Secundando el llamamiento de UGT y CCOO, el pasado día 16 de mayo se celebraron multitudinarias manifestaciones y concentraciones en las principales ciudades del país. En Madrid, en concreto, se formó una gran cadena humana que rodeó el edificio del Banco de España. Las reivindicaciones de los sindicatos pretenden eliminar la reforma unilateral del gobierno (año 2013) y, paralelamente, defender unas pensiones dignas: revalorizar las pensiones (mantener su poder adquisitivo) y eliminar el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y reducirá las nuevas pensiones al estar ligadas a la esperanza de vida revisable cada cinco años.

Se trata de una de las muchas movilizaciones que se han venido celebrando en todo el Estado, incluso, después del Acuerdo al que llegaron el Gobierno y el PNV para elevar el incremento de las pensiones del 0,25% al 1,6% (sólo en los años 2018 y 2019) y aplazar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta el año 2023. Sin duda, este Acuerdo ha frenado las movilizaciones, pero no las ha suprimido, ni muchísimo menos, como pretendía el Gobierno, y se está demostrando en la actualidad, al no recoger las pretensiones sindicales. En todo caso, el gobierno ha tenido que aceptar una parte de las exigencias de los pensionistas ante la magnitud de las protestas y el temor a la fuerte repercusión que pueda tener el voto de los pensionistas en futuras elecciones. Y, lo que es más importante, el gobierno ha terminado por reconocer que hay dinero para pagar las pensiones como venían manifestando reiteradamente los sindicatos y la oposición política.

La mayoría de los analistas han denunciado que el Acuerdo es oportunista y defiende intereses de parte: los intereses del PP y del gobierno son claramente electoralistas y están encaminados a aprobar los PGE-2.018; los del PNV tienen la pretensión de hacer realidad el aumento de la financiación pública pactado para el País Vasco (570 millones de euros en infraestructuras, según recoge Luis R. Aizpeolea en El País. Por lo tanto, el Acuerdo no elimina la reforma del gobierno de 2.013 y, en coherencia con ello, no garantiza la revalorización de las pensiones (cláusula de revisión ligada al IPC), como incluso lo han manifestado, cínicamente, el ministro de economía Román Escolano y el propio Mariano Rajoy. Tampoco aborda la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social (SS) y, por lo tanto, no garantiza su futuro, ni ofrece alternativas novedosas que no sean la simple reducción de los ingresos de los pensionistas.

Los pensionistas se han manifestado también contra el bloqueo político del gobierno en el parlamento y la parálisis del Pacto de Toledo. Es absolutamente falso que la parálisis del Pacto se deba a la obstrucción que practica la oposición política en su seno y, también, que el culpable del deterioro de la SS y del vaciamiento de su Fondo de Reserva (cerca de 67.000 millones de euros) sea el último gobierno socialista, como  han puesto de manifiesto los responsables del PP. Todos sabemos que lo que ha ocurrido se debe a la política económica del actual gobierno, a su reforma laboral, a la decisión unilateral de eliminar la revalorización ligada al IPC e imponer el factor de sostenibilidad y, finalmente, a su nula voluntad de consenso, en materia de pensiones, como lo demuestra el mencionado Acuerdo entre el PNV y el gobierno, al margen del Pacto de Toledo, lo que confirma la escasa credibilidad del gobierno en esta materia.

En este sentido caben, de nuevo, algunas reflexiones. El problema de la SS tiene relación, principalmente, con los ingresos, no con los gastos como argumenta el gobierno para justificar su política. Efectivamente, el gasto actual en pensiones no representa un problema serio para España, puesto que dedica el 11,6% del PIB (algunos países de la UE gastan por encima del 14% del PIB); un porcentaje ligeramente por debajo de la media europea. Por otra parte, el 48% de los pensionistas no alcanzan los 655 euros. Una cifra claramente insuficiente, que se considera aún más escandalosa al constatar que la presión fiscal  en nuestro país está 7 puntos por debajo de la media europea. Por eso resultan intolerables las declaraciones del gobernador del Banco de España: los actuales y futuros pensionistas deberán cobrar menos, trabajar más años y ahorrar e invertir en fondos complementarios de pensiones. De la misma manera, José A. Herce en El País alardea de que la tasa de sustitución de las pensiones se sitúa por encima del 80%, olvidando, de una manera lamentable, el paulatino empobrecimiento de las pensiones, a raíz de la reforma del gobierno, en 2013, que reducirá drásticamente la tasa de sustitución al 48%, en el año 2060. Además, si se toman en cuenta todas las prestaciones sociales asociadas a la vejez (sanidad, gasto en farmacia, pensiones, dependencia…), las rentas de los pensionistas en España se reducen al 63% de la media de la UE-15, lo que en paridad de compra nos sitúa en el 13º lugar de los 15 países, según un estudio de UGT basado en  datos de Eurostat. Todo ello al margen de que la SS es un Sistema Público, Contributivo y Solidario y no precisamente un Sistema de Capitalización, como les gustaría a muchos.

