Durante el último mes, todos los medios de comunicación se hacen eco de las movilizaciones que están realizando los agricultores y ganaderos por toda España. Concentraciones, cortes de carreteras, tractoradas, y manifestaciones, se han sucedido y se sucederán las próximas semanas para demandar acciones urgentes que cambien la situación límite en la que viven nuestros agricultores y ganaderos.

Estas movilizaciones, han conseguido que la sociedad española ponga el foco y su interés en las graves dificultades por la que está atravesando el campo en España. Una situación, que viene arrastrándose desde hace muchos años y que se ha visto agudizada en los últimos tiempos por las nuevas barreras comerciales en forma de veto ruso a algunos productos, en forma de Brexit y en forma de nuevos aranceles impuestos por Trump, entre otras cuestiones.

Ante la información que se está conociendo, muchos ciudadanos se preguntan: ¿Cómo es posible que los agricultores y ganaderos no obtengan un precio justo por sus productos? ¿Cómo es posible que ante la subida de los costes de producción los agricultores y ganaderos, se vean obligados a vender por debajo de sus costes, lo que les aboca a la ruina y al cierre de explotaciones? ¿Cómo es posible que las ayudas provenientes de la Unión Europea, año tras año, estén sufriendo recortes, en lugar de apoyar a este sector que es estratégico? ¿Cómo es posible que no se facilite la venta directa de sus productos?

Muchas preguntas, y hasta ahora pocas respuestas. Y digo, hasta ahora, porque el gobierno de España tras reunirse con los agricultores, los ganaderos y sus organizaciones, acaba de aprobar un Real Decreto-ley que contempla medidas urgentes para garantizar su nivel de vida, mejorar su posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Para algunos estas medidas no serán suficientes, pero hay que reconocer que estamos ante un gobierno que, lejos de mirar hacia otro lado, actúa con medidas concretas para evitar el abandono de las explotaciones agrarias y para impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).

Un gobierno serio que pasa a la acción, frente al intento oportunista de algunas formaciones políticas por sacar unos cuantos apoyos electorales. Si se lee el Real Decreto, hoy se puede decir:

  • Que se ha introducido, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción.
  • Que se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, la destrucción del valor a lo largo de la cadena y, además, se endurecen las infracciones.
  • Que se van a hacer públicas las infracciones graves y muy graves que se cometan, para que la sociedad esté informada.
  • Que se mejora la tributación en el IRPF de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
  • Que se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

Y todo ello, como un primer paso dentro de una visión global que tiene en cuenta el papel vertebrador de la agricultura y la ganadería, frente a la denominada España vacía, frente a los problemas medioambientales y frente a los problemas territoriales que padece nuestra sociedad.

Un primer paso que hay que reconocer. Un primer paso que debe animar para dar los siguientes.