Nunca se debe primar a quienes practican el juego sucio y ponen en riesgo el Estado de derecho y la democracia para conseguir sus objetivos políticos y económicos. ¿Por qué digo esto? Porque mientras siguen muriendo muchos compatriotas y miles de españoles están combatiendo al coronavirus, algunos sectores políticos, mediáticos y económicos han emprendido, cada vez con menos disimulo, la caza al gobierno.

Les da igual el drama que se está viviendo. Les da igual lo que haga el gobierno y como lo haga, su objetivo es claro: quieren cargarse al gobierno. Y junto a ellos, o con ellos, aparecen, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, la primacía de la cuenta de resultados sobre la libertad de información en muchos grupos mediáticos y el aislamiento de la población, actores exteriores que desde hace tiempo buscan desestabilizar, cuanto más mejor, a los países de la UE, sea como sea.

Todo ello en un mundo de contrastes, donde nadie cree a nadie, pero al mismo tiempo está dispuesto a creer cualquier cosa que le llegue varias veces a su smartphone o vea en las redes sociales, sin pararse a pensar si es una información fiable, con garantías de veracidad. O simplemente, viene directamente de fuentes dedicadas a la manipulación. Un ejemplo, la policía ha alertado de la creación de 1,5 millones de cuentas en redes sociales para «manipular» sobre el coronavirus.

Todo ello en un mundo donde la mentira mil veces repetida, la insinuación torticera, el sobreentendido malicioso, la falta de contexto para manipular los hechos, junto con la descalificación constante de quien intenta combatir estas mentiras, se intenta que se difunda en las conversaciones y en las creencias de porcentajes importantes de ciudadanos, en sociedades que hoy están políticamente fragmentadas.

Esta situación, hace al proceso de las mentiras sistemáticas más peligroso para el sistema democrático. Ya que pequeños cambios fomentados por estas estrategias de difamación pueden llevar a desastres como la elección de Trump, Bolsonaro o el Brexit, entre otros.

No es la primera vez que esto ocurre en España. Primero, lo hicieron, a principios de los años noventa, contra Felipe González. Se articularon en torno al denominado “sindicato del crimen”. Como escribió en La Vanguardia Vilallonga, el 22 agosto de 1994: La operación se llevaría a cabo por etapas. Primero se desestabilizaría al Gobierno atacando sin tregua a Felipe González en sus horas más bajas. Esta vez los ataques serían de carácter más personal que político. Se atacaría simultáneamente a Narcís Serra, aprovechando su actual vulnerabilidad y desamparo. Paralelamente se haría una fuerte campaña en favor de Aznar, «un hombre que durará el tiempo que queramos que dure», según palabras de uno de los conjurados. Con cuidada sincronía se irían filtrando pequeñas y breves noticias en detrimento de la figura del Rey, para acabar publicando un dossier que comprometiera gravemente al Monarca en algún escándalo irreparable. Todos los periodistas sabemos lo fácilmente que se monta un falso dossier en el cual se involucra a la persona que se pretende destrozar.” Información, posteriormente confirmada por Ansón, en una entrevista en el semanario Tiempo, el 23 de febrero de 1998.

Después contra Zapatero. Con episodios como las falsas teorías de la conspiración del 11-M. O la falta de compromiso del PP con España y su gobierno cuando se necesita para evitar la intervención económica en el año 2010. Todavía se recuerda la falta de apoyo al gobierno y la crispación que fomentó el PP. Todavía se recuerda la frase de Montoro «Que caiga España que ya la levantaremos nosotros», en mayo de 2010.

Ahora, en estos terribles momentos, donde más se necesita unidad, unidad y más unidad, vuelven a la carga. El objetivo es acabar con el primer gobierno de coalición de la reciente historia democrática española.

Cualquier excusa les vale. Ya tenga relación con la lucha contra el coronavirus; ya sean las supuestas divisiones del gobierno; ya sea no defender a unas instituciones del Estado o defender a otras; ya sean pretendidos ataques a la libertad de expresión. Da igual, porque el objetivo lo tienen claro.

Y ante esta estrategia tan irresponsable, ¿Qué hay que hacer? Pues, en primer lugar, denunciarla y ponerla en conocimiento de los ciudadanos. Después, combatir las mentiras, los bulos y las difamaciones con todos los instrumentos que otorga la democracia. Porque la democracia es un sistema que debe defenderse de quien la ataca. Y, por supuesto, seguir pidiendo unidad.

En España, el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y difusión. Por lo tanto, cuando algunos medios de comunicación hablan de intentos de censura es un despropósito, que solo cabe dentro de la estrategia de acoso y derribo al gobierno.

Una estrategia que tiene que ver con un hecho que se viene agudizando las últimas décadas. La concentración de los medios de comunicación en grandes grupos mediáticos ha hecho que su cuota de independencia sea inversamente proporcional a su cuenta de resultados. Es decir, mandan los intereses económicos de los dueños, sus deseos y no la información.

Pero voy a ir un poco más allá, puesto que hay una parte que siempre se les olvida. El artículo 20 de la Constitución, también reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y a respetar el pluralismo de la sociedad. INFORMACIÓN VERAZ Y PLURALISMO. ¿Están algunos medios de comunicación dando información veraz y visibilizando el pluralismo que existe en la sociedad española? Sinceramente creo que no.

En las últimas décadas se ha ido pasando de un nivel de pluralismo amplio en los medios de comunicación, que se correspondía bastante con el nivel de pluralismo de la sociedad, a una situación donde los grandes conglomerados de medios de comunicación priman de antemano sus intereses y su poder.

Primar sus intereses, su beneficio privado, es decir, la comercialización sobre el servicio público está provocando un perjuicio a la democracia que la debilita. Pero, qué ocurre cuando en situaciones excepcionales, como las actuales, esos intereses privados corresponden con interés extranjeros.

¿Qué tendría que hacer un país si unos dueños extranjeros de medios de comunicación entran en una campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos?

Se habla mucho de una deriva autoritaria por el estado de alarma, olvidando que éste forma parte del ordenamiento constitucional. Ante este tipo de campañas, que son una cosa distinta a la crítica que debe existir en todo sistema democrático, lo que sí parece evidente es el papel determinante de los medios de comunicación para que la democracia funcione.

Para fortalecer la democracia hay que entender la información principalmente como un servicio público, y no como una simple mercancía. Hay que respetar la pluralidad de la información, la diversidad de los contenidos y una información objetiva y de acceso rápido a los ciudadanos, porque ni el desarrollo tecnológico, ni el incremento de medios y servicios lo garantiza de manera automática.

Son momentos muy duros, donde hay que tener unidad. Y, sobre todo, es preciso abandonar estrategias de acoso y derribo hacia el gobierno. Es hora de seguir salvando vidas, de no repetir errores del pasado y de llevar a cabo un acuerdo de reconstrucción de España, mediante un gran pacto para la España del bienestar de las próximas décadas.

Mientras, hay que repetirnos que nunca se debe primar a quienes practican el juego sucio y ponen en riesgo el Estado de derecho y la democracia para conseguir sus objetivos políticos y económicos.