Los debates políticos en torno a la lucha contra la pandemia y sus efectos acaban desembocando en la discusión sobre los instrumentos jurídicos que posibilitan o dificultan una acción administrativa eficaz para  prevenir la propagación del virus. Pero los actuales debates no  han surgido de la nada sino que son la consecuencia de la tensa relación del Gobierno con la oposición parlamentaria y con parte de las Comunidades Autónomas pues, ambos (oposición parlamentaria y parte de las Comunidades Autónomas) han actuado con notable deslealtad durante la vigencia del estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo. Concretamente, dos factores han perturbado la buena gestión de la lucha contra la pandemia:

  • La resistencia de algunos Grupos Parlamentarios de la oposición (Popular, Vox y Esquerra) a votar la prórroga de los estados de alarma, lo que puso en peligro la continuidad del confinamiento doméstico de los ciudadanos, que el Gobierno consideró el mejor instrumento para evitar la propagación del virus;
  • La constante reclamación de competencias por parte de los Presidentes autonómicos, especialmente Torra de Cataluña y Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid.

Ambos factores ayudan a entender la propuesta que formuló el pasado 25 de agosto el Presidente del Gobierno a las Comunidades Autónomas al concluir el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones, esto es, que sean las propias Comunidades Autónomas las que propongan al Gobierno la declaración del estado de alarma en el territorio de cada Comunidad Autónoma, propuesta que el Gobierno asumiría y. si fuera necesario, presentaría al Congreso de los Diputados para su prórroga. Conviene resaltar la corrección jurídica y política de esta propuesta. En sentido jurídico esta declaración en parte del territorio nacional ya está prevista en la Constitución cuyo artículo 116.1 in fine establece:

“El decreto [de declaración  del estado de alarma] determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

En desarrollo de este precepto, en el artículo 5º de la Ley orgánica 4/1981, de  4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé:

“Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”.

Y el artículo 7 de la misma Ley complementa esta previsión de la siguiente manera:

“A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad”.

Por cierto, y antes de ver esta propuesta del Presidente en sentido político,  debe hacerse una precisión. En los medios de comunicación muchos comentaristas dieron por supuesto que la declaración del estado de alarma era una aplicación directa del artículo 116 de la Constitución que regula esta situación. Nada más equivocado porque este precepto constitucional trata de los estados de alarma con mucha generalidad y necesita el complemento de una Ley para concretar cómo se aplica. Esa es la citada Ley orgánica 4/1981, de  4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que se aprobó tras el 23 F para evitar que alguna autoridad militar hiciera lo que Milans del Bosch y declarara el estado de guerra a imitación de los militares golpistas de 1936. Es una buena Ley, aprobada con bastante consenso. Sin embargo, en parte por ignorancia y en parte con el fin de desprestigiar al Gobierno el director de El Mundo escribió en su artículo dominical del 30 de agosto que Sánchez iba a aplicar “una ley de Calvo-Sotelo”. Lo escribió con el desdén y con el sectarismo que caracteriza a Francisco Rosell pero olvidó decir que esa Ley de Calvo-Sotelo es la Ley que ha permitido aplicar todo el estado de alarma.

Hecha esta digresión, volvamos a glosar las razones, ahora políticas, que han debido inducir al presidente del Gobierno a proponer una declaración territorialmente limitada del estado de alarma. Son razones políticas, pero a la vez se hunden en el campo de lo jurídico y no tienen una solución rápida.

Aunque los Estados Unidos regulados en la Constitución de 1787, la Alemania del I Reich, la Alemania de Weimar y los Estados Unidos del New Deal eran Estados federales, la diferencia entre los dos últimos y los dos primeros es notable. La República de Weimar creó (y el Presidente Roosevelt la imitó) un nuevo tipo de federalismo, el llamado federalismo cooperativo, que consiste en una reducción de la autonomía política de los Estados o de los Länder y un reforzamiento de los instrumentos de cooperación de modo que las políticas públicas que desarrollen antiguas competencias de los Estados federados se ejecuten ahora en cooperación con el Estado federal. En el Derecho constitucional actual de todo el mundo el federalismo es un federalismo cooperativo, donde muchas de las antiguas competencias de los Estados federados han pasado a ser competencias concurrentes con un elevado grado de participación del Estado federal.

Pero España tiene poco de Estado descentralizado cooperativo. Quizá porque tampoco se reguló la cooperación en la Constitución de 1931, quizá porque en las Cortes Constituyentes había más interés en descentralizar que en buscar un contrapeso a esa descentralización, lo cierto es que la Constitución de 1978 carece de instrumentos de cooperación territorial. Por ello se introdujeron unos instrumentos muy primarios en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, instrumentos que mejoraron cuando la Ley 4/1999, de 13 de enero, reformó la Ley de 1992.

Pero el ordenamiento español necesita dotarse de mejores instrumentos de cooperación que aseguren una buena relación jurídica entre el Derecho estatal y el Derecho autonómico y eso explica las dificultades para coordinar las competencias autonómicas en materia de Sanidad y de Educación, competencias que sólo se han podido coordinar gracias a los instrumentos normativos derivados del estado de alarma declarado. Por eso, ante la falta de instrumentos de cooperación y ante la falta de un replanteamiento de las competencias autonómicas en materia de Sanidad y de Educación, la salida más práctica por parte del Gobierno ha sido descentralizar las decisiones y encargar a cada Comunidad Autónoma la determinación de sus necesidades.

No es que esté en crisis en Estado autonómico, como proclaman independentistas catalanes, intelectuales y algunos Presidentes autonómicos pero aquí tenemos un fallo de ese Estado que, con serenidad, habrá que examinar, mejorar… y no a costa de transferir más competencias a las Comunidades Autónomas.