Los datos muestran una continua mejora en la reducción del desempleo; 42.409 personas menos en el paro en el mes de junio, lo que nos sitúa en 2’28 millones de desempleados, el mejor dato desde octubre del 2008; y los 115.607 nuevos afiliados a la Seguridad Social, la tercera mejor cifra en un mes de junio, después de los apuntados en el 2005 con la regularización de inmigrantes, del entonces ministro de trabajo Jesús Caldera, que nos lleva a rozar los 20´35 millones de personas cotizantes, la cifra más alta de la serie histórica. Con estas cifras, las interpretaciones no se han hecho esperar; euforia del Gobierno por mantener estos datos a pesar de la inflación y la  crisis; descrédito de la oposición que, insaciable en sus críticas, desprecia cualquier dato positivo que se produzca en el país; relativización por parte de una patronal, cada día más atrincherada en su conservadurismo laboral; y expectativa sindical por dar a los mismos una complementariedad de medidas más profundas que permitan afrontar la inflación y mejorar los salarios en la negociación colectiva.

Digan lo que digan, lo cierto es que, en un año, el paro ha descendido en 733.797 personas y casi la mitad de los contratos firmados son indefinidos. A pesar de esto, sigue habiendo 2’88 millones de parados en nuestro país.

En esta situación, ¿cómo se explica que haya puestos de trabajo sin cubrir?, se preguntan una y otra vez los empresarios de la construcción, hostelería, del sector agrario y del transporte. ¿Tiene fundamento esta alarma, o hay interés económicos y empresariales que buscan mantener mayor demanda de empleo para seguir ofertando pésimas condiciones laborales? La viñeta de El Roto del pasado lunes en El País lo resume muy gráficamente, presentando una patera cargada de inmigrantes que se acercan a la playa al grito de “¡Somos camareros!”.

Pero también es un discurso fácil para los ultraliberales y la derecha decimonónica, que buscan la explicación en las ayudas impulsadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis; salario mínimo vital, ayuda a los alquileres, ERTES, apoyo a la pobreza energética, las rentas de inserción… Según estos, “no compensa trabajar si se dispone de ingresos que permitan vivir a través de las subvenciones y ayudas”, para a continuación, sacar el ejemplo de EEUU con la gran deserción de puestos de trabajo tras las restricciones del Covid, que no tiene nada que ver.

Son viejos argumentos explotados una y otra vez por los mismos, fue Ronald Reagan quien montó su campaña en torno a ellos, un personaje que presentaba como real, que vivía de las ayudas, denunciando en mítines y convenciones como vivía sin trabajar por las subvenciones recibidas. Se demostró su falsedad, pero para entonces las mentiras habían calado en la sociedad estadounidense y aquello se tradujo en enormes recortes de las políticas sociales con los más necesitados.

Recientemente la Confederación sindical de CCOO ha elaborado un informe sobre estas cuestiones muy interesante y documentado. “Análisis de las vacantes laborales en España”, en el que argumenta que en 2021 solo hubo un 0’7% de vacantes no cubiertas sobre el total de asalariados no agrarios (15 millones), frente a los 2’3% de Europa. Somos junto con Grecia, el país que menor número de vacantes tiene en la UE.

Las ramas de actividad con mayor porcentaje de vacantes son las administraciones públicas con el 2’8%; el sector de la información y comunicación con el 1’7%, frente al 4’2% de la eurozona y las actividades profesionales, técnicas y científicas (el 1’2% frente al 4% de la eurozona). En el resto de actividades todos se sitúan por debajo del 1%. Si nos centramos en aquellos que más están en candelero, la construcción, con el 0’6% frente al 4% de la eurozona, la hostelería, con el 0’6% frente al 5’5% de la eurozona y el transporte y almacenamiento, con el 0’5% frente al 2’6%.

La escasa intermediación de los servicios públicos de empleo en la casación de oferta y demanda de trabajo (2% al 3% del total) ralentiza la cobertura de vacantes, de la misma manera que la dificultad de movilidad por los altos alquileres se convierte en un hándicap para realizar traslados o mejoras profesionales.

Pero sin duda las vacantes son fruto, en la mayoría de los casos, de las condiciones de trabajo ofertadas, y se dan especialmente en sectores como el de la construcción, transporte y hostelería, que tienen una mayor jornada, en las que esta se prolonga sin la retribución añadida en la mayoría de los casos, con jornadas de descanso no garantizadas, horas extras no contabilizadas, y precariedad institucionalizada, que a la postre ha impedido fijar empleo y mejorar la profesionalización con la formación continua en las empresas.

El sector agrario es especialmente conflictivo, pues si bien es cierto que los contratos en origen han sido una buena fórmula que da continuidad y alguna garantía en la contratación con arreglo a las normas, lo cierto es que el intercambio de contrato para regularizar la situación del inmigrante se está convirtiendo en una fórmula de sobreexplotación que hace cada vez más difícil cubrir las vacantes.

Según el mencionado informe, en España no hay un problema de vacantes o de falta de mano de obra cualificada, sino de infradesarrollo del tejido empresarial que condena al 29’2% de los asalariados a trabajar en empleos que requieren una cualificación inferior a la que tienen. La conclusión es clara “Entre las explicaciones de este infradesarrollo, está el bajo nivel de formación de los empresarios españoles en comparación con los europeos”.