Las asociaciones judiciales españolas de derechas (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que actúan en la práctica como sindicatos, han enviado cartas a las instituciones comunitarias, concretamente a la Vicepresidenta de la Unión para Valores y Transparencia y al Comisario de Justicia, para denunciar que la última reforma legislativa española en materia judicial (la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la actuación del Consejo General del Poder Judicial en funciones) pone en riesgo del Estado de Derecho, porque limita las atribuciones del órgano de gobierno del Poder Judicial cuando ha rebasado su mandato constitucional de cinco años.

Antes de seguir adelante debemos advertir que los periódicos de la derecha han manipulado esta noticia. En concreto, ABC escribió el 13 de abril “Más de 2500 jueces españoles denuncian en Europa la vulneración del Estado de Derecho” y El Mundo del mismo día afirmó: “Más de 2500 jueces denuncian en Europa el asalto al Poder Judicial”. Estos titulares son mentirosos, porque no son los Jueces los que han firmado la carta sino los órganos representativos de las tres citadas Asociaciones, que no es lo mismo. Es decir, estamos en primer lugar ante una manipulación de unas noticias, porque no es lo mismo que firmen una carta dos mil quinientas personas que lo hagan los cargos directivos de unas Asociaciones que agrupan a esas dos mil quinientas personas.

La segunda cuestión previa a destacar es que, como hemos visto en esta sección, durante toda la crisis del coronavirus el Partido Popular (y, más concretamente la eurodiputada Dolores Montserrat) ha intentado que las instituciones comunitarias, y especialmente la Comisión, sancionen de una forma u otra a España. El Partido Popular ha intentado que los fondos de reconstrucción no fueran gestionados por el Gobierno español y al mismo tiempo se ha dirigido a la Comisión Europea para denunciar una supuesta restricción de las libertades durante el estado de alarma. Como comenté en su momento, esta conducta del Partido Popular, de desprestigiar al Gobierno españolen el extranjero evoca a las denuncias de Antonio Pérez cuando publicó su memorial tras huir de las prisiones de Felipe II. Así se formó la leyenda negra y así lo practica el Partido Popular que, en este punto, converge con los separatistas catalanes que están obsesionados por internacionalizar su rebelión (Javier García Fernández: “Deslealtad externa e interna”, Sistema Digital, 23 de abril de 2020; y “El fantasma de Antonio Pérez sigue recorriendo Europa”, Sistema Digital, 19 de junio de 2020). El patriotismo del Partido Popular se basa en la utilización banal de los símbolos del Estado, pero no duda en desprestigiar a España para debilitar al Gobierno de la izquierda.

Con este proemio, veamos lo que significan las cartas de las Asociaciones judiciales. En primer lugar, es de lamentar que esas Asociaciones no se hayan dirigido a Bruselas para quejarse de un hecho tan grave como es que hace dos años no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial (en el mismo sentido, el editorial de El País del 14 de abril). La Constitución atribuye a este órgano constitucional un mandato de cinco años pero la prolongación de este periodo a lo largo de varios años a causa de su no renovación quiebra la Constitución, tanto en sentido directo (el artículo 122.3), como en sentido indirecto, porque desapodera de una competencia a las Cortes Generales que son las que tienen que proceder a la elección de los Vocales del órgano. Pero esa quiebra constitucional, palmaria, a la vista de todos los ciudadanos, que deteriora también el Estado de Derecho, no preocupa a las Asociaciones judiciales y no lo denuncian a las instituciones comunitarias. ¿Cómo lo iban a denunciar si son las primeras beneficiadas de la no renovación del Consejo?

Porque lo que hay detrás de las cartas a Bruselas es un descarado asunto de ejercicio de poder. En alianza con el Partido Popular, las Asociaciones judiciales basan su poder y su influencia entre los Jueces y Magistrados en la capacidad de controlar la asignación de puestos en la carrera judicial. Quien más afiliados coloca, más representatividad obtiene. Y la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, ha arrebatado a las Asociaciones la llave de su poder. Era un fraude de ley que un Consejo General carente de legitimidad, en funciones hace varios años, siguiera detentando el poder de distribuir todos los puestos relevantes del Poder Judicial, desde Magistrado del Tribunal Supremo hasta la presidencia de todos los órganos judiciales colegiados, conforme a unas mayorías parlamentarias que acabaron con  las elecciones de 2019 y aun de 2015. Contando con el apoyo del Partido Popular, las Asociaciones judiciales de derechas han copado los cargos judiciales de elección del Consejo para sus afiliados y, en general, para Magistrados de orientación conservadora. Lo malo es que, en ocasiones, la única Asociación progresista se ha prestado a la operación a cambio de unas migajas de poder.

Por eso protestan estas Asociaciones. No porque la moderada reforma de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, conculque el Estado de Derecho pues sigue confiriendo al Consejo General quince atribuciones entre las que está la potestad reglamentaria sobre siete materias. Pero esas atribuciones (a mi juicio, excesivas para un órgano caducado) no importan a las Asociaciones judiciales. Prefieren desacreditar a España para defender su poder caciquil. Y de paso, piden a Bruselas que obligue a España a implantar un modelo de elección del Consejo General que permita que dos mil funcionarios elijan por sí solos una parte de un órgano constitucional (Javier García Fernández “¿Judicializar la política o hacer política a través del Poder Judicial?”, Sistema Digital, 26 de junio de 2020).