Los partidos expresan el pluralismo político y son instrumento para la participación política. Los gobiernos son los responsables del interés general.

Por eso, los partidos han de confrontar sus opciones políticas diversas y los gobiernos han de colaborar en la gestión eficiente de los asuntos públicos.

Esta diferenciación de papeles debiera resultar una obviedad para una sociedad democrática avanzada como la española pero, sin embargo, a juzgar por el comportamiento de algunos gobernantes, es preciso ponerla de manifiesto y exigir su cumplimiento una y otra vez.

El paradigma de la falta de respeto al papel institucional de los gobiernos lo representa la presidenta de la Comunidad de Madrid. De manera continua y sistemática abdica de su responsabilidad como gobernante, para ejercer como activista de la confrontación partidaria.

Ocurrió en las gestiones contra la pandemia. Pasó en la negociación de los fondos para la recuperación económica. Volvió a pasar con el plan de vacunaciones. Y lo ha vuelto a hacer en la respuesta pública al temporal de nieve. Se trata, por tanto, de una estrategia deliberada. Una estrategia equivocada y dolosa.

El Pacto Constitucional de 1978 exorcizó a nuestro país respecto a buena parte de los demonios patrios más clásicos, como la falta de sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, como los vínculos entre Estado e iglesia, como el debate perpetuo en torno a la forma del Estado (a pesar de las minorías que pretenden reeditarlo)…

No obstante, las controversias sobre la estructura territorial del Estado se han mantenido vivas durante todo este tiempo, con mayor o menor virulencia.

La Constitución, los Estatutos de Autonomía y el marco legislativo desarrollado en estos cuarenta años de democracia han dado lugar a un Estado de carácter inequívocamente federal. El nuestro es un Estado complejo, fuertemente descentralizado, que “reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (artículo 2 de la CE)

El balance de la España de las autonomías es un balance claramente positivo, porque ha dado cauce a las legítimas reivindicaciones identitarias, a la vez que ha promovido el desarrollo de territorios antes relegados, y ha proporcionado una gestión satisfactoria en general mediante la aplicación del principio de subsidiaridad.

Existe, por tanto, el marco constitucional adecuado. Contamos con un extenso derecho comparado en grandes potencias federales, como Alemania, Canadá, Australia…. Y disponemos de herramientas institucionales teóricamente válidas, como una Cámara parlamentaria de carácter territorial -el Senado-, Conferencia de Presidentes, Consejos Interterritoriales…

¿Qué nos falta? ¿Dónde está el déficit responsable de que nuestro Estado federal no cuente con el grado de consenso, estabilidad y eficiencia que sí disfrutan en otros países? La lealtad institucional.

La lealtad es la única condición que no se puede mandatar en un texto legal pero que, sin embargo, resulta una condición indispensable para que un Estado complejo funcione de manera adecuada.

La lealtad es la disposición de los gobernantes para priorizar la colaboración sobre la confrontación, la cooperación sobre el conflicto y, en definitiva, el interés general sobre el interés partidario.

Mediante la lealtad se busca primero la convergencia de intereses y objetivos, y se trabaja después el entendimiento y el esfuerzo conjunto para su cumplimiento.

Con la lealtad institucional se gana en gestión eficaz, se gana en cohesión social y territorial, se gana en calidad democrática, y se gana en confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

Pero hay que querer.