En una democracia, las mayorías sociales sirven de poco si no se transforman en mayorías políticas a través del voto en las urnas. Podemos observarlo en dos ejemplos distintos sobre el derecho al aborto en Estados Unidos y España.

En Estados Unidos, la Corte Suprema ha revocado Roe vs Wade, es decir, el derecho al aborto. Ante este fallo, por una parte, muchos estados conservadores han aprobado leyes que restringen y prohíben el aborto incluso en casos de incesto o violación. Por otra, el gobierno del presidente Biden ha aprobado una norma que obliga a permitir el aborto en caso de emergencia médica.

La conclusión, a día de hoy, es que las mujeres son menos libres en Estado Unidos al tener menos derechos. A Trump, los americanos le expulsaron de la presidencia, pero las consecuencias de sus políticas continuarán reduciendo derechos consolidados, como consecuencia de sus nombramientos en una Corte Suprema cuyos cargos son vitalicios y con mayoría abrumadoramente conservadora. Una mayoría, que se orienta por su ideología y no tiene en consideración ni los cambios ni la opinión mayoritaria de la sociedad estadounidense.

Mujeres americanas menos libres en una sociedad donde el 59 por ciento de los adultos estadounidenses desaprueba la decisión de la Corte Suprema, según una encuesta realizada por la CBS News/YouGov.

Mujeres americanas menos libres en una sociedad donde el 52 por ciento considera que la decisión es un paso atrás para Estados Unidos.

Mujeres americanas menos libres en una sociedad donde entre las mujeres, el 67 por ciento desaprueban el fallo. Y el 56 por ciento afirma que la decisión empeorará la vida de la mayoría de las mujeres estadounidenses.

Mujeres americanas menos libres en una sociedad donde el 58 por ciento de los estadounidenses dice que estaría a favor de una ley federal que legalice el aborto en todo el país. Y el 64 por ciento señala que le gustaría que el aborto en sus estados fuera legal en la mayoría o en todos los casos.

Este, es un claro ejemplo de la necesidad de movilizarse políticamente y votar en los procesos electorales para ampliar derechos, y también para evitar perder derechos que se creen consolidados. Hay que aprender y recordar que los derechos se pueden conquistar y tener, pero también se pueden perder.

En sentido contrario, el voto mayoritario de los españoles en las urnas, permitió un Gobierno socialista de coalición, que además de escuchar lo que piensa la mayoría de la sociedad española, amplia derechos para que en España haya más libertad y justicia social.

Así, las mujeres españolas son hoy más libres al aprobar el Consejo de Ministros una reforma de la ley del aborto que tiene por objetivo blindar la interrupción del embarazo en la sanidad pública y regular otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Las mujeres españolas son hoy más libres porque tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Algo que forma parte de un derecho fundamental, el de la salud.

Cuando la ley entre en vigor:

  • La sanidad pública será la red de referencia para abortar. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.
  • Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
  • Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo y desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y tres días de reflexión, que incorporó en 2015 el PP, en su modificación de la ley vigente de 2010.
  • La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.
  • Los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales. Esto quiere decir, que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.
  • Se establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, en cuyo historial clínico debe constar que padece este problema.
  • Se incluye el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo y también por aborto.
  • Para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones, compresas o copas menstruales en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc…
  • La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas educativas.
  • Se recoge como violencias contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul.
  • Se considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España, y se prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.
  • Se creará una línea telefónica para informar de todos los derechos incluidos en la norma.

En España, la mayoría social se movilizó y votó. La consecuencia es que existe un gobierno que amplia derechos. Los españoles son hoy más libres, y especialmente las mujeres. Hay que aprender y recordar que los derechos se pueden conquistar y tener, pero también se pueden perder. Y que ocurra una cosa u otra depende de votar.