En toda sociedad ha habido individuos y grupos que se han desenvuelto fuera de los márgenes de la buena convivencia y transgredido las normas y las leyes establecidas, alejándose de los comportamientos aceptables. En la Sociología más clásica se ha utilizado el término “desviación” para explicarlos (hoy en día se ha dejado de lado esta nomenclatura por las connotaciones asociadas), si bien sigue siendo operativo conceptualmente y forma parte de las categorías esenciales que permiten adentrarse en el complejo mundo social del ser humano. Por lo que tiene sentido decir que se refiere a un acto o a alguien que no se ajusta a las normas sociales, pues hacerlo es comportamiento “normal”. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la idea de “desviación social” abarca desde un comportamiento descortés (por ejemplo: una murmuración, una calumnia, un insulto, hasta incumplir el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19,  o en casos de robo o asesinatos); y es la propia organización social   la que establece y controla los niveles y extensión de “lo correcto” y “lo incorrecto”, de “lo aceptable” y “lo inaceptable”, así como el grado y correctivo que de su incumplimiento resulta.

Se trata de una cuestión que siempre ha existido e incide tan directamente en la sociedad humana que origina ruptura, resistencia y fragilidad en las interacciones sociales. Su ocurrencia trastorna la previsión en los comportamientos que esperan los unos de los otros y facilita la posible ruptura de la cohesión social. Cohesión que hemos de entender como un aglutinamiento social unido por la aceptación de un elenco de normas, que, además, siempre contienen una medida disciplinaria. La orientación disciplinaria se materializa en “sanciones”, cuya función social es reparar daños, evitar nuevas faltas y servir de ejemplo disuasorio que retraiga la desobediencia a las normas.

Cada sociedad propone sus propias normas e impone sus sanciones para mantener el orden social, de donde se deriva que define su propia visión de lo alejado del comportamiento aceptable, ligado a su historia. Así pues, resulta de extrema importancia el aprendizaje, interiorización y cumplimiento de las pautas sociales establecidas por cada cultura, porque las normas instauradas en cada ámbito social tienen como finalidad la consecución de una armoniosa convivencia, la supervivencia del individuo y el mantenimiento de la buena convivencia. Consecuente con lo anterior, lo “desviado”, las “normas” y las “sanciones” son relativas a cada sociedad. Están determinadas por un espacio y un tiempo, cambian, quedan obsoletas, se transforman, se modifican los marcos tolerados y su cumplimiento adopta distintas modalidades, valoraciones y niveles.

España es uno de los países más desarrollados del mundo, regido entre otros valores sociales por el pluralismo que ha dado lugar, entre otros efectos, a que coexistan muchas subculturas. Asimismo, apreciar que vivimos en un mundo altamente competitivo, que deja en la cuneta a millones de ciudadanos, en un escenario altamente industrializado, desregularizado laboralmente, con deslizamientos hacia la marginalidad y la delincuencia entre los sectores de la población desplazados a la periferia. A lo anterior, añadir que la globalización conlleva igualmente una globalización de la delincuencia, con una cada vez mayor presencia de bandas criminales. Todo este entramado originado nuevos delitos, acordes a los nuevos tiempos, haciéndose necesarios cambios en la esfera punitiva.

Según el Balance de Criminalidad, correspondiente al segundo semestre del año 2019, las infracciones penales aumentaron un 3,3% más respecto al mismo periodo en el año 2018 (2.201.859 y 2.131.118 respectivamente) (https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/). Se debió fundamentalmente al incremento de los delitos informáticos (cibercriminalidad), prioritariamente las estafas debidas al comercio online. Es llamativo que desde el 2011 al 2019 se hayan elevado notablemente estas infracciones penales sobre el total de infracciones, hemos pasado de un 2,1% al 10,1%, respectivamente, resultando la mayor subida entre los años 2018 (7%) y 2019 (10,1%).

Otro hecho que ha influido en el acrecentamiento de la criminalidad se liga a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en estrecha relación con un mayor número de denuncias. Por otro lado, se han reducido en un 5,4% los robos con fuerza en domicilios, así como las sustracciones de vehículos (-1,8%). En cuanto al tráfico de drogas se observó, en los últimos meses del 2019, una tendencia decreciente, no disponiendo de datos a día de hoy que confirmen esta tendencia.

