El pasado día 21 de diciembre el Senado aprobó los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE) por una amplia mayoría, tras ser rechazadas las 3.500 enmiendas parciales y 12 votos particulares presentados y por tanto sin necesidad de volver al Congreso de Diputados. El dictamen del proyecto obtuvo 145 votos a favor, procedentes de PSOE, ERC, Bildu, PNV, En Comú Podem, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe, Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria, Agrupación Socialista La Gomera y Geroa Bai, 118 en contra y dos abstenciones de las derechas y la ultraderecha. Los PGE-2021 entrarán en vigor el 1 de enero, poniendo fin así a los PGE prorrogados desde 2018, que fueron elaborados por el Gobierno del PP. Nunca hasta ahora unos presupuestos habían obtenido el apoyo de tantas fuerzas políticas, siendo el resultado de la voluntad de diálogo y la responsabilidad de la mayoría de los partidos políticos, para acordar unas cuentas públicas al servicio de la ciudadanía y hacer frente a la emergencia sanitaria y la crisis económica y social producidas por el coronavirus.

Con los PGE el Gobierno PSOE y UP ha demostrado una gran capacidad de diálogo para definir unos presupuestos que no tienen precedentes por su carácter expansivo para la reconstrucción social y económica ante los efectos devastadores provocados por la pandemia, y que ponen fin a las políticas de austeridad practicadas desde la anterior crisis económica. Esto último, gracias también a que las instituciones de la Unión Europea, ante la grave situación de la economía internacional, han optado por permitir la suspensión temporal de las reglas de la estabilidad presupuestaria. Así, las medidas recogidas por los PGE para 2021 se orientan a impulsar un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, basado en la educación, la tecnología y la formación, el refuerzo de los servicios públicos y la inversión en I+D+i, para mejorar la creación de empleo, la competitividad y la productividad de nuestra economía.

Los PGE para 2021 destierran definitivamente las políticas que la derecha impuso entre 2012 y 2018, caracterizadas por los recortes en los servicios públicos y la protección social, la desregulación de los derechos de los trabajadores, la devaluación de la economía y el aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, mientras que, en sentido contrario, se rebajaba la fiscalidad de las grandes empresas y las rentas altas. Muchos han sido los efectos negativos de estas políticas del PP: la debilidad producida en la sanidad y la educación públicas, los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, el incremento de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la temporalidad abusiva y parcialidad involuntaria en el empleo, la generalización de los falsos autónomos, la precariedad y falta de oportunidades para los jóvenes, los recortes de las prestaciones por desempleo o el déficit de la Seguridad Social.

Estos presupuestos impulsan las bases para la transformación del modelo productivo, pues se aumenta en un 10,3% la inversión hasta los 239.765 millones de euros, equivalente a un 21,69% del PIB. El factor inversión es la partida que podría tener mayor efecto multiplicador del presupuesto, al disponer de unos 27.000 millones de fondos europeos que permitirán avanzar en la transición ecológica e industrial y la digitalización. En esta partida, una de las más relevantes, se movilizarán 70.000 millones de euros a través de la inversión pública y privada, un 6,3% del PIB para dos años en la Agenda España Digital 2025. Se fortalecerá el gasto en I+D+i con 5.106 millones de euros y también se desarrollan los programas de Transición Ecológica y descarbonización, con un presupuesto equivalente al 1,1% del PIB.

Se avanza en materias como la educación, con un aumento del 70% del presupuesto, una mejora en las becas universitarias y en la formación profesional; la sanidad se refuerza con un incremento del 75%, especialmente para la atención primaria y las vacuna; la asignación a la dependencia se incrementará un 34%; la partida destinada al empleo crece en un 30% y las políticas de vivienda recibirán alrededor de 2.250 millones de euros, para el alquiler, la construcción y la rehabilitación. Con las medidas sociales aprobadas se fomenta la corresponsabilidad y la conciliación, al equiparar los permisos parentales, promover la educación infantil de 0 a 3 años, o la contratación de cuidadores profesionales para personas dependientes.

