 se tomaron nuevas medidas de represalia a la invasión militar, que, sin embargo, podían poner en cuestión el abastecimiento energético a la UE: se decidió vetar las importaciones de petróleo ruso por barco, antes del final del año, y permitir sólo a Hungría, Eslovaquia y la República Checa las compras del petróleo ruso que llega por oleoducto a estos países, de máxima dependencia del mismo. En paralelo, se adoptó el compromiso de establecer medidas de emergencia y cooperación en el seno de la UE si se producía la interrupción de suministro por parte de Rusia.

27 de junio de 2022. Ampliación de objetivos sobre Energías renovables y Eficiencia energética

El Consejo Europeo del 27 de junio[9] adoptó la decisión de impulsar dos nueva Directivas, sobre Energías renovables y sobre Eficiencia energética, con la finalidad de ampliar los objetivos previstos en estas materias en “Fit for 55”, y con la pretensión de que los Estados miembros y, en todo caso, las revisiones previstas para los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, a aprobar por la Comisión en 2025, ya incorporen las exigencias recogidas en estas nuevas Directivas, algunas de las cuales hacen referencia a comportamientos a desarrollar ya en 2022, como consecuencia de la gravedad de la situación energética actual.

Las medidas en lo que atañen a la mayor exigencia de despliegue de Energías renovables, se centran en:

  1. Se aumenta la obligación de que el 32% exigido para la energía procedente de energías renovables en el mix energético global para el 2030, pase ahora a ser del 40%.
  2. Se exige una reducción del 13% de la intensidad de los GEI en el transporte, o que se llegue a un 29% de energía renovable en el consumo final de energía en el sector del transporte para 2030.
  3. El uso de biocombustibles avanzados en la proporción de energías renovables suministradas al sector del transporte debe alcanzar el 0,2% en 2022, el 1% en 2025 y el 4,4% en 2030.
  4. El uso de energías renovables para calefacción y refrigeración debe presentar un incremento vinculante del 0,8% anual a nivel nacional, hasta 2026, y del 1,1% desde 2026 hasta 2030.
  5. Se establece el objetivo indicativo de un aumento medio anual del 1,1% en el uso de energías renovables para la industria.
  6. El 35% del hidrógeno utilizado en la industria debe provenir de combustibles renovables de origen no biológico para 2030; y el 50% para 2035.
  7. Se establece un objetivo indicativo de alcanzar, al menos, un 49% de cuota de energías renovables en los edificios en 2030.
  8. Se exigen procedimientos de autorización acelerados para proyectos de energías renovables en consonancia con las prioridades del plan RePowerEU antes citado.

En cuanto a la mejora de la Eficiencia energética, se busca que implique el máximo ahorro energético posible. Para ello se establece:

  1. Reducir el consumo de energía a nivel de la UE en un 36% para el consumo de energía de los usuarios finales, y en un 39% para el consumo de energía primaria para 2030 (reducción del 9% en comparación con 2020).
  2. Los Estados miembros garantizarían un ahorro del 1,1% del consumo anual de energía final a partir del 1 de enero de 2024; 1,3 % a partir del 1 de enero de 2026; y 1,5% del 1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de trasladar un máximo del 10 % del excedente de ahorro al período siguiente.
  3. El sector público debe lograr una reducción anual del consumo de energía del 1,7% o, alternativamente, de al menos un 1,9% cada año si se excluyen el transporte público o las fuerzas armadas.
  4. Se establece la obligación de renovar de manera energéticamente eficiente, cada año, al menos el 3% de la superficie total de los edificios propiedad de organismos públicos.
  5. Se recopilará información sobre el consumo de energía asociada a los Centros de datos informáticos, cuyos gestores estarán obligados a proporcionar esta información cada año a partir de 2023.

Conclusiones sobre las prioridades en las inversiones para una transición europea trasformadora en el nuevo marco global

Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania y las sucesivas medidas adoptadas por la UE, impulsadas desde la OTAN y EEUU, se ha marcado un nuevo punto de inflexión en la historia de Europa, con una crisis energética ligada a la fuerte dependencia exterior de toda la UE en sus suministros energéticos y materias primas y alimentarias básicas, en las que jugaban un papel destacado Rusia y Ucrania en su satisfacción, ahora cuestionada –en lo que atañe a Rusia- y encarecida de manera muy significativa.

