Tras la presentación de la proposición de ley conjunta de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas-Podemos, relativa a la reforma del modo de elección de los Vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial y a las funciones del Consejo en situación de prorrogatio, se han ido encadenando noticias y reacciones cuyo alcance político real conviene aclarar. Toda la derecha española ha desencadenado una operación destinada a hacernos creer que la reforma que propugnan los partidos que componen el Gobierno de coalición vulnera la Constitución y los principios políticos de la Unión Europea cuando no sólo no es así, sino que quienes están quebrantando la neutralidad del Poder Judicial son algunos órganos judiciales. Además, si hablamos de Unión Europea hay que señalar que el Partido Popular está traicionando en Europa a España y al Estado democrático español… ni más ni menos que Puigdemont y los independentistas catalanes.

Debemos partir de un dato. Desde que se aprobó en 1980 la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial hasta 1985 en que se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo se convirtió en la sede donde las asociaciones judiciales conservadoras (en realidad, sindicatos judiciales) pudieron demostrar su influencia a la hora de distribuir las plazas judiciales más interesantes. Esa función distribuidora necesitaba un apoyo político que siempre ofreció la derecha española, primero con UCD y luego con Alianza/Partido Popular. Así se forjó la alianza de las dos derechas, la política y la judicial, y es cierto que ha sido una alianza indestructible, pues tanto Alianza Popular como su continuador, el Partido Popular, se han esforzado por mantener un modo de elección del Consejo que asegurara la hegemonía de las asociaciones judiciales conservadoras.

La primera vez que la derecha judicial tocó a rebato fue en 1985, cuando se estaba tramitando el proyecto de ley Orgánica del Poder Judicial y el entonces Diputado de Euzkadiko Ezkerra, Juan Mari Bandrés, presentó una enmienda, la “enmienda Bandrés”, en donde proponía la elección parlamentaria de todos los Vocales del Consejo, cuando hasta entonces, conforme a la Ley Orgánica de 1980, las Cortes sólo elegían a los ocho Vocales pertenecientes al turno de juristas de prestigio, ya que los doce Vocales de origen judicial eran elegidos por los propios Jueces y Magistrados. Aquella enmienda y su posterior asunción por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista tuvo similares efectos a los de una bomba atómica (sobre el trasfondo constitucional del cambio del modo de elección hay dos trabajos excelentes: Fernando Ledesma, “Sobre el Consejo General del Poder Judicial”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 70, 2017, págs. 4-9; y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, La independencia y el gobierno de los jueces. Un debate constitucional, Madrid, 2018). Cuando las asociaciones judiciales conservadoras descubrieron que su instrumento de influencia podía mermar y que podría haber, ¡incluso!, un Consejo con mayoría progresista, sacaron todos los cañones que conservaban en sus parques de artillería y empezaron a bombardear al enemigo. ¿Cómo? 1) Una gran campaña mediática con la prensa de la derecha en la que mostró sus grandes cualidades de agitador el entonces Presidente del Consejo, el Magistrado conservador Federico Sainz de Robles; 2) suscitando el Consejo ante el Tribunal Constitucional un conflicto entre órganos constitucionales, conflicto al que respondió dicho Tribunal señalando que un órgano constitucional como el Consejo no podía impugnar una Ley ya aprobada por el Parlamento (Sentencia 46/1986, de 17 de abril); 3) interponiendo el Partido Popular un recurso de inconstitucionalidad también ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica, recurso que dirigió como abogado el padre de Alberto Ruiz-Gallardón, José María. El Tribunal Constitucional salvó la constitucionalidad de la elección parlamentaria de todos los Vocales (Sentencia 108/1986, de 9 de julio), pero ambas derechas no renunciaron.

Desde 1985, el modo de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial ha sido reformado en 2003, 2013, 2014, 2015 y 2018, pero ambas derechas no se sienten cómodas y aspiran a volver al modelo de 1980, que es el modelo de la recién presentada proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que ha difundido para hacer creer que quiere negociar con el PSOE, pero que en realidad es el programa máximo de la derecha judicial. Por eso el Partido Popular no va a negociar la renovación del Consejo, porque es un Consejo muy conservador que no coincide con la mayoría actual de las dos Cámaras. Y por eso lanza un mensaje que es inaceptable, vetar en la negociación a un partido de Gobierno como Unidas-Podemos, que cuenta con treinta y cinco escaños. El veto es políticamente una infamia, pero en realidad es un pretexto para no cambiar este Consejo.

Al tiempo que ambas derechas montan su gran campaña en los medios conservadores y hasta en El País, que ha adoptado la táctica de la equidistancia, el Partido Popular ha adoptado otros dos instrumentos de presión. Por una parte, ha llevado a la Comisión Europea la denuncia de que la proposición de ley quiebra el principio de separación de poderes y nos aproxima a las reformas judiciales de Hungría y de Polonia. No es cierto, como veremos más abajo, pero la insidia contiene una amenaza muy dura: el Partido Popular pide a la Comisión Europea que no se conceda el Fondo de Reconstrucción que ha solicitado España. Eso es una traición a la Nación española (a la que desprestigia en Europa), al Estado español (al que debilita) y al pueblo español (al que niega los Fondos que necesitan los ciudadanos y las empresas), y hace tiempo que la derecha de Casado está jugando con ese juego propio de un partido traidor, igual que los independentistas catalanes (véase Javier García Fernández, “El fantasma de Antonio Pérez sigue recorriendo Europa”, Sistema Digital, 19 de junio de 2020).

Y al tiempo que la derecha política traiciona a su patria por complacer a la derecha judicial, esta desencadena su propia ofensiva y empieza a obtener pronunciamientos del propio Consejo y de algunos Tribunales (Castilla y León, etc.). Pero, ni el Consejo ni los Tribunales territoriales están capacitados para pronunciarse sobre un proyecto legislativo del Parlamento. ¿Esa es la separación de poderes con que se le llena la boca a ambas derechas?

¿Pueden tener razón ambas derechas al denunciar la vulneración de la Constitución? Recordemos que el artículo 122.3 de la Constitución regula la elección de los Vocales del Consejo de la siguiente manera:

“De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establece la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas…”.

Luego hay que pensar que la propia Constitución no ha querido pronunciarse sobre el modo de elección de los Vocales judiciales, modo que la Constitución delega en la Ley. Es una materia abierta que la Constitución no resuelve y que permite todas las posibilidades que el legislador quiera. Y no se infringe el pluralismo, porque una mayoría absoluta es una mayoría reforzada que permite que los partidos actúen con muchas combinaciones. Llama la atención que ahora algunos se acuerden del pluralismo cuando el modo de elección de los Vocales judiciales en la Ley Orgánica de 1980 era el sistema mayoritario, que dejaba fuera a veces a la mayoría de los electores. Y, por poner otro ejemplo, los Magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos se eligen por mayoría sin que nadie ponga en duda el pluralismo.

Por ende, ni infracción de la Constitución ni de su espíritu, sino ejercicio legítimo de la facultad de ordenación del Estado que tiene el Parlamento.