Las cuentas públicas para 2021 son la respuesta adecuada a la crisis actual, fortaleciendo y blindando el Estado del Bienestar, al incluir el mayor gasto social de la historia, con 239.000 millones de euros. La Seguridad Social implementará las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del Sistema Público de Pensiones. Se prevé el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con un crecimiento del 0,9% para la mayoría de las pensiones, y del 1,8% para las no contributivas. El IPREM, al que se asocian las prestaciones sociales, subirá un 5%, tras casi 10 años congelado. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), recibirá una financiación de 3.017 millones de euros y se flexibilizan sus requisitos con el propósito de ampliar su cobertura y facilitar el acceso de las personas vulnerables a las prestaciones.

Para los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas se contempla que sus salarios aumenten un 0,9%, en línea con la previsión de la inflación para garantizar el poder adquisitivo, y se realizará una Oferta de Empleo Público (OEP) de 28.000 plazas. También hay que recordar la política de rentas que el Gobierno ha venido realizando hasta ahora, que ha supuesto un fortalecimiento de las rentas del trabajo más bajas mediante la mejora del SMI, situándose su cuantía actual en 950 euros mensuales. El SMI debería continuar su revalorización progresiva para llegar esta legislatura al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea y se prevé en el acuerdo del Programa del Gobierno de Coalición.

Es prioritario avanzar en la creación de empleo de calidad, a través de formación y cualificación para los cambios productivos generados por la digitalización y la descarbonización. Por ello, se amplían los recursos para mejorar la protección por desempleo, las políticas activas de empleo aumentan un 35,75% hasta alcanzar los 6.482 millones de euros, para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas y la promoción de las políticas de igualdad de oportunidades y el empleo de calidad de las mujeres y de los jóvenes. También crece un 39% la dotación económica destinada a impulsar el trabajo autónomo y la economía social. Se apoya la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de las normas sociolaborales, la protección de los derechos de las personas y la mejora del empleo. Se prevé la continuidad de los ERTE y la prestación extraordinaria de los autónomos para el mantenimiento del tejido productivo y el empleo.

Para afrontar el incremento del gasto el Gobierno tiene previsto recaudar un 13% más que el año pasado, hasta los 222.107 millones de euros. Entre otras medidas se limitan las exenciones sobre dividendos y plusvalías en el Impuesto de Sociedades; se incremente en un punto porcentual el Impuesto de Patrimonio sobre grandes fortunas superiores a los 10 millones de euros; se establece una subida de dos puntos del IRPF a los sueldos que superen los 300.000 euros, y de tres puntos a las rentas del capital de más de 200.000 euros; se aplicará una tributación mínima del 15% para las SOCIMIS; se introduce la tasa Tobin, el impuesto para las transacciones financieras a la compra de acciones a las grandes empresas y también la tasa Google, el impuesto a las grandes empresas digitales; se crea un nuevo impuesto para los envases de plásticos de un solo uso; se incorpora una subida del IVA de las bebidas azucaradas, del 10 al 21% y por último, se introduce una reducción de las desgravaciones a los planes privados de pensiones individuales, aumentando al mismo tiempo el tope para los planes de pensiones de empleo regulados por la negociación colectiva.

Ante este esfuerzo de responsabilidad y de consenso los dirigentes del PP, Cs y Vox han adoptado un rechazo frontal que pone al descubierto su menosprecio hacia los intereses generales, pues sus valoraciones son ajenas al equilibrio y responsabilidad de las medidas aprobadas en los PGE, obedecen al mero cálculo electoral y reiteran una vez más sus comportamientos insolidarios ante la crisis sanitaria y sus pavorosos efectos. El PP, en su versión menos patriótica, llegó a pedir a la Comisión Europea el bloqueo de los fondos europeos para España, y en esa deriva de mentiras tildan de antisociales a unos presupuestos buenos para las personas, las empresas y el trabajo.

Los PGE para 2021 son el resultado del diálogo político y para su implementación y ejecución es necesaria la cooperación e implicación de todos los niveles de las administraciones públicas, y por supuesto también van a requerir que se profundice en el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Igualmente sería muy positivo que la mayoría de los partidos políticos que han dado su respaldo a los presupuestos continuaran buscando acuerdos para las reformas institucionales, sociales y laborales que están pendientes. Sin duda con estos presupuestos se da un paso muy importante para la estabilidad y la recuperación de la economía y la sociedad de nuestro país.