En cambio, el capítulo de ingresos se ha reducido considerablemente en los últimos diez años por los efectos de la crisis, al verse los ingresos muy afectados negativamente por el desempleo, la precariedad (temporalidad, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales…) y los bajos salarios. A ello han contribuido las nefastas reformas laborales y el abuso reiterado de los empresarios en materia de contratación laboral. En segundo lugar, las subvenciones y bonificaciones a la contratación y las tarifas planas. En tercer lugar, la economía sumergida y el fraude en las cotizaciones. Y, en cuarto lugar, los bajos porcentajes de cotización y los topes establecidos a los salarios más altos.

En coherencia con ello, lo primero que exigen los sindicatos es avanzar hacia una política de pleno empleo y superar la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que sólo será posible derogando las reformas laborales, sobre todo la nefasta reforma de Mariano Rajoy, que afecta particularmente a los jóvenes y al futuro de las pensiones. No debemos olvidar que la primera consecuencia, y la más importante de la última reforma laboral, tiene relación con el brutal desplome de los salarios (devaluación salarial extrema), lo que ha conducido a una fuerte transferencia de rentas del trabajo  a las rentas del capital, que ha repercutido muy negativamente en las cotizaciones (ingresos) a la SS. En segundo lugar, los pensionistas exigen suprimir las tarifas planas, las subvenciones a la contratación y la financiación de las políticas activas de empleo a cargo de la SS, sobre todo cuando se ha demostrado que no cumplen con la misión de crear empleo. En tercer lugar, proponen estudiar el destope de las cotizaciones y, en su caso, aumentar moderadamente las cotizaciones empresariales ante su posible  repercusión (negativa) en el empleo. En cuarto lugar, se reclama trasladar a los PGE los gastos de administración y gestión de la SS, incluyendo los salarios y el costo del personal a su servicio. En quinto lugar, proponen fortalecer la inspección de la SS para atajar el fraude en las cotizaciones y combatir la economía sumergida.

Por último, CCOO y UGT plantean recurrir a la fiscalidad, como ingreso complementario (si fuera estrictamente necesario), para responder al fenómeno del envejecimiento. Lo que nos exigirá articular un impuesto general, directo, progresivo y finalista, como el existente, desde hace años, en Francia: la “Contribución Social Generalizada”. En todo caso, el propósito de los pensionistas es que el gobierno cumpla el artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”. Por eso, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas es un derecho reconocido, al que han contribuido y siguen contribuyendo los trabajadores. En todo caso, debemos recordar que los distintos gobiernos han gastado 140.000 millones de euros del Sistema en los últimos 18 años en asuntos ajenos a las pensiones y que, en la actualidad, el gobierno está invirtiendo 11.000 millones de euros anuales en actuaciones que no deben imputarse a la SS (Asociación de Defensa de las Pensiones Públicas).

Los sindicatos también se han movilizado el pasado día 22 -en este caso en las sedes de las organizaciones empresariales- y han anunciado más manifestaciones para el día 16 de junio contra el bloqueo de la patronal (CEOE-CEPYME) a las negociaciones de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Los sindicatos reivindican un incremento mínimo del 3,1%, a partir de una inflación prevista del 1,6% más el 1,5% adicional para recuperar el poder adquisitivo perdido y, cuando menos, una parte de los beneficios que se han generado por el aumento de la productividad. Por otra parte, no debemos olvidar que desde el año 2.014 la economía crece a un ritmo del 2,8%, mientras que, paralelamente, se ha producido una fuerte devaluación salarial, sobre todo de las rentas más bajas, lo que justifica que los sindicatos reivindiquen también un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales y la cláusula de revisión para garantizar el poder adquisitivo de los salarios pactados en los convenios, entre otras reivindicaciones a introducir en la negociación colectiva.

Estas movilizaciones demuestran, con rotundidad, el gran enfado de los sindicatos y la creciente indignación de los trabajadores y pensionistas. Además, esta circunstancia se produce en un contexto económico más favorable, lo que debería facilitar la recuperación de la deuda social generada en los últimos 10 años en España. Estas razones justifican la actitud ofensiva de los sindicatos; sólo falta que los trabajadores participen mucho más en estas movilizaciones (a través de los organismos sindicales de base en empresas, sectores y territorios, apoyados en sus enseñas, pancartas y reivindicaciones). El éxito final de las movilizaciones tendrá también una relación directa con el trabajo encaminado a buscar acuerdos con las fuerzas sociales emergentes (sobre todo cuando estamos recordando el séptimo aniversario del 15-M) y, por otra parte, mejorando la coordinación con los partidos de la oposición.

Finalmente, los partidos progresistas tienen la responsabilidad de canalizar el creciente malestar social de los trabajadores y de recuperar la credibilidad y la confianza de sus electores. Resulta incomprensible y lamentable que la alternativa al PP (y al gobierno), según algunas encuestas, pueda ser Ciudadanos. Para superar esta tendencia electoral- y el potencial desánimo de muchos ciudadanos- no hay otro camino que movilizarse y participar activamente en el tejido social defendiendo los ideales socialdemócratas y todo lo que éstos han representado a lo largo de nuestra reciente historia.