Por otro lado, destacar que las tasas de delito esclarecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en 2019 fueron muy elevadas/elevadas en  materia de homicidios dolosos y asesinatos consumados (95,3%), homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (95,4%), tráfico de Drogas (93,2%), las agresiones sexuales más graves (86,4%), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (85,6%) delitos contra la libertad e indemnidad sexual (81,2%) y contra la libertad e indemnidad Sexual (80,6%). Sustanciándose desde un nivel medio a bajo de esclarecimientos los secuestros (55,3%), los robos con violencia e intimidación (33,6%), las sustracciones de vehículos (28,7%), los hurtos (18,7%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (18,5%) y los robos con fuerza en domicilios (15,6%).

El confinamiento que hemos vivido a nivel planetario ha supuesto una coyuntura inédita en lo que a los actos delictivos se refiere, el único escenario similar fue el de los periodos bélicos, planteándose de cara al futuro la emergencia de nuevos patrones delictivos.

El profesor de Derecho Penal y Criminología José Becerra en declaraciones realizadas en los últimos meses ha dicho que “En el estado de alarma, las oportunidades se desplazan de sitio… (y los delincuentes) …  Ahora están mucho más expuestos, por lo que se lo pensarán dos veces”, estima que ha debido impactar de lleno “en todos los perfiles delictivos”, incluidos los de “cuello blanco” y según su criterio “Este tipo de delincuentes deben estar en ‘shock’, reaccionando al impacto de la situación y más centrados en la reestructuración de la empresa o entidad pública que en la posibilidad de perpetrar irregularidades o infracciones”.

Según un informe de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en donde se detallan los índices de criminalidad entre el 14 y el 31 de marzo pasado se confirma un descenso significativo de los índices de criminalidad para ese mes (desde un 84,1% en Madrid a un 66% en Andalucía). El mayor decrecimiento ha tenido lugar en los núcleos urbanos con más población, habida cuenta de la alta presencia policial (en las poblaciones con más de 100.000 habitantes, el índice de actividad delictiva bajo un 79,7%). Particularmente los delitos contra la seguridad vial han experimentado un decrecimiento del 57,1%, así como los delitos de odio (73,1%) y los relacionados con el tráfico de drogas (49,8%).

En el otro extremo se encuentran los de violencia de género y los denominados “coronacrímenes”. Según informaciones actualizadas el pasado 11 de mayo, desde el comienzo del estado de alarma se han contabilizado 4.100 detenidos por violencia machista. Asimismo, las llamadas al 016 aumentaron en un 60% (de 5.396 llamadas en abril de 2019 a 8.632 en este último mes, a la par que en abril se recibieron 2.361 llamadas más que en marzo), de igual modo que las denuncias a través del chat de WhatsApp habilitado por el Gobierno. Y las consultas online están disparadas, no en vano, de marzo a abril se incrementaron en un 586%.

En este sentido han surgido iniciativas imaginativas y eficientes, como el proyecto “Mascarilla 19”, implantado por el Instituto Canario de Igualdad e implementado en otros municipios, y que consiste en que cuando una mujer acude a una farmacia y solicita una “Mascarilla 19” se activa un protocolo de ayuda, poniéndose los farmacéuticos en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado (hasta principios de mayo 16.000 farmacias en toda España lo utilizaban). En otros países también se han puesto en marcha sistemas similares, como en Francia, Argentina, Italia o Australia.

Los “coronacrímenes” son los fraudes vinculados al ámbito financiero. La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Interpol y la Europol están alertando sobre que tras una primera fase de la pandemia, en donde se constataron fraudes en la adquisición de material sanitario, actualmente proliferan los que tienen como objetivo el sistema financiero y bancario.

Y retomamos el principio de este texto cuando planteábamos que los comportamientos fuera de norma se circunscriben al espacio y tiempo en donde se producen, así lo confirman la naturaleza de los episodios delictivos acontecidos durante los últimos meses a raíz del Covid-19. Una confrontación, a modo de un gran experimento sociológico, que hasta hace poco tiempo ni siquiera se nos hubiera pasado por la imaginación  aunque, como en numerosas ocasiones, la realidad supere la ficción.

 

Fotografía: Carmen Barrios