El Congreso acaba de aprobar una reforma del código penal que castigará con prisión pequeños hurtos en casos de reincidencia. Es una decisión política muy importante, que demuestra que el gobierno de España no solo es sensible a las necesidades de los ciudadanos, sino que desarrolla reformas para que esas necesidades sean cubiertas.

Con esta modificación se va a terminar con la sensación de impunidad que existía en la sociedad, en este tipo de delitos. Si, un sentimiento de frustración, cuando los delincuentes eran detenidos y después quedaban en libertad tras imponérseles una multa, que podían pagar cuando se celebrara el juicio porque utilizaban esa libertad para seguir robando.

Con la reforma, suben las penas previstas cuando haya reincidencia, es decir, estar condenado al menos por un delito igual, o multirreincidencia, estar condenado al menos por tres delitos iguales previamente. Así, cuando se dé reincidencia en un delito de hurto de cuantía inferior a 400 euros, la pena será de seis a dieciocho meses de prisión y multa del tanto al séxtuplo del valor del objeto sustraído. Y en los casos de multirreincidencia por el mismo tipo de delitos, la pena será de prisión de uno a tres años.

Un acierto. Pero desgraciadamente, esta modificación, tan importante para la seguridad y para la sensación de seguridad en muchas calles de nuestro país, no ha tenido el eco, que suelen tener en los medios de comunicación algunos de los hurtos, que con esta modificación legislativa se van a combatir.

¿A caso no es importante reformar el código penal para castigar con penas de prisión de hasta 18 meses los pequeños hurtos cuando sean cometidos por delincuentes reincidentes? Si se preguntara a la mayoría de los ciudadanos contestarían que sí.

La seguridad es un derecho de los ciudadanos, que además éstos reclaman de forma permanente y efectiva a sus gobiernos. Por ese motivo, las políticas que se llevan a cabo en materia de seguridad ciudadana tienen que estar planteadas, diseñadas, desarrolladas y evaluadas desde la óptica del respeto y las garantías de los derechos humanos. Pero, también, adaptadas constantemente a una realidad que es cambiante.

La libertad y la seguridad son dos apartados centrales del modelo de sociedad en el que queremos vivir.  Dos pilares esenciales que aparecen recogidos en el contrato social que tenemos como sociedad en forma de derechos ciudadanos.

Y si hay alguien que defiende y amplia los derechos ciudadanos, es un gobierno socialista. Por eso, hay que publicitar más este tipo de medidas, sin ningún tipo de reparo, frente a un discurso del miedo de la derecha con el que intenta sacar redito electoral.

Es cierto que España es uno de los países más seguros del mundo gracias al esfuerzo que la sociedad española ha realizado y al trabajo de los policías de todos los ámbitos. Pero, también es cierto, que se están incrementando los determinados delitos que causan mucha alarma social.

Lo vuelvo a reiterar, una democracia, no puede permitir el robo como modo de vida o profesión, sea quien sea quien lo haga. Una democracia debe contar con elementos legislativos para acabar con la multirreincidencia. Es decir, el Estado debe garantizar los derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana.

También hay que decir, que cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. Pero poner mayor énfasis, no significa descuidar las segundas. Ya que la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática.

Potenciar las políticas de reinserción es imprescindible en una sociedad democrática. Pero luchar con todos los elementos legales que no proporciona el Estado de Derecho contra la multirreincidencia en España, es un deber ineludible que nuestras instituciones han entendido.

Con esta reforma, España es un poco mejor, y nuestras calles son y serán más seguras.