En el artículo que publicamos aquí la semana pasada sobre el intento de Golpe de Estado que promovió Trump en el Capitolio de Washington, acabábamos apuntando un lugar común, que es la fragilidad de la democracia. No quisimos seguir especulando sobre el tema la semana pasada, pero quizás sea ahora oportuno aportar algunas ideas más concretas. El punto de partida ha de situarse, naturalmente, en Estados Unidos y en la ambigua actitud del Partido Republicano desde que se conoció el triunfo electoral de Biden el 3 de noviembre. Aunque finalmente el Vicepresidente Mike Pence actuó conforme a la Constitución y tras él la mayoría de los Senadores y Representantes republicanos, no ha faltado un grupo de parlamentarios, dirigidos por el ultra Ted Cruz, que ha presionado hasta el último momento para impedir la proclamación de Biden como vencedor de la elección presidencial. Dicho en pocas palabras, el Partido Republicano estadounidense ha estado varias semanas en una posición ambigua y desde fuera del país no se sabía hacia dónde iba a dirigirse, respetando la Constitución o sumándose al Golpe de Estado que preparaba el Presidente vencido.

Esta primera idea conecta con otra situación que hemos vivido en España durante toda la pandemia, cuando algunas personas, algunos grupos y algunos medios de comunicación acariciaron la idea de derribar al Gobierno del Presidente Sánchez. La idea existió, los manifiestos preparatorios existieron, los contactos con veteranos militantes socialistas probablemente existieron también y no faltaba la justificación, a saber, que el Gobierno es ilegítimo porque está apoyado por comunistas, filoetarras e independentistas catalanes. Y tenemos, como colofón, las maniobras realizadas durante el mes de mayo para impedir la prórroga del estado de alarma, maniobras en que se involucraron al unísono el Partido Popular y Esquerra Republicana. Es decir, hay indicios que nos hacen pensar que el Partido Popular ha podido estar involucrado en una operación destinada al cese del Gobierno de Pedro Sánchez, operación a la que, previsiblemente, no sería ajeno otro partido parlamentario, Vox.

El recientísimo caso estadounidense, y el algo más lejano caso español, nos llevan a una reflexión doble. Por un lado, como apuntábamos al principio, a la idea de la fragilidad de la democracia. Pero, por otro lado, al fenómeno de los partidos conservadores que tienen la tentación de involucrarse en operaciones destinadas a saltarse el régimen constitucional de un país e implantar un Gobierno autoritario en contra del ordenamiento jurídico de un país. ¿Qué lleva a un partido conservador más o menos hegemónico a jugar con la idea de un giro brusco en la democracia de un Estado?

Antes de responder aportemos otra idea. Los Golpes de Estado no son exclusivos de la derecha. La izquierda, todas las izquierdas, han practicado los Golpes de Estado bajo la forma de revoluciones, desde la Comuna de París de 1871 hasta el golpe espartaquista, pasando por la Revolución bolchevique, que no sólo fue un Golpe de Estado, sino que creó una doctrina, el leninismo, que propugnaba la vía al socialismo por medio del golpe de Estado. Incluso la socialdemocracia, en unas pocas ocasiones, también ha participado en golpes de Estado, pero lo cierto es que, frente al leninismo, la socialdemocracia es esencialmente democrática y no intenta desmontar el ordenamiento de un Estado.

Volviendo a las causas que pueden llevar a los partidos conservadores a desmontar la democracia e imponer autoridades al margen del ordenamiento, conviene señalar que, si bien los actuales partidos de derechas en Europa y en América poseen una base popular muy amplia, su ideología no se ha separado del elitismo conservador del siglo XIX, que muy bien representaba Cánovas en España y Guizot en Francia. Es decir, aunque actualmente votan a la derecha todos los segmentos populares, su ideología (aunque actualmente oculta) es elitista, se sienten representantes de las minorías selectas, ricas y con poder político. Esta circunstancia no es casual, pues suele llevar a los partidos de derechas a plantearse un cambio en el mando del Estado si ese Estado, sus órganos, no gobierna conforme a sus intereses. En España ocurrió varias veces en el siglo XX, en 1923, en 1932 (preparado desde mayo de 1931) y en 1936. Pasó en Alemania en 1933, en Francia en 1934 (sin éxito) y 1958 (con éxito), en Grecia en 1967 y en Chile en 1973 (en ambos casos con éxito). Por consiguiente, hay que tener una base ideológica muy anclada en los principios democráticos para que las derechas no caigan en la tentación ideológica de pensar en un Golpe de Estado cuando no controlan el poder político.

Volviendo a España, los movimientos sospechosos de esta primavera, más el intento del Partido Popular de que el Congreso no autorizara una nueva prórroga del estado de alarma, junto con otras maniobras concomitantes (como la petición de Casado y algunos empresarios de que los fondos europeos de recuperación no fueran gestionados por el Gobierno), hace temer que el Partido Popular esté siendo penetrado por Vox, y siga la senda de este Partido, que pretende desestabilizar no sólo al Gobierno, sino todo el sistema político.

¿Qué debería ocurrir para que el Partido Popular se distanciara de Vox y asumiera una vía plenamente constitucional que excluyera toda tentación de desalojar al Gobierno del Presidente Sánchez por vías espurias?

En primer lugar, desde una perspectiva estratégica, el Partido Popular debe evitar emular a Vox en planteamientos ultras y antidemocráticos, que parecían superados con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como Portavoz del Grupo Parlamentario, pero que siguen siendo moneda de cambio ideológica en el partido de Casado.

En segundo lugar, ya en perspectiva táctica, desbloqueando la elección de los órganos constitucionales o similares que siguen sin renovarse, que es una forma de no respetar la Constitución, y también retirando a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, de la labor de confrontación feroz con el Gobierno de la Nación. También apoyando al Gobierno en su gestión contra el Covid-19, abandonando el propósito de utilizar la forma monárquica del Estado como instrumento para debilitar al Gobierno.

Pero el Partido Popular tiene también que superar otro factor, que es casi un fetiche de la derecha y que forma parte de su personalidad ideológica. Me refiero a la resistencia a criticar la dictadura franquista y a considerar críticamente la Segunda República, que fue el primer sistema político democrático que conoció España, como se vio con la inútil afrenta realizada por el Ayuntamiento de Madrid a la memoria de Francisco Largo Caballero y de Indalecio Prieto. Suele decirse que el Partido Popular no cambia su valoración (positiva) del franquismo y (negativa) de la Segunda República porque sus bases y sus electores conservan una benevolencia al dictador. Yo creo que es lo contrario, si el Partido Popular condenara la dictadura y reconociera los valores democráticos de la Segunda República, sus bases y sus electores también cambiarían de perspectiva.

El Partido Popular está en una seria encrucijada. Puede ser el partido democrático de la derecha, que se identifica con la democracia y con sus principios (el primero de los cuáles es el respeto a los resultados electorales y a las decisiones del Parlamento). O puede competir con Vox a ver quién es más ultra, quién se identifica más con la dictadura y con los vencedores de la Guerra Civil, quién desprecia y deslegitima más a la izquierda y quién propone más medidas destinadas a desmontar el Estado Social de Derecho. En el primer caso, será un partido identificado con el Estado democrático. En el segundo, aprovechará toda ocasión que se le presente para deslegitimar y, si puede, derribar con malas artes al Gobierno.