Las políticas de reducción de la dependencia de los suministros energéticos y de materias primas desde Rusia y su área de influencia más directa se ve sustituida por una mayor diversificación en las fuentes (aunque incrementando la dependencia por compras a EEUU y de países dudosamente democráticos), por la vuelta a la utilización más intensiva de energías fósiles –incluido el carbón, aunque se supone que provisionalmente- lo que cuestiona el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones presentados en la COP26 de cambio climático celebrada en Glasgow, aunque el hecho de que las emisiones de GEI de la UE sean solo del orden del 8% del total, hace que su variación tenga una incidencia marginal en la evolución del calentamiento global, si bien se está perdiendo, en parte, el empuje de vanguardia que la UE ha venido realizando en este tema.

Pero como reacción a la escalada de precios de las energías fósiles, 18 Estados miembros –incluida España- han establecido subvenciones adicionales a las mismas, con un coste global que supera, en la actualidad, los 16.000 millones de euros, y que son claramente contradictorias con las políticas de ahorro energético que se pretenden, y con la transición verde buscada, ya que favorecen el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de GEI, no favorecen a las personas de menores recursos –que utilizan marginalmente el automóvil- y no contribuyen al cambio imprescindible de pautas de consumo y comportamiento de los ciudadanos.

Sin embargo, el encarecimiento de las energías fósiles, la inflación y el incremento de los tipos de interés pueden llevar a una reducción del ritmo de crecimiento global (con posibilidad de que varios países –empezando por los EEUU entren en procesos de “stagflation”) lo que podría reducir las emisiones globales o, al menos estabilizarlas, aunque sea difícil precisar ni el signo ni la magnitud de la variación esperable.

En el difícil e imprevisible marco que se avecina para los próximos meses, las principales inversiones para una transición trasformadora hacia un Modelo de desarrollo más sostenible implicarían, prioritariamente:

A. Reforzar las políticas de autosuficiencia energética basándose en los recursos propios, donde las energías renovables, los proconsumidores, las comunidades energéticas renovables locales y la energía distribuida, capaz de optimizar las sinergias entre transición digital y energética cobran un papel fundamental.

B. Potenciar la rehabilitación energética de las ciudades, con particular incidencia en el incremento del ahorro energético residencial, tanto en lo que se refiere a los propios edificios como a su equipamiento (bombas de calor, control de consumos, etc.).

C. Potenciar la transición hacia una movilidad sostenible y libre de emisiones, tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías, favoreciendo urbanística y territorialmente la viabilidad de un funcionamiento en base a una movilidad no motorizada y potenciando el transporte público electrificado sobre el resto de medios de desplazamiento motorizados, dando lugar a alternativas de transporte asequibles y respetuosas con el clima (bicicletas, abonos de transporte público, viajes en vehículos compartidos, potenciar días sin coche, el teletrabajo y las nuevas infraestructuras de movilidad activa).

D. Potenciar las sinergias entre la transición digital y la transición ecológica en todo lo que signifique mejora de la eficiencia, reducción de los consumos energéticos y mejora de la eficiencia y de la productividad en el uso de todo tipo de recursos –priorizando particularmente los autóctonos- con particular incidencia en la I+D+i y en la formación y cualificación personal precisa para el nuevo tipo de sociedad deseada.

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[1] El Plan “Fit for 55”, presentado por la CE el 14 de julio de 2021, es un documento de 330 páginas, con 24 artículos y 4 anexos, que incluye normas dirigidas a asegurar la senda de descarbonización para el 2050, cumpliendo el objetivo intermedio, para el 2030, de una reducción del 55% en las emisiones de GEI. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-itre-committee-meeting-fit-55_en

[2] Consejo Europeo. 24 de junio de 2022. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL the promotion of energy from renewable sources https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10488-2022-INIT/en/pdf

[3] Consejo Europeo. 27 de junio de 2022. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency (recast) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10697-2022-INIT/en/pdf

[4] https://ec.europa.eu/info/files/strategic-foresight-report-2022_en

[5] Lo que tendrá una incidencia muy significativa sobre los combustibles fósiles (la gasolina y el diésel que tendrían un impuesto del orden de 10,75 euros/gigajulio y la electricidad de 0,15 euros/gigajulio).

[6] Propuesto por la Comisión para paliar el impacto que el encarecimiento del suministro energético puede tener por los mayores costes en el transporte y por la mayor factura del consumo en los hogares sobre las familias menos favorecidas.

[7] La Comisión estimaba que, en 2021, unos 34 millones de europeos estaban incluidos en el riesgo de pobreza energética.

[8] CE (2022). REPowerEU: Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[9] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%22Fit+for+55%22%3a+Council+agrees+on+higher+targets+for+renewables+and+energy+efficiency